Paso atrás: Informes erróneos, una firme posición política y una multitudinaria movilización obligaron al Gobierno a retroceder.
El jueves 30 de diciembre, Evo Morales convocó al Consejo de Ministros y a sus asesores de confianza para analizar la situación política derivada del gasolinazo. Un día después del encuentro, se abrogó la medida. El canciller David Choquehuanca recuperó terreno en un escenario en el que había perdido capacidad de actuar.
“Hermanito Evo, cuando salía esta mañana de mi casa, mi hijita me ha dicho que esta medida es para el bien de todos los bolivianos. No hay que abrogarla, tenemos que mantenerla”.
Una de las ministras del área económica se dirigió en esos términos al Primer Mandatario, que no disimulaba su preocupación por la magnitud de la reacción popular ante el alza de los precios de la gasolina y el diésel.
Choquehuanca mantenía la posición contraria. Sabía que esa disposición podía ser el principio del fin del proceso de cambio.
¿Cómo se había gestado el Decreto Supremo 748?
El gabinete económico alertó de que la erogación alcanzaría en 2010 a 380 millones de dólares para subvencionar los precios de ambos combustibles. El equilibrio financiero nacional entraba en peligro y, además, controlar el contrabando resulta casi imposible, pese a los esfuerzos de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Aduana.
Un día después de Navidad, Morales viajó a Venezuela, llevó consigo 50 toneladas de arroz para apoyar a los damnificados por las inundaciones.
El responsable de redactar el decreto no cumplió la misión encomendada por el Primer Mandatario.
El Ministro en cuestión no quería arrastrar consigo el costo político de una medida semejante y sabía que en breve iba a dejar esa cartera para incorporarse a un organismo internacional.
Antes de Navidad, reiteró que esa alza de precios debía operarse o las consecuencias pueden ser graves para la economía nacional. Encomendó, entonces, a otra Ministra que se haga cargo de redactar la norma en cuestión.
“Me voy a Venezuela. Ustedes promulguen el decreto durante mi ausencia”, ordenó el Jefe del Estado.
La autoridad recibió la instrucción, la cumplió de inmediato y proyectó el Decreto 748, que el domingo 26 fue puesto en vigencia por el vicepresidente Álvaro García Linera.
Choquehuanca no piensa, en términos económicos, sus cálculos son políticos y actuó en consecuencia.
En la reunión de gabinete del jueves 30, el Ministro de Relaciones Exteriores desafió a su colega a que juntos salgan a la calle a enfrentar a la multitud para explicar por qué la impopular elevación es beneficiosa para el mismo pueblo.
Desafiante dijo que “si volvemos sin ser agredidos, podremos mantener el decreto sin modificaciones”.
Después de escuchar al jefe de la diplomacia, Evo Morales se dirigió a otro de sus colaboradores, a quien pidió un informe sobre la cantidad de personas que ese día se había movilizado en demanda de que se abrogue la medida.
“Deben ser unas 1.500 personas. Son los reportes que tengo”.
La respuesta encontró la inmediata reacción del titular de Exteriores. Tomó su teléfono celular y llamó a una persona de su entorno que se había desplazado hacia la protesta callejera.
Puso el altavoz y todos, en la sala de reuniones, pudieron escuchar el informe.
—¿Sabes cuánta gente está en la marcha?—, preguntó el Canciller.
Su colaborador debió apartarse de la ruidosa muchedumbre y buscar un lugar para poder escuchar las preguntas de su interlocutor.
—No sé, don David, pero son muchísimas. Hay grupos por todas partes y son agresivos. Deben ser unas 15 cuadras y no sólo hay marchas aquí, sino en El Prado, la plaza Venezuela y en San Francisco. Hay cualquier cantidad de personas. La plaza Murillo está rodeada.
—¿Qué es lo que están gritando, qué consignas están lanzando?
—Insultos al Presidente, otros protestan contra algunos ministros, han quemado imágenes de Evo Morales, las manifestaciones son graves.
Choquehuanca agradeció y se dirigió a los concurrentes: “Así nos mienten y nos hacen tomar decisiones equivocadas. Hay algunos irresponsables entre nosotros, aquí mismo”.
Agregó que si se mantenía el alza de precios, “no creo que podamos llegar al 22 de enero en nuestros cargos. La gente no está dispuesta a aceptar los nuevos precios, porque todo se ha encarecido”.
Recordó que hasta los cocaleros del Chapare exteriorizaban su contrariedad y bloquearon las carreteras de esa región, mientras se recibían reportes de marchas y movilizaciones en otras ciudades del interior.
El Alto, el principal bastión masista, demostró que no estaba dispuesto a poner el pecho a medidas antipopulares. El mensaje era claro en ese sentido.
Quienes sostenían que el gasolinazo debía mantenerse quedaron sin argumentos. Habían perdido la pulseta y el Canciller recuperó espacio político en el gabinete ministerial.
Sin embargo, la última decisión no había sido tomada. Una versión no confirmada dio cuenta de que al día siguiente, los militares condicionaron su participación en acciones represivas a la protesta, siempre y cuando el Presidente firme una orden expresa en tal sentido.
Uno de los principales argumentos de la acusación contra Gonzalo Sánchez de Lozada es el Decreto Supremo 27209 promulgado el 11 de octubre de 2003, que ordenó a las Fuerzas Armadas garantizar la provisión de combustibles líquidos a la ciudad de La Paz.
Esa orden derivó en la muerte de 65 personas y el procesamiento de los firmantes de esa orden. Sólo uno, Érick Reyes Villa, permanece en el país.
El resto es conocido. La noche de Año Viejo, el presidente Evo Morales abrogó el gasolinazo.
Los precios de alimentos no retornaron al nivel inicial
El gasolinazo del 26 de diciembre provocó un incremento de los precios de la canasta familiar, y a pesar de la abrogatoria del decreto, el 31 de diciembre, los niveles no retornaron al que se registraba antes de la cuestionada medida.
El propio Estado, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), resolvió incrementar los precios, bajo una clara influencia del mercado, que disparó en alza a los principales productos como el azúcar, arroz y aceite.
Otros productos que registraron incremento son las arvejas, papa, cebolla, manteca, levaduras, carnes de pollo y de res, y los derivados de la papa como el chuño y la tunta.
Los productos elaborados con azúcar, como las golosinas, también fijaron un ajuste de precios y se mantienen sin mayores variaciones, generando una presión mayor en el costo de la canasta familiar, según se verificó en los centros de abastecimiento de alimentos.
La semana anterior, Emapa dispuso un incremento de precios del azúcar y la arroba de 49,50 a 61 bolivianos, generando una protesta entre los sectores de menores ingresos.
Emapa justificó el alza tras comprobar que se creó un comercio intermediario a la sombra de la empresa estatal, y al que se atribuye la especulación y la acumulación de alimentos.
A pesar del despliegue de funcionarios a diferentes barrios y en sus agencias zonales, la empresa gubernamental no consigue disminuir la demanda, que continúa en aumento, según admiten sus propios ejecutivos.
El costo político del MAS entre sus bases populares
La reciente ratificación de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional fue la demostración de que las decisiones unánimes y verticales en el partido gobernantes ya no son una constante tras el gasolinazo y su abrogatoria.
Sectores indígenas influyentes en las bases distribuidas en zonas rurales hicieron escuchar sus voces para cuestionar el liderazgo de los hombres que conducirán las dos cámaras.
Las ondas de la abrogación llegaron hasta los pasillos de la Asamblea Plurinacional, donde la ratificación de René Martínez, en Senadores, y Héctor Arce, en Diputados, tuvo que atravesar una negociación con influyentes organizaciones indígenas, un proceso diferente a otras legislaturas, en las que la decisión del jefe del partido, Evo Morales, era la última palabra.
Fortalecidos con su demanda de abrogación del gasolinazo, los sectores sociales se pronunciaron contra la medida y reclamaron el cobro del cheque político con el pedido de renuncia de algunos miembros del gabinete económico.
La decisión del Gobierno para salir a consultar a sus aliados sobre un futuro gasolinazo también cobró otra factura.
La diputada Emiliana Aiza, que dirigía a la bancada oficialista en la Cámara Baja, fue reemplazada por Edwin Tupa.
Aiza cumplió el pedido de Evo Morales y salió en consultas con sus bases para proponer luego un nuevo gasolinazo con un alza de 10 por ciento.
La parlamentaria fue desautorizada por la cúpula partidaria del oficialismo y sus esfuerzos por concertar nuevas alzas quedó en el camino.
Desconfianza en los indicadores económicos del Gobierno
Unas 72 horas antes del gasolinazo, el sonriente ministro de Economía, Luis Arce, anunció un superávit fiscal de 2 por ciento al cerrar la gestión 2010.
Durante esa semana, la campaña a favor de la supresión de las subvenciones a los carburantes se había intensificado y los choferes fueron los primeros en advertir del gasolinazo.
Tras la medida, analistas económicos y líderes de opinión cuestionaron las cifras optimistas y se preguntaron por la incoherencia entre la bonanza descrita y el discurso empleado para justificar el gasolinazo del 26 de diciembre.
El presidente Evo Morales volvió a ratificar el superávit, pero el Tesoro General de la Nación expone un déficit fiscal que, en opinión del economista Armando Méndez, alcanza a 380 millones de dólares, la misma cifra citada por el Gobierno como el monto de la subvención en los precios del diésel, gasolina y gas licuado de petróleo.
El gasolinazo no solamente puso en cuestión al superávit, también extendió la duda al Índice de Precios del Consumidor (IPC) que terminó en 7,18 por ciento, con una mayor presión observada en la última semana de diciembre.
El Gobierno buscó con insistencia un 4,5 por ciento de inflación, pero las constantes elevaciones en los precios de los alimentos de la canasta familiar impulsaron el alza. El dato final del IPC aún ha dejado en duda el nivel del incremento salarial para los trabajadores del sector público, aunque Evo Morales intentó bajar la tensión del gasolinazo con un 20 por ciento de incremento.
Para destacar
Los precios de los alimentos de la canasta familiar subieron tras el gasolinazo pero ninguno bajó al nivel anterior.
La propia estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) incrementó el costo del azúcar y otros productos.
Los precios de las arvejas, cebolla y papas experimentaron alzas en una cadena desatada por el alza de la gasolina y diésel.
En el terreno de la política, las bases del oficialismo cobraron vigor para pedir cuentas al gabinete económico.
La elección de los presidentes de las cámaras Alta y Baja de la Asamblea Plurinacional sintieron el peso de pueblos indígenas.
Desde diferentes regiones, los aliados del Gobierno esperan cobrar el cheque por el desacierto político.
El cambio de rumbo y la renuncia de los ministros del área económica aún queda como tema pendiente de resolver.
Los indicadores de una gestión, aparentemente exitosa, quedaron en cuestión tras el gasolinazo.
El superávit anunciado con bombos y platillos cayó en descrédito porque no explica un gasolinazo de hasta 80 por ciento.
El índice de precios de la canasta familiar también dejó dudas a pesar de su crecimiento hasta el 7,17 por ciento.
Para destacar
Bolivia importa gasolina y diésel de Venezuela a precios internacionales, pero los subvenciona para el mercado nacional.
La decisión de abrogar el alza de precios de gasolina y diésel fue consecuencia de un áspero debate ministerial.
El Alto y el Chapare se movilizaron masivamente en contra de la medida aprobada por el Gobierno.
Ambas regiones son baluartes del MAS, pero ante el alza de los carburantes, dieron la espalda al Gobierno.
Las movilizaciones contra el Gobierno fueron masivas. Los marchistas se mostraron abiertamente contrarios al MAS.
La abrogación del Decreto Supremo 748 no ha logrado que los precios de bienes y servicios regresen a sus niveles anteriores.
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