El magistrado suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Milton Mendoza denunció ayer que en un mes de trabajo esa institución no ha resuelto ni un solo caso y que además devolvió más de 300 causas.
“Hicimos seguimiento a las acciones del TCP y una de ellas es que hasta la fecha no se han resuelto causas. Un mes que no hay absolutamente nada. Creo que están comenzando, pero eso debía hacerse hace tiempo”, señaló el magistrado Mendoza.
Además aclaró que “la semana pasada el TCP decidió devolver más de 300 causas que estaban pendientes hace bastante tiempo”. Complementó que “eso compromete a la imagen de un Tribunal que está naciendo y en segundo lugar perjudica al conjunto de litigantes que en busca de justicia constitucional han acudido a esa institución”.
Se han devuelto expedientes, según el magistrado suplente, entre los que hay demandas de inconstitucionalidad de leyes y recursos directos de nulidad sólo por el cambio de nombre. “Es decir, ahora es Tribunal Constitucional Plurinacional y los devolvieron pidiendo a los litigantes que los vuelvan a ingresar de esa manera. Es, definitivamente, un despropósito”.
El TCP está conformado por 14 magistrados, siete son titulares que conforman la Sala Plena y otros siete, suplentes.
Cinco magistrados titulares han conformado la denominada Sala Liquidadora, que trata precisamente los casos antiguos o pendientes.
“Eso sencillamente es negación de justicia constitucional, porque estas causas no fueron presentadas ayer. Son de hace dos meses, tres meses, un año o más. Son las que estaban pendientes para que sean resueltas por las nuevas autoridades”, aclaró.
Como miembro del TCP, pero que al ser suplente no tiene ni voz ni voto, afirmó que ésta es “una pésima imagen para un tribunal que inicia su actividad pública con sus nuevos magistrados. Es preocupante, hago esa crítica para que se reencauce ese proceso y forjemos una institución con credibilidad”.
Mendoza fue fiscal de recursos hasta antes de la elección judicial. Investigó casos como el de Octubre de 2003, que causó más de 60 muertos y alejó de la presidencia y del país a Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora, además de su cargo en el TCP, y porque “ la ley no lo prohíbe, hacemos actividades privadas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, mediante una fundación”.
Punto de vista
Carlos alarcónAbogado constitucionalista El principal deber que tiene un Tribunal Constitucional es garantizar el acceso a la justicia en todos sus ámbitos, y especialmente a la justicia constitucional.Es inaceptable en un Estado de Derecho que, en lugar de dictar fallos, el Tribunal esté más preocupado de devolver procesos. Esa es una denegación del acceso a la justicia.
Ese acceso es un derecho humano básico, fundamental, establecido en todos los tratados de derechos humanos vigentes para Bolivia, y la idea de una nueva justicia en el país es, precisamente, que deje de lado los ritualismos y formalismos para que los jueces en su trabajo se concentren en los temas valorativos, sustantivos, para resolver en el fondo las causas y administrar recta justicia.
Basarse en un formalismo como un nombre o una denominación, para denegar el acceso a la justicia, significa que el Tribunal Constitucional está contribuyendo a violar este derecho humano, en lugar de contribuir a preservarlo y a garantizarlo. Es un pésimo precedente y lo que corresponde es un cambio de rumbo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario