De la manera más natural y disimulada existen funerarias que trabajan en complicidad con agentes de Homicidios para persuadir a los dolientes a contratar sus servicios. Este trabajo incluye toda la documentación necesaria, inclusive el certificado de función, para proceder al entierro de los muertos.
Concepción Pinto tuvo la tragedia de vivir esta situación el 6 de diciembre pasado, cuando falleció su hijo Edwin Zeballos de 33 años de edad, quien luego de un desmayo muere inesperadamente al llegar a un hospital de Villa Dolores.
Tras el suceso, doña Concepción llamó a los oficiales de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y a personal de la enfermería del hospital, quienes de manera sutil le habrían obligado a contratar los servicios de una funeraria de El Alto.
Sin embargo, este procedimiento se habría dado sin la intervensión de médicos forenses, quienes deberían precisar las causas del deceso, lo que a simple vista le pareció extraño.
“Cuando llegó mi hijo a la clínica sólo le dieron los primeros auxilios, para hacerlo reaccionar, pero sin la ayuda de equipos y a los pocos minutos los funcionarios de la clínica llamaron a Homicidios que llegó directamente con la funeraria (..)”, indicó.
De acuerdo a la afectada este hecho se habría presentado a pesar de que los familiares solicitaron que el cadáver ingrese a la morgue, para un estudio forense, con el fin de determinar las causas de la muerte, “sin embargo el suboficial ha decidido que el cuerpo se quede y que la funeraria se lo lleve”.
La doliente no tuvo otra opción que aceptar el chantaje del funcionario policial de Homicidios, de contratar la mencionada funeraria, para poder liberar el cuerpo de su hijo que se mantenía en la clínica y que a la final nunca le dijeron de qué falleció.
“Parece que tenía catalepsia, porque se desmayaba y luego se recuperaba, pero esta vez directamente me han pedido que lo lleve a la funeraria, para que lo entierren y cuando solicite abrir el ataúd de mi hijo, verifique que él estaba con los ojos abiertos y había movido sus manos, por eso tengo la duda de que me lo enterraron vivo”, explica Pinto.
La funeraria entregó un certificado de defunción, en opinión de la familia, de manera irregular donde se determina que la muerte de su hijo fue por Cirrosis Hepática enfermedad que no fue constatada por un médico forense, sin embargo, el documento de defunción está firmado por el médico Freddy Yana Coarite (MAT-Y19) e incluye la firma del oficial de registro civil poco legible de apellido Ramos Apaza.
Por este trabajo la doliente pagó la suma de Bs 1.800, pero hasta la fecha no logró tener una respuesta médica para conocer de qué murió su hijo y sólo se quedó con el amargo pesar de que la “muerte es un negocio de tres instancias”.
EL DIARIO se apersonó a la funeraria denunciada, ubicada en la zona de Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto, para enterrar un cuerpo que supuestamente falleció por vejez. De manera inmediata, la propietaria confirmó todos los servicios de dicha entidad que incluyen certificados de defunción a un precio de Bs 200 y la formolización del cuerpo que asciende a Bs 100, para que no tenga olor el cadáver, el servicio también incluye el velatorio a Bs 300 y hasta un bus de dolientes a Bs 100.
Según se supo, la solicitud del servicio fue efectuada por intermedio del funcionario de Homicidios Egberto Tudela V, quien recomendó que la persona doliente contrate a la funeraria por el precio total de Bs 1.600, monto que llega a cancelar ataud laqueado barnizado, forrado, capilla ardiente, carroza fúnebre, trámite de nicho en el Cementerio General para tres años, trámite de certificado de defunción en Registro Civil, vigilia en el Cementerio General, sábana y santa cirios.
Finalmente el caso fue denunciado al director de la Felcc, coronel Ramiro Magne, a quien se le dio a conocer que funcionarios de Homicidios estarían trabajando con funerarias irregulares, con quienes llegan a contactarse para entregar los cuerpos, sin la intervención de un médico forense. El director de la entidad se comprometió a efectuar un proceso de investigación, no sin antes conocer el caso denunciado.
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