En el “Día de la Dignidad de las Persona Adultas Mayores”, promovido por el Gobierno central, un estudio sobre la Renta Dignidad revela el impacto favorable no sólo en las personas mayores sino también sobre los familiares con quienes viven, con un incremento del 16,4 por ciento sobre el ingreso familiar y una disminución del 13,5 por ciento en la proporción de hogares pobres en el país, como efecto causal de dicha renta.
Los datos son resultados de una investigación desarrollada por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), con el apoyo del UNFPA y HelpAge International, en el marco del Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores y que fue presentado en días pasados por Sebastián Martinez, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda los adultos mayores de 60 años en el país son 613.668, de los cuales el 60 por ciento son considerados jefes de hogar; mientras que el 68,1 por ciento de entre 60 y 64 años forma parte la población económicamente activa, porcentajes que se elevan en el área rural con un 78,35%.
Este lunes, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 264, 26 de agosto de 2009, declaró el “Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores” y promueve sus derechos, ampliando el régimen de descuentos y privilegios establecido por Ley.
Esa disposición legal señala que los Ministerios de Educación y de Salud y Deportes deberán incorporar en su planificación anual la implementación de programas específicos de apoyo, desarrollo y protección del adulto mayor. Mientras que el Ministerio de Justicia debe promover en las entidades públicas y privadas, así como en las organizaciones sociales y civiles del país, el reconocimiento a las Personas Adultas Mayores que se hayan distinguido en su región.
Además, se establece como beneficio que “las empresas estatales de transporte aéreo de pasajeros, deben ofrecer en las rutas nacionales una tarifa diferencial, con un descuento no menor al cuarenta por ciento (40%) de las tarifas regulares, para las personas de sesenta (60) o más años”.
ESTUDIO: Para desarrollar el estudio sobre la Renta Dignidad –explican en HelpAge International–, fue necesario realizar una Encuesta a Hogares con Personas Adultas Mayores y Cercanas a la Edad de 60 años (EPAM 2011), explicó Federico Escobar, uno de los autores de las publicaciones, quien además indicó que los hogares en los que viven personas mayores, representan el 25 por ciento del total y que en su mayoría están compuestos por niños y jóvenes, y que únicamente el 13,5 por ciento de las personas mayores viven solas, generalmente en áreas rurales.
Entre otros datos sobre el impacto de la Renta Dignidad, destaca que hubo un incremento del 8 por ciento en la inscripción escolar de niños entre 10 y 16 años. Es decir, en los hogares donde no hay una persona mayor el porcentaje de inscripción escolar es de 88,7 por ciento, en tanto en los hogares donde hay un adulto mayor que cobra la Renta dignidad, la inscripción asciende a 96,7 por ciento, explicó el experto.
Gracias a las Renta Dignidad, las personas mayores se sienten menos pobres de lo que realmente son, según Escobar, quien manifestó que además de la reducción significativa de la proporción de hogares pobres en el país, la pobreza subjetiva es aún menor. Por otro lado, indicó que el 60 por ciento de adultos mayores son considerados jefes de hogar y el 68,1 por ciento de entre 60 y 64 años forma parte la población económicamente activa, porcentajes que se elevan en el área rural con un 78,35 por ciento.
La Renta Universal de Vejez, ó Renta Dignidad, está destinada a toda las personas mayores de 60 años y registra una cobertura de 91% del total de la personas mayores en Bolivia y es una pensión no contributiva universal que se viene aplicando desde noviembre de 2007.
Javier Castro, Director de HelpAge International para América Latina manifestó el interés de su organización para replicar la metodología aplicada al estudio en otras latitudes de modo de expandir el beneficio y apoyar la aplicación de este esquema no contributivo en otros países de la región, como medida efectiva en la lucha contra la pobreza.
ANF
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