Decidido a derrotar a la pobreza a plan de empleos. El candidato presidencial de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, postula cambiar algunos puntos de la Constitución Política del Estado que no fueron consensuados en la Asamblea Constituyente, como los concernientes a los recursos naturales no renovables y la justicia; sostiene que los pueblos indígenas han sido los más perjudicados con el actual Gobierno; apuesta por bolivianos emprendedores y la producción de alimentos orgánicos para el desarrollo económico del país; mira al gas como un medio y no un fin en sí mismo para obtener dinero y apoyar iniciativas productivas; propone un Ministerio de Seguridad Ciudadana y un plan de tres puntos en el rubro, y adelanta relaciones internacionales “de pie y no de rodillas”. El empresario cementero asegura que es el único postulante propositivo en estos comicios y que también es el único opositor que pudo ingresar con su campaña en los bastiones del masismo.
—¿Cuál es su evaluación sobre las campañas para estas elecciones? Un punto recurrente ha sido la violencia política y la falta de debate…
—Se puede apreciar que quien ha tenido la iniciativa en materia de propuestas ha sido Unidad Nacional. Es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) plantea hacer todo lo que no ha hecho en los últimos cuatro años y Manfred Reyes Villa no tiene propuesta. Aparte, en esta campaña el Gobierno se ha dedicado a usar los recursos del Estado de manera abusiva, como nunca se ha hecho antes, y Manfred está dentro de la campaña por Leopoldo Fernández, más que de su partido. También hay violencia en esta campaña, y si la comparamos con otros procesos, se nota que hay falta de tolerancia, pero no veo como un rasgo fundamental de estas elecciones este punto: yo he visitado todo el país, incluso el Chapare, Achacachi, y no he tenido problemas al llegar a alguna región, y en todas partes la gente nos ha comentado que veía muy bien nuestras propuestas.
POLÍTICA E INCLUSIÓN SOCIAL
—En cuanto a sus propuestas electorales, ¿comulga con aplicar la Constitución tal como está redactada o le hará reformas?
—Hemos sido muy claros con que la Constitución Política tiene varios elementos que no son correctos y que hay que reformar.
—¿Cuáles?
—Todo lo que tiene que ver con los recursos naturales no renovables, con la justicia. Son temas que no se acordaron ni se discutieron en la Asamblea Constituyente y que, por lo tanto, tienen defectos y deben reformarse. Pero no creemos que se debe eliminar completamente la Constitución porque sería caer en el mismo error de Evo Morales, el complejo de Adán: que tiene que ser el primer hombre en la Tierra.
—¿Cuál es su planteamiento para aplicar las autonomías en Bolivia?
—La demanda de autonomía es una demanda real, que la entendemos en el sentido de que la gente quiere más democracia participativa y ya no quiere que la democracia esté sólo en la plaza Murillo y en el Congreso Nacional; la gente quiere tomar decisiones sobre su presente y su futuro en las regiones. De los 184 años de vida republicana, 160 hemos tenido un solo nivel de gobierno, el central; hace 14 años que se tienen los gobiernos locales autónomos, las alcaldías, y la gente está contenta con su labor. Por eso se ha visto que debe haber un tercer nivel de gobierno, que es el departamental.
Creemos que para ser responsables con la Constitución hay que avanzar en la autonomía departamental, y nos va a tomar algún tiempo, nadie sabe cuánto, porque todavía hay asuntos pendientes importantes: el tema de recursos económicos, el de las facultades o atribuciones. Hay que resolverlos, y una vez hecho ello, y cuando este tipo de autonomía se aplique y funcione de buena forma, podemos avanzar a las otras autonomías. Porque existe el riesgo de que si se quiere hacer autonomía departamental, regional, indígena originaria campesina, municipal, todo al mismo tiempo, hagamos un cortocircuito en las autonomías y éstas no funcionen, y de esta manera se fortalezca el centralismo…
—¿Se debería especificar esto en la Constitución Política del Estado?
—No, porque la Constitución Política del Estado no habla de plazos para la aplicación de todas estas autonomías.
—¿Cuál es su propuesta para el ámbito de la aplicación de justicia?
—Aquí hay dos temas. Uno es que para que pueda haber paz y unidad en el país en los próximos años se tienen que respetar los derechos de todas las personas y garantizar que haya justicia. En estos cuatro años hemos visto que hay justicia dura para los opositores y que no hay justicia para los adeptos al Gobierno, y hemos visto que este Gobierno tiene intención de copar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta la Directiva de la cárcel de San Pedro. No entiende que para que haya democracia tiene que haber equilibrio de poderes, peso y contrapeso, e independencia. Es verdad, la justicia en Bolivia tiene una serie de defectos, pero que no se solucionan con el cierre del Tribunal Constitucional, complicando a la Corte Suprema; eso no ayuda a solucionar los problemas de la justicia…
—La palabra clave es “independencia”…
—Sí, y hay que redactar las respectivas medidas en la Constitución Política del Estado para que no haya esta tentación de la interferencia entre poderes y con la justicia.
—El oficialismo plantea que es el único partido que tiene un proyecto de sociedad, que involucra a la inclusión indígena, ¿qué ofrece Samuel Doria Medina al respecto?
—El MAS nos quiere hacer creer que la inclusión indígena ha comenzado con Evo Morales, pero eso no es así. Este proceso comenzó con medidas claras en la Revolución de 1952; siguió con la primera mujer de pollera que llegó al Congreso, Remedios Loza, del partido de Carlos Palenque (Condepa); continuó con la elección de un vicepresidente aymara como Víctor Hugo Cárdenas, en 1993, y con la de Evo Morales como presidente, y es un proceso que continuará. La Bolivia después de Evo Morales va a seguir siendo la Bolivia donde se van a pagar los bonos que vienen de otras gestiones, pero igual va a haber empleo. Y en la Bolivia después de Evo Morales van a haber ministros e importantes autoridades que sean aymaras, quechuas…
—¿A eso va a apostar Unidad Nacional?
—Continuaremos con el proceso de inclusión, pero está claro que en estos últimos cuatro años el único indígena que ha mejorado sustancialmente su nivel de vida es Evo Morales. Además, no hay ningún programa concreto para mejorar la situación de los pueblos indígenas; más bien han sido desplazados de sus tierras, se los ha perjudicado. La visión nuestra es que para liberar a Bolivia de verdad es necesario derrotar a la pobreza y la falta de empleo; no se libera a Bolivia con discursos.
EMPLEOS Y MÁS EMPLEOS
—En el punto de la lucha contra la pobreza, ¿cuál es su planteamiento para lidiar contra la falta de empleos en Bolivia?
—Que a los emprendedores, bolivianos y bolivianas que tengan un proyecto económico, les vamos a dar el crédito en Capital Semilla y capacitación para que puedan comenzar una nueva actividad. Y nosotros desde el Gobierno nos vamos a dedicar a abrir nuevos mercados para la producción nacional. Ése es el principal instrumento para generar un millón de nuevos emprendimientos en los próximos cinco años, que van a permitir generar los trabajos y las oportunidades económicas que el país necesita.
Hemos hecho una propuesta seria para resolver los problemas en Bolivia. De acuerdo con lo que nos han contado las familias bolivianas, los problemas básicos son la falta de trabajo y de oportunidades económicas, y sobre esa preocupación hemos preparado un programa en función de lo que está sucediendo en el mundo en el siglo XXI: una gran demanda por alimentos orgánicos, saludables, y es así que planteamos que Bolivia se pueda convertir en un proveedor regional a través de la producción, industrialización y exportación de alimentos orgánicos.
Éste es un punto que además plantea una forma de concienciar a los bolivianos acerca de la conservación del medio ambiente y evitar el calentamiento global a través de la producción. Ése es el marco de nuestra propuesta, creemos que esto es fundamental para el país porque en estos últimos cuatro años el Gobierno ha sido incapaz de generar trabajo, solamente lo ha hecho para los cocaleros, no para otros sectores, y cuando eso sucede se perjudica a todos los demás.
—¿Mantendrá los bonos creados por el Gobierno o creará otros? Incluso Manfred postula un bono para “emprendedores”…
—Manfred plantea hasta subvenciones para la coca; es importante mencionar que se dan bonos y subvenciones para mejorar el consumo o apoyar una actividad económica, pero lo que menos necesitamos en el país es bonos para que haya más consumo de coca.
Dicho eso, está claro que los bonos son irreversibles, la prueba más clara es que la Renta Dignidad es el antiguo Bonosol, le podrán cambiar el nombre, pagarlo en cómodas cuotas mensuales, pero es el Bonosol que era de 1.800 bolivianos, y tanto que el actual Gobierno critica a las gestiones anteriores; o sea, la contribución del proceso de nacionalización a este bono es de sólo 600 bolivianos, porque hoy se paga 2.400 bolivianos, y habría sido interesante que por lo menos se aumente otros 1.800 bolivianos a esta renta. Aparte, el Bono Juancito Pinto viene de un programa que se aplicó antes en la Alcaldía de El Alto; el Bono Juana Azurduy viene como consecuencia de que las Metas del Milenio no avanzan en Bolivia. Son temas que hay que continuar, pero mucha gente nos ha pedido que además de bonos quiere trabajo, e impulsaremos las dos cosas.
—¿Cuál es su visión para que el gas otorgue mayores réditos al Estado y los bolivianos?
—Hay que entender que el gas es un medio y no un fin en sí mismo. Ése es el principal problema que ha tenido el Gobierno de Evo Morales, que ha pensado que el gas es un fin en sí mismo, tal como pensaron en la época de la Colonia con la plata de Potosí. Los recursos naturales no renovables son un medio para obtener recursos económicos que permitan invertir en actividades económicas sostenibles. En estos últimos cuatro años se podían usar los recursos del gas para apoyar el crecimiento de la agricultura, de la industria, de la infraestructura, pero no se lo hizo. Algún momento se va a acabar el gas, van a bajar sus precios internacionales y no podemos dejar que a Bolivia le pase lo que le pasó a Potosí, que era la ciudad más importante del mundo gracias a la plata y después se volvió la ciudad más pobre.
Desde ese punto de vista es importante utilizar el gas como un medio. Y para eso se necesita tener reglas claras, no pensar que los inversionistas son nuestros enemigos. Absolutamente claro que la propiedad de los recursos naturales no renovables es de Bolivia, pero eso no implica que no se pueda tener inversionistas. Incluso Cuba tiene reglas claras y más retroactivas que las de Bolivia para los empresarios. Pero otro tema es que YPFB no tiene una visión estratégica de lo que se tiene que hacer en el país en materia de hidrocarburos y eso debe cambiar.
DE PIE Y NO DE RODILLAS
—¿Cuáles son los ejes de su plan de seguridad ciudadana?
—Nuestra propuesta involucra el hecho de que se ha visto en el mundo del siglo XXI que se necesita un Ministerio de Seguridad Ciudadana; primero para que un colaborador muy importante del Presidente esté a cargo de ese tema las 24 horas del día con una responsabilidad muy clara y muy visible, y que se pueda tener un presupuesto destinado a este rubro. Ese Ministerio se ocuparía de tres temas, con tres viceministerios a cargo de ellos.
El primero es el tema de la Policía, definitivamente se está postergando una reforma en esta institución donde hay una estructura prebendalista que le hace daño. Se tiene demasiados policías administrativos, y hemos propuesto que se necesitan más policías en las calles; para resolver este problema en los primeros meses del siguiente año convocaremos a los policías que se hayan jubilado con todos los requisitos de la ley y no por procesos internos, son gente joven que tomarán el cargo de las tareas administrativas, y los jóvenes que están hoy detrás de un escritorio, saldrán a patrullar las calles, y sobre todo las escuelas y colegios.
Una segunda tarea tiene que ver con que hay una serie de orificios en las leyes penales que les otorgan salida fácil de las cárceles a los delincuentes. Es muy importante que se identifiquen esos temas y se proponga al Congreso las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, para que tengamos penas más duras y para que los delincuentes que reincidan en los delitos no salgan más fácil de lo que entran en las penitenciarías.
Y el tercer asunto son las cárceles. Tenemos cárceles de los siglos XVIII y XIX, donde se mezclan a reos de alta peligrosidad con personas encerradas por delitos menores. Las penitenciarías son centros de difusión de los delitos en el país, y hay prisiones donde los presos manejan las llaves de sus celdas. Se tiene que replantear este punto que es preocupante para la ciudadanía; es fundamental que se dediquen los recursos económicos, la atención y la prioridad necesarios a la seguridad ciudadana.
—¿Cómo frenará el avance de los cultivos ilícitos de coca en el país, los que alimentan al narcotráfico?
—El tema de la coca se ha descontrolado en los últimos años y han habido señales desde el propio Gobierno para incentivar una mayor producción de coca. El “cato por afiliado” se aplica para el marido, la mujer, los hijos e hijas, y entonces hay una explosión de la producción de coca. Se tiene que acabar el incremento de estos cultivos ilícitos y creemos que es muy importante hacer un cambio de producción paulatino en lo referente a la coca excedentaria, utilizando cultivos alternativos con alimentos orgánicos. Incluso esto ya ha sido probado en el Chapare con la plantación de frutas, lo que permite darles un sustento de vida diferente a los cocaleros.
Es interesante, pero en encuestas hechas por organismos internacionales se nota que los cocaleros saben que la producción de coca es temporal, y además dan una señal muy clara: lo mismo que cuando se le pregunta a una prostituta si sus hijas continuarán con su oficio, y alegan que no, los cocaleros también saben que están obrando mal, porque la mayoría sostiene que no quiere que sus hijos sean cocaleros. Entonces, habiendo un norte económico distinto, que es la producción de alimentos orgánicos, y con la debida firmeza gubernamental para que no siga avanzando la producción ilegal de coca, se va a solucionar este problema.
—¿Hay que reformar la Ley 1008?
—La Ley 1008 establece una serie de parámetros fijos en cuanto a la coca tradicional y la excedentaria desde hace 20 años. Es preocupante cómo hace cinco años se repite que es necesario hacer un estudio para saber cuánta es la coca tradicional, cuánto es el consumo, cuánta es la oferta; eso es necesario para hacer reformas a los parámetros de esta norma.
—¿Cuáles son las directrices que manejarán la política exterior de Bolivia si usted es elegido Presidente? Quisiera que haga énfasis en el tema de las relaciones con Chile.
—En cuanto a las relaciones internacionales hay tres temas. Primero tenemos que lograr que nuestras relaciones con todos los países sean de pie y nada de rodillas, porque hemos salido de una dependencia con Estados Unidos para irnos a ligar con el presidente venezolano, Hugo Chávez. Creo que el punto es tener una política internacional de pie.
Segundo, el objetivo de la política internacional tiene que ser abrir nuevos mercados para la producción nacional y preocuparse por los compatriotas que están en otros países y se han tenido que ir de Bolivia porque el Gobierno ha sido incapaz de generar empleos.
En cuanto a Chile, hay que exigirle que tratemos el tema del mar. Chile está en una situación de aislamiento en el continente, similar a la que tiene Israel con sus vecinos. Y este Gobierno le ha dado una salida con la famosa agenda de 13 puntos que ha servido para que nos tome el pelo y que trate el tema que sólo le interesa: el Silala. Entonces, nosotros con Chile vamos a plantear que el primer asunto que se discuta sea el del mar. Hay que avanzar en ello de manera inteligente, para luego consultar al pueblo si está de acuerdo con lo logrado.
—¿Y con Estados Unidos?
—Lo que dije anteriormente, con Estados Unidos hay que tener una relación de pie y no de rodillas, como con todos los países.
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