Renuncia del fiscal Soza provoca fricciones en altas esferas del Gobierno

La renuncia del fiscal Marcelo Soza Álvarez a su cargo se produjo dos semanas después de que la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN-PPB) presentara un audio que supuestamente lo involucraba en encubrimiento de extorsión. Esos 14 días, entre la denuncia y la renuncia, fueron cruciales para que el exfiscal tomara la decisión final, no sin algunos empujoncitos del más alto nivel del poder político.

Así lo confirmó el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, que deslizó que el gabinete consideró la denuncia de la senadora apenas la misma salió a la luz pública y él fue designado portavoz para hacer conocer la postura del Ejecutivo.

“Cuando nos hemos pronunciado lo hicimos previo a una evaluación al más alto nivel. Cuando apareció el audio y me tocó hacer una conferencia a nombre del Gobierno expresando la posición también del presidente (Evo Morales)”, dijo Romero a un programa de televisión.

Pero fuentes del Gobierno explicaron que no solo hubo un ‘análisis’, sino que las posiciones enfrentadas se manifestaron abiertamente a favor y en contra del exfiscal. Según estas versiones, dos de los ministros que conforman el gabinete político se pronunciaron por el relevo de Soza para evitar que el juicio que se realiza en Santa Cruz sea ‘contaminado’ por posiciones políticas. En frente de ellos estaba un grupo más numeroso e influyente. Una vez que ese grupo se impuso, las fuentes señalaron que se aplicó el principio del “centralismo democrático”, término explicado ampliamente por el vicepresidente Álvaro García Linera en una conferencia de prensa y que implica que tras la discusión interna y la decisión de la mayoría, todos –incluso los que no están de acuerdo- respaldan las acciones y descalifican las acusaciones ‘como soldados’.

Fuentes del Gobierno explicaron que hay al menos cuatro grupos dentro el Ejecutivo que pelean sus espacios de poder y que tienen nexos con autoridades judiciales y del Ministerio Público. Estos grupos son: el del vicepresidente Álvaro García Linera, que es el más influyente; el otro grupo es el del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que tiene sus propios aliados internos; el del ministro Carlos Romero y cierra la lista el grupo del canciller David Choquehuanca.

Las fuentes hicieron notar que, desde el cambio de ministro en la cartera de Gobierno, el trabajo de los asesores y de los fiscales fue observado después de que se realizó una ‘revisión’ de todos los casos en los que el Ministerio de Gobierno era parte querellante. Fue a raíz de esa ‘auditoría’ que se empezó a renovar el equipo de asesores primero y, segundo, las denuncias de extorsión que involucraban a fiscales y funcionarios estatales.

Según el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico, la actual administración de ese ministerio tuvo el cuidado de revisar los casos y tomar interés en ellos más que las anteriores autoridades y descubrió que había demasiadas irregularidades.

Pero dijo que en el caso del exfiscal Marcelo Soza no existe ninguna posibilidad de que el caso sea anulado por los acusados, ya que existió el hecho y las pruebas fueron recolectadas. Además señala que existe una investigación parlamentaria que también entregó su informe.



Soza hizo allanamientos en Santa Cruz y se resguardó del sol con una gorra de la Policía de Nueva York. Fue en 2009, cuando parecía que lo podía todo. En el último mes, le retiraron la escolta policial


Para el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez, el caso puede ser manejado políticamente, pero existe un hecho judicial que tendrá que ser encausado por el nuevo equipo de fiscales que fue designado. Cree que la renuncia del exfiscal Soza no puede afectar al proceso.

Según sus palabras, en el tiempo que le tocó desempeñar el cargo de ministro de Gobierno (septiembre de 2011 a enero de 2012), no pudo existir un manejo político del caso porque el mismo se encontraba en la fase conclusiva y era un tema eminentemente técnico. Por ello él recibía informes trimestrales de la causa y nunca tuvo una reunión con el fiscal Marcelo Soza.
Sin embargo, al margen del trabajo ‘técnico’ de la Fiscalía, es evidente que hubo un ‘control’ permanente del caso a través del Ministerio de Gobierno, porque esta cartera es parte querellante en el caso y por tanto tenía ‘reportes’ de todos los actuados.

Las fuentes revelaron que era el exasesor Denis Rodas el encargado de recoger todos los documentos que se generaban en la Fiscalía y elaborar el informe que se entregaría a la máxima autoridad de esa cartera de Estado.

También indicaron que, en las dos últimas semanas, la Policía ordenó quitar la seguridad personal que tenía Soza e incluso le retiraron el resguardo que había en su domicilio. En la entrevista televisiva, Romero dijo que, si el exfiscal se sentía amenazado, podía haber recurrido a las autoridades solicitando resguardo personal y se le habría asignado.
Sin el respaldo del Gobierno y con algunos de los ministros que desconfiaban de su trabajo, Soza decidió renunciar y lo hizo ante la Fiscalía General, en “una extensa” carta que fue declarada “en reserva” por la máxima autoridad, quien se negó a entregar una copia a los medios de comunicación.

Para el exministro Gustavo Torrico, el caso de la renuncia es una ‘vendetta política’ aprovechada por los opositores que ven en el alejamiento de Soza la oportunidad de descalificar la investigación de supuesto terrorismo, aunque con escasos argumentos.
Dijo que las fotografías que mostró la senadora opositora Carmen Eva Gonzales y el audio entregado a la Fiscalía no constituyen prueba legal y, por tanto, recordó que Soza no está acusado de nada y que lo único que hay es una denuncia que no puede ir más allá.

Las caras del caso

Posibles testigos clave
Mario Tádic demanda que testifiquen Norberto Clavijo y Carlos Núñez del Prado, quienes eran funcionarios del Ministerio de Gobierno; Wálter Andrade y Marilyn Vargas, ambos policías.

Los involucró ‘El Viejo’
Según Ignacio Villa Vargas, Clavijo, Andrade y Marilyn Vargas fueron los que pusieron la bomba en la vivienda del cardenal. Dice que lo sabe porque él manejaba.

El otro caso terrorismo
En 2011, la fiscal Mery Gutiérrez presentó la ampliación de la acusación por el caso terrorismo II y que involucra a 26 personas, los supuestos financiadores.

El caso ‘videosoborno’
Un video en el que se ve a Ignacio Villa Vargas recibir $us 31.500 presuntamente de manos de Carlos Núñez del Prado derivó en otra investigación. Solo Villa fue imputado por soborno.

Hubo excesos
El relator especial de Naciones Unidas contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias supuestamente se habría pronunciado sobre la matanza en el hotel Las Américas. Cree que hubo excesos.

Soza es buscado
Soza debe comparecer el 1 de abril a las 8:30 ante el fiscal paceño Genaro Quenta.

El caso fuera del país

Los familiares de Dwyer y Árpád buscan justicia en foros europeos

Hubo examen forense al cuerpo de Dwyer
Una patóloga legal de Irlanda revisó el cuerpo de Michael Dwyer, uno de los caídos en el hotel Las Américas, y concluyó que fue asesinado de un solo tiro en el pecho mientras estaba sentado. Luego fue rematado por la espalda

La familia involucró al Gobierno
Los familiares de Dwyer se reunieron con el representante de Política Exterior de Irlanda y miembros de la Unión Europea para pedirle que presione a Bolivia para la investigación internacional del caso.

Magyarosi Árpád pudo estar esposado
Según un análisis del cuerpo de Árpád realizado por policías y expertos forenses en Hungría, se pudo establecer que el rumano-húngaro estaba esposado y con las manos arriba cuando fue tiroteado.


Análisis

Pese a todo lo sucedido, aún hay un juicio por concluir
Williams Bascopé / Abogado Penalista

El caso es complejo en tribunales porque algo que era netamente investigativo y penal ha tomado dimensiones y características políticas por la importancia del proceso. Resultó muy extraña la renuncia del fiscal Marcelo Soza, quien lamentablemente está incurriendo en un acto de incumplimiento de deberes y seguramente, como ya lo anunciaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado, será procesado disciplinariamente de manera interna. Eso derivará en un proceso penal. La Ley del Ministerio Público está vigente y le da un plazo para que presente los informes.

Para ciertos actos procesales como estos juicios, los fiscales no pueden hacer abandono de sus funciones y recordemos que no se aceptó la renuncia y eso tendrá connotaciones de carácter jurídico más allá de lo político.
Personalmente creo que seguirá la comisión de fiscales que se designó, ellos van a enrumbar el proceso, porque existen indicios, pruebas, hubo el operativo, hay evidencia y será apoyada por los testigos. Entonces, las investigaciones tienen que seguir y van a seguir, aunque con el fuerte ingrediente político como lo fue hasta ahora

Hay denuncias de que el caso terrorismo derivó en otra red de extorsión por $us 4 millones
Luego de conocerse la renuncia del fiscal Marcelo Soza empezaron a circular denuncias de extorsión en este caso, tal como sucedió con el caso del estadounidense Jacob Ostreicher y que involucró a abogados y fiscales.

Las denuncias apuntan a una red que habría recibido dinero de los empresarios que estaban involucrados en primera instancia y que luego fueron exonerados del caso sin ninguna explicación. Según las denuncias, se pagó entre $us 50.000 y 450.000 para salir librados. En el documento anónimo difundido, hay una relación detallada de quién y cuánto pagó. El abogado Otto Ritter asegura que solo escuchó a uno de los sobreseídos del caso asegurar que pagó $us 300.000 y que lo admitió vía telefónica ante una comisión internacional que vino a presenciar la audiencia conclusiva. Se trata de Carlos Guillén, que no figura en el documento.

Estos ‘contactos’ se habrían realizado desde La Paz, por un exfuncionario del Ministerio de Gobierno, en coordinación con un bufete de abogados de la ciudad de Santa Cruz y que supuestamente tenía vínculos con el fiscal que investigaba la causa. En el audio que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales, supuestamente Soza se refiere a esta denuncia.

Según la denuncia, que circuló en la red Internet en formato PDF, empresarios, un senador en funciones, líderes cívicos y de gremios productivos cruceños pagaron en distintos momentos de la investigación o cuando eran convocados a declarar.
Hasta el momento ninguno de los acusados que están en juicio declaró que pagó o que recibió pedidos de pago a cambio de su libertad. Lo que piden los acusados es la presencia de Soza para demostrar su inocencia porque consideran que fueron involucrados injustamente en un caso que consideran un montaje del Gobierno para descabezar a la oposición en el oriente del país.

Según este documento anónimo, la ‘recaudación’ del caso terrorismo supera los $us 4.000.000, que salieron de la fortuna personal de los investigados e incluso de varias instituciones locales.