Autoridades ediles según diagnóstico realizado a un mes de haber asumido sus cargos, detectaron corrupción, procesos burocráticos, mala atención al ciudadano, falta de personal técnico especializado, ausencia de sistemas de control, falta de sistematización, cobros directos por funcionarios del municipio y no a través de la red bancaria, falta de planificación urbana, fallas en los proyectos, insuficiencia de inversión pública y una institución sin memoria por la ausencia de documentos debido a que no se encontró en muchos casos ni un papel en las oficinas.
La presentación del informe, se realizó ayer en el Salón Rojo de la Alcaldía y estuvo en primera instancia a cargo de la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel quién en resumen manifestó que la situación del municipio es lamentable tanto en el tema económico y administrativo, incluso en la atención de las necesidades de la población que fueron ignoradas durante la pasada gestión.
Asimismo dijo que existe insatisfacción en la provisión de servicios básicos como vivienda, agua potable, alcantarillado, salud y los altos niveles de contaminación ambiental, debido a la falta de recursos públicos que son suficientes para satisfacer las necesidades de los habitantes y dotarles de condiciones mínimas de saneamiento básico.
Otro factor negativo que se pudo constatar fue la implantación de Sistemas de Administración y Control Gubernamental, falencia que provocó la carencia de un registro de procesos de contratación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
“No se ha trabajado en el saneamiento de la situación financiera, ni en mecanismos para mejorar la generación de recursos propios y la captación de financiamiento adicional a través de acciones de incorporación de todos los impuestos de inmuebles y vehículos, así como de tasas y patentes municipales por actividad económica. Tampoco se ha iniciado una necesaria depuración de la base de datos de catastro y del sistema tributario”, manifestó.
Con estos antecedentes, pidió a los concejales emprender un trabajo conjunto por Oruro, para solucionar los problemas a través de un pacto social, ratificando que la situación del municipio no es de las mejores.
Posteriormente el oficial Mayor de Desarrollo Urbano, Boris Medina Campuzano, refirió haber encontrado trámites paralizados y acumulados en la oficina, desorden en la designación del personal técnico, obras por administración directa realizadas sin el control presupuestario correcto, se encontraron paralizadas obras de algunos proyectos ya iniciados, y varias obras fueron programadas nominalmente con 1.000 o 5.000 bolivianos insuficientes para su ejecución.
Asimismo según el informe del oficial Mayor de Desarrollo Urbano, se detectó que personal municipal, a la vez realizaba trámites y elaboraba proyectos privados que ingresaban para su trámite a la Alcaldía; aspecto totalmente prohibido por la Ley de Administración y Control Gubernamentales Safco 1178 y del ejercicio profesional del arquitecto entre otras, al constituirse en juez y parte.
Por su parte la oficial Mayor de Desarrollo Económico y Hacienda, Carmen Panoso, en su informe de ejecución presupuestaria, informó que 1.155 proyectos fueron inscritos en el POA, de los cuales 251 tienen presupuesto y 904 no cuentan con presupuesto para su ejecución.
Sobre el pago de sueldos a los trabajadores de avance de obras, informó que las planillas no tienen presupuesto, para efectivizar su pago, no se consideró el incremento salarial, aspecto que ocasionó un déficit en la asignación de recursos, no se cuenta con una relación de personal eventual, se suscribieron contratos civiles a plazo fijo contraviniendo la Ley 1178 Safco, Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público y la Ley 2028 de Municipalidades, contratos ilegales, puesto que todas las entidades públicas solo pueden suscribir contratos administrativos para la prestación de servicios.
De esta forma la alcaldesa municipal, manifestó que en próximos días presentará un Plan de Acción que permitirá mejorar y cambiar de alguna forma la situación crítica por la que atraviesa el municipio.
La presentación del informe, se realizó ayer en el Salón Rojo de la Alcaldía y estuvo en primera instancia a cargo de la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel quién en resumen manifestó que la situación del municipio es lamentable tanto en el tema económico y administrativo, incluso en la atención de las necesidades de la población que fueron ignoradas durante la pasada gestión.
Asimismo dijo que existe insatisfacción en la provisión de servicios básicos como vivienda, agua potable, alcantarillado, salud y los altos niveles de contaminación ambiental, debido a la falta de recursos públicos que son suficientes para satisfacer las necesidades de los habitantes y dotarles de condiciones mínimas de saneamiento básico.
Otro factor negativo que se pudo constatar fue la implantación de Sistemas de Administración y Control Gubernamental, falencia que provocó la carencia de un registro de procesos de contratación en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
“No se ha trabajado en el saneamiento de la situación financiera, ni en mecanismos para mejorar la generación de recursos propios y la captación de financiamiento adicional a través de acciones de incorporación de todos los impuestos de inmuebles y vehículos, así como de tasas y patentes municipales por actividad económica. Tampoco se ha iniciado una necesaria depuración de la base de datos de catastro y del sistema tributario”, manifestó.
Con estos antecedentes, pidió a los concejales emprender un trabajo conjunto por Oruro, para solucionar los problemas a través de un pacto social, ratificando que la situación del municipio no es de las mejores.
Posteriormente el oficial Mayor de Desarrollo Urbano, Boris Medina Campuzano, refirió haber encontrado trámites paralizados y acumulados en la oficina, desorden en la designación del personal técnico, obras por administración directa realizadas sin el control presupuestario correcto, se encontraron paralizadas obras de algunos proyectos ya iniciados, y varias obras fueron programadas nominalmente con 1.000 o 5.000 bolivianos insuficientes para su ejecución.
Asimismo según el informe del oficial Mayor de Desarrollo Urbano, se detectó que personal municipal, a la vez realizaba trámites y elaboraba proyectos privados que ingresaban para su trámite a la Alcaldía; aspecto totalmente prohibido por la Ley de Administración y Control Gubernamentales Safco 1178 y del ejercicio profesional del arquitecto entre otras, al constituirse en juez y parte.
Por su parte la oficial Mayor de Desarrollo Económico y Hacienda, Carmen Panoso, en su informe de ejecución presupuestaria, informó que 1.155 proyectos fueron inscritos en el POA, de los cuales 251 tienen presupuesto y 904 no cuentan con presupuesto para su ejecución.
Sobre el pago de sueldos a los trabajadores de avance de obras, informó que las planillas no tienen presupuesto, para efectivizar su pago, no se consideró el incremento salarial, aspecto que ocasionó un déficit en la asignación de recursos, no se cuenta con una relación de personal eventual, se suscribieron contratos civiles a plazo fijo contraviniendo la Ley 1178 Safco, Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público y la Ley 2028 de Municipalidades, contratos ilegales, puesto que todas las entidades públicas solo pueden suscribir contratos administrativos para la prestación de servicios.
De esta forma la alcaldesa municipal, manifestó que en próximos días presentará un Plan de Acción que permitirá mejorar y cambiar de alguna forma la situación crítica por la que atraviesa el municipio.
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