El Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (PRUN-PCD) del Gobierno identificó en el país a 40.000 personas con algún grado de discapacidad. De esta cantidad, 13.000 (32,5%) tiene una condición grave y muy grave y es el grupo que recibirá la renta solidaria de 1.000 bolivianos, dispuesta para este año.
La información fue confirmada por el viceministro de Salud, Martín Maturano, durante la presentación de este registro preliminar, realizada ayer, cuando la “Caravana de la Integración” ingresó a la sede de Gobierno, desde El Alto.
De los 40.000 identificados, 25.000 fueron carnetizados por los diferentes Consejos Departamentales de Personas con Discapacidad (Codepedis), a través de los registros del Sistema de Identificación del PRUN-PCD.
En relación con el estudio, la jefa de la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud, Graciela Minaya, explicó que la identificación se realizó en un 80% de los municipios del país y que este año se proyecta avanzar en la conclusión del diagnóstico.
“El registro llegó a un 70% de lo que avanzó el proyecto Moto Méndez”, indicó Minaya, al precisar que la identificación consideró a personas de cero a 59 años de edad.
En tanto que el proyecto incluyó también a adultos mayores. La misión solidaria Moto Méndez -conformada por médicos bolivianos y cubanos- refirió que en el país hay 84.000 personas con algún grado de discapacidad. Este diagnóstico fue el referente para la realización de este último registro nacional presentado el jueves.
A base de estos resultados, el Gobierno comenzó a pagar el miércoles la renta solidaria de 1.000 bolivianos a las personas con discapacidad calificadas como graves y muy graves, que estén registradas hasta el 31 de enero de este año.
El estudio
El diagnóstico fue realizado en los últimos seis años, a través de un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
La primera fase fue piloto y se efectuó en La Paz y Tarija; la segunda se realizó en todo el país y culminará este 2 de marzo. Esta última indica que en Bolivia hay 40.000 discapacitados.
Para realizar la identificación de estas personas se trabajó con un equipo compuesto de un médico, un psicólogo y una trabajadora social. Éstos se encargaban de analizar y determinar el grado de afección de la persona.
El coordinador de JICA en La Paz, Álvaro Gutiérrez, dijo que para difinir el grado de discapacidad se uso la metodología Baremo, aprobada por el Ministerio de Salud para la valoración de la minusvalía según el modelo propuesto por la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía de la Organización Mundial de la Salud. Se determinaron cuatro grados: leve (1% a 24%), moderada (25% a 49%), grave (50% a 74%), y muy grave (75% a 100%).
Datos del registro y las demandas
Recursos Para el registro y elaboración del proyecto, JICA invirtió seis millones de bolivianos, a través de un acuerdo de cooperación técnica con el Gobierno boliviano. El objetivo es que se continúe con la carnetización de discapacitados.
Pago La renta solidaria dispuesta por el Gobierno (1.000 bolivianos) beneficia a dos grupos (graves y muy graves). Esto es observado por la dirigencia de los discapacitados en el país, pues considera que el beneficio debería ser para todos los minusválidos.
Inclusión Algunos sectores de los discapacitados reclaman también un trato igualitario en relación con los no videntes, quienes perciben un bono de 4.800 bolivianos.
Solicitud El defensor del Pueblo pidió que en la ley se incluya a todos los sectores de discapacitados.
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