Ante las observaciones a la delegación del empadronamiento biométrico a empresas privadas, el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, anunció ayer que se estudia la posibilidad de diseñar y presentar un proyecto de ley al Congreso para delegar estas tareas.
“Si fuera necesario proponer una modificación, un ajuste a estas inquietudes de los ciudadanos, que se han expresado en diferentes órdenes, lo vamos a hacer con ley, con una modificación a la Ley (Electoral), porque a nosotros nos interesa que este proceso sea lo más transparente posible”, afirmó la autoridad.
Una de las personas que observó el empedramiento electoral privado fue el presidente de la Corte de Oruro, David Apaza, quien explicó que el registro de los ciudadanos es una actividad exclusiva de los notarios dependientes de las organizaciones electorales departamentales.
Ante estos cuestionamientos, anunció que no intervendría en el proceso de empadronamiento para “no participar en ninguna actividad que sea delictiva”.
Críticas similares fueron expresadas por el senador Carlos Böhrt, quien además de cuestionar la falta de una normativa legal, observó a las empresas que fueron invitadas a presentar sus ofertas porque, muchas de ellas, reveló, no tienen experiencia en el rubro y otras enfrentan problemas por el trabajo que realizaron en otros países.
Aunque insistió en que esas observaciones son parte de “un tecnicismo que es básicamente de interpretación”, aseguró que el proyecto de ley en estudio resolvería estos cuestionamientos.
No obstante, el proceso para adjudicar la compra de equipos y el registro del padrón biométrico no se detiene.
Costas informó que se formó una comisión de evaluación, integrada por funcionarios de la Corte Nacional Electoral y de las cortes departamentales, para trabajar en la adjudicación del proceso de registro ciudadano.
De acuerdo con el cronograma de trabajo, hoy se conocerán las propuestas de las 52 empresas invitadas. El 5 de junio se adjudicará el registro biométrico.
El Congreso aprobó un la ley electoral para las elecciones de diciembre, donde se instruye construir un moderno y nuevo registro de ciudadanos.
“Si fuera necesario proponer una modificación, un ajuste a estas inquietudes de los ciudadanos, que se han expresado en diferentes órdenes, lo vamos a hacer con ley, con una modificación a la Ley (Electoral), porque a nosotros nos interesa que este proceso sea lo más transparente posible”, afirmó la autoridad.
Una de las personas que observó el empedramiento electoral privado fue el presidente de la Corte de Oruro, David Apaza, quien explicó que el registro de los ciudadanos es una actividad exclusiva de los notarios dependientes de las organizaciones electorales departamentales.
Ante estos cuestionamientos, anunció que no intervendría en el proceso de empadronamiento para “no participar en ninguna actividad que sea delictiva”.
Críticas similares fueron expresadas por el senador Carlos Böhrt, quien además de cuestionar la falta de una normativa legal, observó a las empresas que fueron invitadas a presentar sus ofertas porque, muchas de ellas, reveló, no tienen experiencia en el rubro y otras enfrentan problemas por el trabajo que realizaron en otros países.
Aunque insistió en que esas observaciones son parte de “un tecnicismo que es básicamente de interpretación”, aseguró que el proyecto de ley en estudio resolvería estos cuestionamientos.
No obstante, el proceso para adjudicar la compra de equipos y el registro del padrón biométrico no se detiene.
Costas informó que se formó una comisión de evaluación, integrada por funcionarios de la Corte Nacional Electoral y de las cortes departamentales, para trabajar en la adjudicación del proceso de registro ciudadano.
De acuerdo con el cronograma de trabajo, hoy se conocerán las propuestas de las 52 empresas invitadas. El 5 de junio se adjudicará el registro biométrico.
El Congreso aprobó un la ley electoral para las elecciones de diciembre, donde se instruye construir un moderno y nuevo registro de ciudadanos.
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