El Gobierno envió la noche de ayer su respuesta a la Central Obrera Boliviana (COB) para solucionar el conflicto por el incremento a las rentas de jubilación, mediante una carta en la que expresa que nunca abandonó el diálogo e invoca a que el ente matriz de los trabajadores cumpla su compromiso de mantenerse en vigilia y suspender toda medida de presión para buscar una solución por tiempo y materia.
'El Gobierno nacional nunca abandonó el diálogo, por el contrario siempre mantuvo expedito el camino para resolver sus diferencias con la COB en un clima de respeto y tolerancia', señala esa misiva firmada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Como Gobierno -señala es nota- estamos dispuestos a continuar dialogando en aras de la tranquilidad, la paz social y el restablecimiento de las actividades económicas castigadas hoy por la intransigencia de algunos de sus dirigentes.
Ayer, al mediodía, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, conminó al Gobierno a reinstalar el diálogo hasta las 8:00 de ayer , bajo amenaza de radicalizar las movilizaciones desde mañana.
El Gobierno, en esa carta, lamentó que la COB recurra al uso de ambulancias para trasladar manifestantes y materiales explosivos que dañan los bienes públicos del Estado y que sobretodo atentan contra la vida de las personas.
Además, refiere que la huelga general afectó a las labores escolares, el servicio público de salud y el transporte de pasajeros y carga.
'Mantener el paro o las movilizaciones violentas no conduce a nada más que a generar miedo en la población. Mantener el paro implica pérdidas económicas irreparables, perjuicios innecesarios entre los niños y los jóvenes que sin pasar clases se alienta una mayor discriminación educativa entre campo y ciudad', señala esa nota.
En el caso de Huanuni, apunta que el paro de los mineros conduce peligrosamente al colapso de esa empresa estatal, en particular del departamento de Oruro al que se le ocasiona daños económicos de magnitud incalculable.
Todos estos hechos, entre otros, no condicen con una sana práctica sindical y una movilización social reivindicativa, por el contrario, confieren a la misma el carácter de una acción desestabilizadora y antidemocrática, remarca la misiva.
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