Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) latinoamericanas adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) acusarán al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
En marzo, activistas de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay denunciaron que las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija en septiembre de 2008 fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno, entre ellos el Vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, con pleno conocimiento del Presidente Evo Morales.
UnoAmérica afirma que la agresión fue "planificada", que la incursión "fue nocturna" y que los agresores eran foráneos. La organización asegura que se usaron tácticas militares con el objetivo de asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población "por su forma de pensar" (opositores al gobierno).
Según UnoAmérica, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; se negó el derecho a la información (Habeas Data); y en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados.
El gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Según UnoAmérica, "planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición -para así criminalizarla y perseguirla- se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre".
La acusación debía ser presentada en la sede de la CIDH este miércoles por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica Alejandro Peña Esclusa.
El documento fue redactado por Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), Graca Salguero (Brasil), María Fernanda Cabal (Colombia), Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y Josué Meneses (Perú).
En marzo, activistas de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay denunciaron que las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija en septiembre de 2008 fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno, entre ellos el Vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, con pleno conocimiento del Presidente Evo Morales.
UnoAmérica afirma que la agresión fue "planificada", que la incursión "fue nocturna" y que los agresores eran foráneos. La organización asegura que se usaron tácticas militares con el objetivo de asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población "por su forma de pensar" (opositores al gobierno).
Según UnoAmérica, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; se negó el derecho a la información (Habeas Data); y en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados.
El gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
Según UnoAmérica, "planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición -para así criminalizarla y perseguirla- se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre".
La acusación debía ser presentada en la sede de la CIDH este miércoles por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica Alejandro Peña Esclusa.
El documento fue redactado por Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la ONG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), Graca Salguero (Brasil), María Fernanda Cabal (Colombia), Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y Josué Meneses (Perú).
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