El cabildo abierto realizado ayer en apoyo a los indígenas la IX marcha que permanece en La Paz desde hace diez días resolvió pedir a la Central Obrera Boliviana (COB) que convoque a una huelga general movilizada.
La masiva participación de organizaciones sociales, cívicas, obreras, universitarias y activistas ecológicos también exigió paros cívicos y bloqueos de calles hasta que las autoridades del Gobierno puedan abrir un diálogo donde participen los dirigentes de la IX marcha y les resuelva su plataforma de demandas.
Entre sus nueve peticiones, los movilizados exigen que el Gobierno haga cumplir la Ley 180 de respeto al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y abrogue la Ley 222, que establece la consulta “previa” en las comunidades del TIPNIS para que fijen la construcción de una carretera que pase por el núcleo de ese reservorio.
La resolución del cabildo fue leída en el proscenio que fue instalado en la plaza Mayor de la iglesia de San Francisco, luego de que la gente que se dio cita en el lugar exigiera a voz en cuello esas medidas extremas.
La docena de oradores que participaron del acto tuvieron que hacer eco de las voces de las miles de personas donde también hubo el compromiso de participar de las movilizaciones callejeras que se realizarán desde la próxima semana.
Segundo día de gasificación
Como antesala a esa reunión, miles de personas acudieron al llamado de una “marcha pacífica” por inmediaciones de la plaza Murillo, que está fuertemente custodiada por efectivos de la Policía boliviana para impedir el paso de los marchistas.
Sobre la calle Yanacocha e Ingavi los uniformados lanzaron gas lacrimógeno y rociaron agua a un grupo de personas que participaba de la marcha y que les lanzó tierra y piedras.
El Gobierno informó que ese altercado se saldó con nueve policías heridos. Del lado indígena se conoció que al menos un indígena fue enviado al hospital y una mujer se desvaneció por el gas, aunque sin mayores consecuencias.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que los dirigentes de la IX Marcha habían decidido el mediodía de ayer, “ingresar sí o sí” a plaza Murillo y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, calificó la movilización como una marcha política y que sus participantes buscan generar muertos.
No obstante, los dirigentes indígenas que se encontraban a la cabeza de la marcha, pedían calma a sus seguidores y pese a la gasificación, intentaron llegar lo más antes posible a la plaza San Francisco para evitar violencia.
El cabildo exigió también la renuncia de Romero y del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Los universitarios anunciaron que analizarán medidas a favor del TIPNIS.
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