Los 23 magistrados suplentes serán habilitados como titulares

Los 23 magistrados suplentes elegidos el pasado 16 de octubre, nueve del Tribunal Supremo de Justicia, siete del Tribunal Constitucional Plurinacional y siete del Tribunal Agroambiental serán habilitados como titulares durante dos años, para liquidar todas las causas pendientes existentes y que ingresen hasta el 31 de diciembre próximo en esos tribunales.

Estos magistrados suplentes, así como 23 los titulares que serían posesionados el 3 de enero del próximo año, percibirán una remuneración económica, según el proyecto de Ley de Transición del Poder Judicial elaborado por la Comisión Interorgánica, compuesta por autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Actualmente los suplentes se habilitan ante la renuncia o algún impedimento del titular. Según las nuevas leyes, del Tribunal Constitucional y Orgánica Judicial, los suplentes se habilitan “cuando no se pueda constituir quórum en la Sala Plena o en las Salas por ausencia temporal o definitiva, recusación o excusa del titular”. Los suplentes “ejercerán sus funciones con las mismas competencias del titular” y “percibirán una remuneración equivalente a los días de haber de un titular, según corresponda”.

El proyecto de ley, que será presentado al Legislativo para su respectiva aprobación, además establece la transición operativa y administrativa de las actuales entidades del Poder Judicial a lo que serán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura.

Según la propuesta, los magistrados titulares resolverán únicamente los casos que ingresen a partir del primer día hábil de la próxima gestión (2012), mientras los suplentes se harán cargo de los casos pendientes, lo que significará ampliar no sólo el presupuesto para el pago a los suplentes, sino también para el personal que ingresará y apoyará a los tribunales liquidadores.

Esta decisión de habilitar a todos los suplentes, según la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, no está contemplada dentro de la normativa, pero puede ser la alternativa para la resolución de las miles de causas pendientes en los tres tribunales judiciales.

El exmandatario y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé, considera que todas las causas, tanto las rezagadas como las actuales, deben ser tratadas de forma equitativa ya sea por los magistrados titulares o los suplentes.

Agregó que en esta transición se debe contemplar la cualificación de los recursos humanos y sobre todo el aspecto económico que implicará el cambio.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Guerrero, quien participó en la elaboración del proyecto de ley de transición, explicó que los magistrados suplentes serán quienes liquiden las causas que queden al 31 de diciembre de este año, en un plazo de 24 meses para el Tribunal Supremo de Justicia, 12 meses para el Tribunal Constitucional Plurinacional y 18 meses para el Tribunal Agroambiental.

Según Guerrero, de acuerdo al proyecto de ley, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá facilitar y otorgar los recursos económicos necesarios para esta transición así como para la implementación de la nueva institución e incrementar el número de personal, porque se tienen que crear los juzgados de conciliación, los disciplinarios, entre algunos temas.

Nueva carrera judicial

Sobre el anuncio de las autoridades de iniciar una nueva carrera judicial en el país, la presidenta del Colegio de Abogados de Bolivia, Silvia Salame, dijo que sería “nefasto” y anticonstitucional, porque eso implicaría declarar vacante cientos de cargos de jueces que pasaron por un proceso de institucionalización.


Dijo que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la carrera judicial y que el Instituto de la Judicatura fue una de las conquistas más grandes que ha tenido el Poder Judicial, “sería retroceder al tiempo del prebendalismo”.


Al respecto el ministro de la Corte Suprema, Ramiro Guerrero, sostuvo que el proyecto de Ley de transición prevé el funcionamiento de la nueva carrera judicial “para otorgar la estabilidad y garantía en el Órgano Judicial”, además de la “implementación de un proceso de evaluación de desempeño a fin de iniciar la nueva carrera judicial”.