El caso de los 400.671 ciudadanos que fueron clasificados como “observados” durante el proceso de depuración del padrón biométrico provocó serios conflictos al interior del organismo electoral.
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Oruro decidió negarse a cumplir la última instructiva de la Corte Nacional Electoral (CNE) para tramitar la habilitación de los observados, mientras que el presidente de la CDE de Cochabamba, Joaquín Pérez, indicó que hoy no asistirá a la reunión convocada por la CNE para tratar este tema.
A ello se sumó el anuncio de la CDE de Pando, que puso en duda la posibilidad de habilitar a los observados en el área rural.
El 23 de noviembre la CNE concluyó el proceso de depuración del padrón biométrico y, en la fase de contrastación de datos con el Registro Civil, detectó irregularidades en 400.671 casos.
Denominó a este grupo de ciudadanos “observados” y les otorgó un plazo hasta el 3 de diciembre para que regularicen su habilitación como electores. Hasta ayer 273.429 lo hicieron con éxito.
No obstante, ninguno de los 6.853 observados en Oruro fueron habilitados, ya que la CDE considera que todos ellos tienen el derecho de votar sin necesidad de ningún trámite adicional, ya que la normativa electoral no reconoce la figura de “observados”.
“En este caso se están violando derechos y en todo lo que se viola derechos, obviamente, los actos son nulos. En realidad, la Corte Nacional estaría violando los roles atribuidos por el marco legal vigente y quienes usurpen funciones simplemente sus acciones son nulas de pleno derecho”, declaró a Recta Final el presidente de esa corte, David Apaza.
No obstante, anunció que hoy asistirá a la reunión del organismo electoral que se realizará en Santa Cruz para tratar este tema, donde dijo que defenderá sus argumentos legales, según los cuales incluso la elección se encuentra en riesgo de quedar paralizada en caso de que uno de los ciudadanos “observados” presente un recurso de amparo constitucional ante una corte de distrito.
A diferencia de Apaza, el presidente de la CDE de Cochabamba, Joaquín Pérez, señaló que no asistirá al encuentro de Santa Cruz para no avalar una decisión en la que no participaron.
“Es un problema que no tiene nada ver con las cortes departamentales, es una decisión asumida por la Corte Nacional. Lamentablemente, no hemos sido consultados, ni la Corte Nacional nos ha dicho ‘revisen su base de datos para ver cuál es el resultado que arroja’; ellos, con ciertos criterios técnicos, han cruzado el padrón electoral con el Registro Civil y ahí están las consecuencias de los 400 y tantos mil observados”.
Según Pérez, “quien tendrá que responder por las consecuencias es la Corte Nacional, que es la que ha decidido observar a estos 400 y tantos mil ciudadanos. Si hubo equivocaciones, es un tema que tendrán que preguntar a la Corte Nacional y no a nosotros”, dijo.
El presidente de la CNE, Antonio Costas, defendió la decisión que tomó la institución que conduce y aseguró que, a diferencia de lo que dijo Apaza, “ en Oruro inclusive se está procediendo a eso (la habilitación)”. En medio de este panorama, el presidente en ejercicio de la CDE de Pando, Gonzalo Vargas, puso en duda la habilitación de los ciudadanos observados que viven en el área rural de este departamento, sobre todo de aquellos que residen en comunidades muy alejadas y de difícil acceso.
Explicó a la red Erbol que uno de los problemas con el que tropiezan es el hecho de no contar con los medios de difusión ni la logística necesaria para verificar en las comunidades la situación de los observados en el padrón.
El vicepresidente y candidato a la reelección, Álvaro García Linera, desestimó las advertencias del presidente de la CDE de Oruro y aseguró que la validez de las elecciones está garantizada.
“Los ciudadanos tienen el derecho de presentar las medidas que vean convenientes, pero en todo caso nada va a detener el proceso eleccionario, ni este recodo en el camino (el recurso de amparo constitucional) por obra mal aconsejada de la Corte (de Oruro) puede detener las elecciones nacionales”, aseveró la autoridad.
La oposición pide a la CNE la entrega del padrón biométrico
El Plan Progreso para Bolivia (PPB) demandó a la Corte Nacional Electoral (CNE) la entrega del padrón biométrico. En respuesta, el ente electoral sostuvo que les otorgará sólo los listados de los ciudadanos, pero sin el detalle de las huellas digitales y las fotografías, información que es parte del registro que la Corte levantó.
El PPB presentó ayer un nuevo memorial ante la CNE exigiendo una sesión de sala plena y la entrega del padrón. ´La ley prevé que se debe entregar esta información a los partidos para triangular el control y la transparencia del proceso; sólo eso disipará todas las susceptibilidades´, dijo el portavoz del PPB, Erick Fajardo.
El memorial, presentado ante la CNE, sostiene que el ente electoral debe emitir una ´complementación y enmienda a la Resolución 0310/2009 del 22 de noviembre y convocar a sesión de Sala Plena Pública, con la participación de delegados de los partidos y observadores internacionales´, lo que el PPB espera suceda en las próximas horas.
Entretanto, el presidente de la CNE, Antonio Costas, aclaró que el padrón electoral es un listado de personas que deberán emitir su voto en las elecciones de diciembre y que tienen asignado un recinto electoral y una mesa de sufragio determinadas,
“No se puede entregar el registro biométrico, está bajo la custodia de la Corte Nacional Electoral, entonces la solicitud no corresponde”, refutó.
Costas comparó el pedido de PPB con una solicitud en sentido de pedir las huellas de los ciudadanos bolivianos registrados en la Dirección Nacional de Identificación, dependiente de la Policía Nacional
“En ese sentido, resulta imposible ir a Identificación y pedir que se entregue el archivo de huellas. Es imposible, hay cosas que están fuera de la normativa”.
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