Cinco parlamentarios son sometidos a proceso ante la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por haber vertido términos calumniosos y discriminatorios contra el primer aviador boliviano, Juan Mendoza y Nernuldes, porque supuestamente “era de una familia de magnates mineros de la derecha” y que, por eso, el aeropuerto de Oruro no tenía derecho a llevar su nombre.
Los diputados de Oruro, Marcelo Elío Chávez, Freddy Huayta, Miriam Blanco y María Chuca, además de Galo Bonifaz que, sin ser parlamentario de este departamento, hizo comentarios similares en los canales de televisión, con el objetivo de “defenestrar la movilización del Comité Cívico de Oruro y de la Central Obrera Departamental”.
“Estamos presentando una demanda ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados a los colegas, Marcelo Elio, Freddy Huayta, Miriam Blanco, María Chuca y a Galo Bonifaz, por utilizar videos, fotografías, términos que son discriminatorios y que denigran al diputado, en razón de la expresión ideológica, filiación política y la misma postura filosófica que hemos sostenido durante los últimos días de conflicto”, explicó el diputado de Convergencia Nacional, Franz Choque Ulloa.
Dijo que no sólo se han referido en esos términos al parlamentario, sino que utilizaron los medios de comunicación del Estado, para denigrar al pueblo de Oruro, atribuyendo a los dirigentes de la movilización de “estar vendidos a la derecha, de estar financiados por Unidad Nacional” y de “estar respaldados por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien ha venido a Oruro, con motivo del carnaval, para coordinar las movilizaciones”.
Según un documento divulgado por la Asamblea Legislativa Departamental, incluso se atribuye a Juan Mendoza y Nernuldes de tener “tendencia nazista” y que los historiadores de Oruro, incluso “escribieron la historia a su manera, legitimando a personajes funestos, por el solo hecho de tener el poder”.
Por su parte, el asambleísta departamental, Eduardo Campos Velasco, pidió al gobernador Santos Tito Veliz, un informe de la cantidad de dinero utilizado durante el mes de marzo para denigrar la movilización del pueblo de Oruro, “emitiendo propaganda política, en vez de información de la Gobernación”.
Dijo que también “se está pidiendo, quién o quiénes han preparado los spots de televisión que han sido difundidos en Canal 7 Televisión Boliviana, donde se vierten calumnias contra los dirigentes cívicos y laborales, que han liderado la movilización de respeto a la memoria de Juan Mendoza y Nernuldes y han exigido respeto a la dignidad del pueblo de Oruro”.
Según el documento emitido por el asambleísta del MAS, Rubén Tapia Canchari, supuestamente “Juan Mendoza formaba parte de un grupo de amistad que cometían un sinfín de atrocidades, incluso con las mujeres” y explica que “Juan Mendoza no quería a Oruro, sino que habían otros intereses de saqueo de los recursos mineros”.
El asambleísta Eduardo Campos, de Unidad Nacional, dijo que esas “elucubraciones racistas y discriminatorias tienen que ser procesadas y, de la misma forma, se está pidiendo a la Asamblea Legislativa Departamental, un informe al respecto y su procesamiento de los autores”.
Así también señaló que, durante el conflicto de más de 40 días, “nadie ha protestado ni renegado contra los campesinos, sino que eso ha sido un invento de algunos asambleístas y parlamentarios que han tratado de provocar una confrontación entre gente del campo y de la ciudad de Oruro”.
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