La tropa rebelde desconoció a los dirigentes que encabezaron las tratativas con el Ejecutivo, cuestionando el papel del suboficial Édgar Ramos. Más de 12 horas le tomó al grupo de amotinados articular una nueva comisión de negociación con 21 demandas.
A las 17:00 de ayer, cuatro delegados de todas las unidades de La Paz, entre suboficiales y sargentos, fueron presentados como nuevos dirigentes del motín verde olivo para encabezar la nueva negociación propuesta al Gobierno y al Alto Mando policial. A la comisión se sumó la dirigente de la Asociación de Esposas de los Policías, Guadalupe Cárdenas, pese a que participó del proceso de diálogo cuestionado.
Los nuevos dirigentes son anónimos, la mayoría no se identificó ni mostró sus grados. Sin embargo, el sargento Javier Quispe fue el único que dio la cara, como secretario de hacienda de los manifestantes.
A los pedidos de nivelación salarial, abrogación del Régimen Disciplinario policial, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría del policía y la destitución del comandante general Víctor Maldonado, ahora se han sumado demandas como la retoma de los servicios de Identificación y de emisión de licencias de conducir a manos de la Policía, así como recuperar la dirección de los procesos investigativos que hoy la ejerce el Ministerio Público.
El Gobierno, a través de los ministros Carlos Romero y Amanda Dávila, se han desmarcado de esta postura de los policías amotinados y han dicho que ya existe un acuerdo con los dirigentes legítimos de la protesta. Lo demás, según Romero, responde a elementos que “están trabajando con un movimiento político, conspirativo y desestabilizador que busca alterar el orden constitucional”. Discurso respaldado por el dirigente desconocido, Édgar Ramos.
La comisión pide diálogo directo con el presidente Evo Morales en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Para fortalecer sus planteamientos, se anuncia para hoy el arribo a La Paz de delegados policiales del resto del país, para generar un ente negociador colectivo. El Gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva propuesta, mientras que el comandante Maldonado, el dijo desconocer el nuevo pliego petitorio.
“Las reuniones del pliego serán consideradas con el presidente y los camaradas de los nueve departamentos. Queremos hablar y dejar esta intranquilidad que también nos tiene en zozobra”, afirmó uno de los nuevos delegados.
Los policías que permanecen en las inmediaciones de la UTOP, a media cuadra de la plaza Murillo, afirmaron que Ramos no consultó a las bases los términos del documento y que el mismo no satisface sus pedidos.
Los efectivos explicaron que su demanda es la nivelación de su salario, igual al de un sargento inicial de las FFAA que gana Bs 2.400 y no el incremento del Bono de Seguridad Ciudadana, porque ese incentivo sale, según los amotinados, de los ingresos de la Policía y no de recursos gubernamentales, extremo que el Ejecutivo niega.
Ayer en la mañana, alrededor de 500 hombres encapuchados, todos vestidos de civil, le dieron la vuelta a la plaza Murillo dos veces pidiendo la nivelación. “Evo, te quedan dos caminos, irte a Venezuela o darnos solución”, era uno de los estribillos.
Rabiosos, en más de una ocasión, atacaron a oficiales que no se habían sumado a la protesta. La acusación de afán golpista, difundida ampliamente por los medios estatales, les cayó muy mal.
“Se nos acusa de estar con políticos golpistas, que vayan los ministros a nuestras casas a ver cómo vivimos con los suelditos que nos pagan”, dijo uno de los amotinados. Sin embargo, estas acusaciones colmaron la programación de los medios estatales.
Para hoy se aguarda el arribo de los delegados policiales del país y aún el Ejecutivo hace esperar su decisión de volver a la mesa para negociar, mientras desde del Comando General de la Policía se insiste en que todo vuelve a la normalidad y que son unos cuantos los que se movilizan, instigados por gente ajena a la institución.
La oferta gubernamental y la plataforma de demandas
El acuerdo que las bases rechazaron
- Garantía. El Gobierno no promoverá procesos.
- Sueldo. El aumento es de Bs 220 en el bono de Seguridad Ciudadana.
- Normativa. En siete días se debe presentar una propuesta para modificar el Régimen Disciplinario.
- Beneficio. Se crea un fondo de compensación que remplaza a Covipol.
Los nuevos pedidos
- Sueldo. Haber básico igual al de las FFAA.
- Normas y procesos. Abrogar la ley 101, no seguir acciones y no cambios de destinos.
- Beneficio. Jubilación igual a la de las FFAA.
- Infraestructura. Construcción de viviendas, de hospitales, de mejores comisarías, de talleres mecánicos, de un laboratorio de criminalística y de ambientes en frontera.
- Logística. Dotación de armas, uniformes, víveres y otorgación de un seguro de vida.
- Institucional. Retorno a manos de la Policía de los servicios de Identificación Personal y Licencias de Conducir. Regresar al antiguo sistema de investigación, donde los fiscales no eran los directores de las investigaciones.
- Instrucción. Capacitación permanente de los efectivos en ramas técnicas policiales.
- Jerarquía. Que se realicen elecciones dentro de la guarnición entre los cinco primeros del curso para ascenso a generales.
- Mando. Destitución del comandante general de la Policía boliviana.
- Garantía. El acuerdo solo se firmará con la presencia de defensores de los derechos humanos.
Insisten con la idea de ‘golpe’ y convocan a los afines al MAS
Agencias / C. Peña y Lillo
Desde las primeras horas de ayer, cuando el Gobierno ya sabía que las bases amotinadas de la Policía habían rechazado el acuerdo firmado por su dirigencia y los desconocieron como interlocutores válidos, diferentes ministros salieron a señalar que la revuelta tiene como finalidad un golpe de Estado. El mismo presidente Evo Morales, en un acto en la población minera de Coro Coro, aseveró que gente infiltrada de la derecha usa a los policías para tratar de matar al ministro Carlos Romero, enfrentar a las Fuerzas Armadas y ejecutar un acto de desestabilización contra su gestión.
“La derecha está buscando muertos y, compañeros, no vamos a prestarnos a la derecha para que haya muertos. Entonces, para eso, hermanas y hermanos, vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias”, dijo Morales y repitió la información que los ministros Romero (de Gobierno) y Amanda Dávila (de Comunicación) hicieron pública a través de los medios estatales, sobre el supuesto plan ‘Motín Tipnis’.
Esta presunta confabulación de los amotinados habría sido descubierta por agentes del Estado, según refirió Romero sustentado en informes de Inteligencia, y dijo que el plan establecía que el sábado se debía atacar con bombas molotov Palacio Quemado y matar a los ‘plomos’ (militares).
Además se debía ‘borrar’ la presencia de Romero en el proceso negociador y unir fuerzas con los marchistas del Tipnis, los miembros de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes de los maestros e incluso convencer a un grupo de ponchos rojos para sumarse al derrocamiento de Morales.
Además de estos actores sociales, el Gobierno insiste en que políticos de Unidad Nacional y del Movimiento Sin Miedo están detrás de esta presunta estrategia de ataque a la democracia, por lo que a través de los medios estatales pidió que los grupos afines a su gestión se preparen para defender el proceso de cambio y no permitir estas acciones.
Representantes de los diferentes organismos acusados de ‘golpistas’ salieron a negar estos extremos y calificaron de mentiras estas versiones. Los amotinados, vistos por el Gobierno como ‘marionetas’, negaron estos informes e insisten en su respeto a la democracia.
No veo casualidad en los hechos
Helena Argirakis | Politóloga
No existe casualidad en el mundo político, sino causalidades. Hay acción y reacción. No sé si el encuentro de demandas de los indígenas del Tipnis y de los policías en la misma semana ha sido programado o coordinado, pero el hecho de que los dos eventos se estén aproximando en el tiempo se convierten en espirales que no tienen fin. Veo que existe una mala intención.
Muchos sectores de derecha consideran que con estas movilizaciones puede haber un factor de desgaste y pueden estar recurriendo a factores de poder clásico, como son los policías. Yo no descartaría algún intento de división al interior de la Policía que tenga otras intenciones que no sean las salariales.
No creo que sea casual el hecho de que se estén dando acontecimientos de esta naturaleza en la región y el hemisferio. No veo casual que hayan depuesto al presidente Lugo en Paraguay. Creo que hay algún tipo de vinculación de sectores que no están convencidos de que el Gobierno tiene un colchón de apoyo social. Si bien son justos los pedidos de los policías, no hay correlación entre el hecho y la demanda.
Desde dentro del conflicto
- San Juan. Fogatas reducidas a cenizas en las afuera de las oficinas de la UTOP, algunos amotinados con tufo de alcohol. Así amaneció el foco de la protesta policial en La Paz, a una cuadra de la plaza Murillo, luego de la noche más fría del año, también día del aniversario 186 de la Policía Nacional.
- Armado. Uno de los manifestantes encapuchados, camuflado entre el tumulto de policías que marcharon frente a Palacio de Gobierno, fue visto portando un arma de reglamento durante un recorrido alrededor de la Murillo. El hombre fue aislado de la protesta.
- Riesgo. Los medios estatales cuestionan el motín policial desde su inicio. En este contexto, los reporteros de Bolivia Tv, Radio Patria Nueva y de ABI se han visto expuestos a amenazas y agresiones de parte de los movilizados.
- Convocatoria. A través de los medios estatales, un par de comentaristas invitaron a los movimientos sociales a ‘defender el proceso de cambio’ a través de una manifestación programada para hoy.
Acusarlos de conspiración es un error
Carlos Cordero / Politólogo
Hoy la sociedad está polarizada entre quienes aprueban la gestión gubernamental y los que la rechazan. La apelación a estas teorías de la conspiración es simplemente una falta de imaginación. He escuchado a analistas afines al Gobierno que hablan de la existencia de una conspiración, de involucramiento de la derecha y seguro van a decir que están metidos los organismos de cooperación internacional, pero eso es falta de imaginación.
La pobreza y el abandono en el que se encuentra la Policía no es una decisión ni una política de la embajada. Ese abandono es producto de decisiones equivocadas del que hace el presupuesto y determina los salarios, la adquisición de materiales, la infraestructura, es decir el Gobierno, que no ha prevenido y no ha estado atento al desarrollo de este conflicto. Las consecuencias son del Gobierno y no de otro sector. El problema fue creciendo en sus entrañas.
Se están juntando dos grandes conflictos, como son la marcha del Tipnis y la crisis policial, no es por decisión de los medios o de conspiración política, sino porque el Gobierno ha sido ineficiente para poder conducir sus demandas. Acusarlos de formar parte de una conspiración de Estado es equivocado. Entrar en una espiral de acusaciones no es precisamente buscar soluciones al conflicto.
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