El presidente en ejercicio Álvaro García Linera promulgó este viernes la Ley de Transición Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que permitirá a las nuevas autoridades a partir del 3 de enero iniciar su trabajo con reglas nuevas para el naciente Órgano Judicial.
La norma dispone que a partir de enero de 2012, se supriman y se eliminarán todo pago por concepto de timbres, en todo tipo y clase de proceso; y a partir del 3 de enero de 2013, se suprimirán y se eliminarán pagos por formularios de notificación y papeletas de apelación.
"La Ley de transición judicial que va permitir normar el trabajo de las nuevas autoridades electas de Órgano Judicial, una vez que fue remitida por el legislativo yo lo estoy firmando para que entre funcionamiento a partir de hoy, lo que permitirá que las nuevas autoridades electas a partir de su posesión el próximo 3 de enero, tengan las facultades para ejercer su cargo", manifestó Linera en conferencia de prensa en palacio Quemado.
la Ley señala que la Presidenta o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo máximo de siete días a partir de su posesión, dispondrá la conformación de Salas Liquidadoras con las Magistradas y Magistrados suplentes, quienes resolverán todas las causas pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2011, en el plazo de treinta y seis meses, pudiendo la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de manera excepcional, ampliar este plazo hasta un máximo de doce meses adicionales. Mientras las causas ingresadas a partir del 3 de enero de 2012, serán conocidas y resueltas por las autoridades electas titulares.
El Tribunal Supremo de Justicia contratará los servicios de una firma de auditoría externa para la realización de auditorías especiales y de cierre institucional. En caso de establecerse responsabilidades, las máximas autoridades deberán iniciar los procesos correspondientes.
Los procesos disciplinarios que se encuentran en estado de apelación en el Consejo de la Judicatura, serán resueltos hasta su conclusión por la instancia de liquidación a ser instaurada por el Pleno del Consejo de la Magistratura, en un plazo máximo de doce meses.
La Escuela de Jueces del Estado tendrá su sede en la ciudad de Sucre, funcionará sobre la base de los bienes muebles, inmuebles, activos, pasivos, presupuesto y documentación que correspondían al Instituto de la Judicatura.
El Tribunal Constitucional Plurinacional constituirá una Sala Liquidadora Transitoria conformada por cinco Magistrados Suplentes, quienes serán responsables de la liquidación de hasta la última acción tutelar ingresada al 31 de diciembre de 2011, cuyo plazo no deberá exceder de veinticuatro meses.
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