Los Andes
La Paz. La oposición y el oficialismo bolivianos lograron ayer un acuerdo en comisión parlamentaria para aprobar una ley que regiría las elecciones generales de diciembre, condición que puso el presidente Evo Morales para cesar su huelga de hambre.
"Se ha logrado aprobar en la mesa de consensos un documento que ahora tiene que ser discutido en el Congreso" bicameral, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Edmundo Novillo en conferencia de prensa.
"Tenemos un documento de consenso que vamos a defender en el Congreso", reforzó por separado el senador opositor, Luis Vásquez, alto dirigente de la derechista Podemos, agrupación que había bloqueado la nueva norma.
Este acuerdo es crucial para la posterior aprobación del proyecto y, por consiguiente, para que Morales cese una huelga de hambre que inició el jueves pasado.
Mientras el acuerdo final se halla cerca, el presidente Morales cumple el quinto día de huelga de hambre, para presionar al Congreso a la aprobación de la nueva norma. En esta situación política, el mandatario boliviano podría revertir su declaración inicial de que no asistiría a la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, que se realizará esta semana, y a una reunión previa del ALBA.
"Dependiendo de la situación política del país, el presidente va a evaluar su participación en la reunión de la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) y en la V Cumbre de las Américas", afirmó el vocero gubernamental, Iván Canelas, citado por la agencia oficial ABI.
Acotó que "todo dependerá de la solución de los problemas políticos del país y por supuesto de la salud" de Morales.
Ayer el mandatario mantuvo casi intacta su agenda oficial en la Casa de Gobierno, donde cumple la huelga de hambre, con la cual se han solidarizado unas 1.600 personas en todo el país.
A primera hora, Morales entregó recursos económicos a la alcaldía de La Paz y luego se reunió con niños con capacidades especiales para celebrar el "Día del Niño" boliviano con un desayuno, en el cual no comió nada. Es previsible que el jefe de Estado suspenda la protesta inmediatamente después de que el Congreso apruebe la nueva ley electoral.
Los delegados de los partidos con representación parlamentaria señalaron más temprano un acuerdo para realizar un nuevo padrón electoral (condición impuesta por la oposición) a un costo de 35 millones de dólares.
El padrón biométrico -huella digital, fotografía y datos personales- será implementado por primera vez en el país y regirá los comicios de diciembre, en los que el presidente Morales buscará su reelección.
El sistema electoral boliviano es manual y fue utilizado durante los últimos 15 años.
Además del empadronamiento, la oposición pide que se revise la implementación del voto de residentes bolivianos en el exterior y que se reduzcan los 14 escaños previstos para los pueblos indígenas, entre otros puntos establecidos en el texto original de la ley electoral propuesta por el gobierno.
La oposición considera que la ley electoral, tal como pensaba aprobarla el gobierno, le daba ventaja a Morales para las elecciones de diciembre, en que buscará un nuevo mandato hasta 2015.
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