28 febrero 2011

El 3% de los bolivianos son servidores públicos

De acuerdo con un estudio laboral realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2007 se determinó que el 3% de los trabajadores a nivel nacional prestan servicios al aparato público en los distintos niveles; es decir, tres de cada 100 bolivianos son servidores públicos.

Esta cantidad se ha incrementado, incluso se ha duplicado en relación al 2004, cuando un similar estudio estableció que la fluctuación estaba por encima del tres por ciento, planteando el hecho de que tres de cada 100 ciudadanos a nivel nacional realizaban labores para el sector público, ya sea como asalariados de planta o trabajadores eventuales y personal especial.

Cabe destacar que no existen registros exactos de cuántas personas son contratadas de forma eventual o hacen consultorías estatales; sin embargo, los recursos para remunerar a estos trabajadores salen de la partida de egresos corrientes, dato registrado en el ministerio del área.

En el ítem de gastos corrientes también está incluida la erogación para pagar Bienes y Servicios; de acuerdo a las operaciones consolidadas (ejecutadas) del sector público, en 2005 este monto fue de 2.000 millones de bolivianos y en 2010 se incrementó a Bs 14.000 millones.

Esta cifra subió porque a partir de la nacionalización de hidrocarburos en 2006, YPFB se convirtió en una instancia de compra y venta hidrocarburos; desde entonces en las cuentas de esa entidad se registra la compra de bienes y servicios (refinados de carburantes, gasolina, gas, etc. ) y también se hace la venta.

Esto implica mayores gastos en cuanto a personal y servicios como material de escritorio, pago del servicio de electricidad, telefonía y agua potable.

“No sólo es el nivel central”
Tres

de cada 100 era la relación de bolivianos en la administración pública en el año 2004.


De acuerdo con el analista Julio Linares, no sólo la administración central del Gobierno realiza contrataciones de personal eventual y las consultorías.

“Los niveles autónomos (gobernaciones y municipios) tienen un porcentaje máximo de egresos corrientes, pero el nivel central no, por eso también contratan personal eventual y consultores, que no están registrados en los datos. Se trata de una forma de contrato medio oculto que se traduce en el incremento en los gastos por bienes y servicios”, explicó Linares.

Para el analista, el Estado cuenta con mayores recursos económicos gracias a la nacionalización y el IDH que se comenzó a percibir desde 2006; “hay más dinero, pero éste se usa para pagar sueldos y salarios, así como han subido los ingresos, los gastos también se han incrementado, en especial para pagar a la burocracia estatal”.
Datos económicos desde la nacionalización

* Dato El 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos recuperando su propiedad para los bolivianos bajo la administración de YPFB. El 29 de octubre de ese año, se firmaron nuevos contratos con las compañías petroleras privadas estableciendo hasta el 82% de regalías a favor de Bolivia.


* Antecedente Antes de la nacionalización, Bolivia recibía por concepto de exportación de gas unos 300 millones de dólares; sin embargo, el año pasado el Estado se benefició con 2.600 millones de dólares, recursos económicos que son repartidos entre los municipios, universidades y el TGE.


* Cantidad Bolivia vende gas a Brasil y Argentina a precios que se ajustan trimestralmente. Según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) el promedio de exportación de gas en 2008 fue de 33,4 millones de metros cúbicos diarios a un precio ponderado de 6,8 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU).


* Política Debido a que YPFB solventa el pago de sueldos y salarios al sector público, el Gobierno de Evo Morales dispuso consolidar la eficiencia de la estatal petrolera con la contratación de personal especializado que goza de sueldos mayores al del Presidente.


* Monto Al menos 200 expertos en extracción de petróleo están ganando hasta 45.000 bolivianos, a diferencia de los Bs 15.000 que percibe el Presidente, con el fin de evitar la fuga de capital humano.

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