Este temor persiste en todos a pesar de que el Gobierno aclaró, en los últimos días, que no está vigente el requisito del que se habló inicialmente que obligaba a los medios a enviar una carta de invitación a cada candidato, 48 horas antes de la entrevista, y reiteró que si los candidatos no asisten a la convocatoria el medio que efectúa este proceso no será sancionado.
Los medios estatales dieron a conocer ayer, en las emisiones habituales de Bolivia TV (Canal 7) y Radio Patria Nueva (93.5 FM), que en esta semana se efectuarán los sorteos de espacios y horarios para entrevistas, que también serán emitidas por el diario estatal Cambio y la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Esta convocatoria se emitió después que se conociera sobre la advertencia de inicio de un proceso penal contra el periodista de canal 7, Horacio Martínez, a quien sectores opositores acusaron de entrevistar solamente a algunos candidatos en desmedro del resto, lo que estaría vulnerando las disposiciones de la Ley de Régimen Electoral que establece que todos los candidatos deben tener la misma posibilidad de acceder a los medios de comunicación para dar a conocer sus propuestas electorales.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, estuvo en Cochabamba la anterior semana para participar en una reunión organizativa del proceso electoral del 16 de octubre, en la que estuvieron presentes todos los presidentes de los Tribunales Departamentales del país, y tras concluir ese encuentro informó que “los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, podrán invitar públicamente a los candidatos a los máximos puestos del Poder (Órgano) Judicial, para ser entrevistados. Y quienes deseen participar en la entrevista acudirán y quienes no, no están obligados a hacerlo”.
Además, la autoridad informó que si bien se dispuso que los medios de comunicación tienen los primeros 45 días para planificar, organizar y convocar principalmente a los candidatos a programas de entrevistas, esto debe realizarse “siempre guardando el principio de igualdad de oportunidades”.
Según explicó el director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, el reglamento establece que cada medio de comunicación debe cumplir “con la convocatoria pública a los candidatos de una determinada franja a participar de un determinado programa y el candidato es libre de asistir o no”. Precisamente este proceso será iniciado esta semana por los medios estatales.
El funcionario aseguró que los productos que resulten de esta convocatoria serán emitidos así no asistan todos los candidatos.
“Se realizan con la gente que asista. No se genera la posibilidad de que no se realicen las entrevistas por ausencia de alguno de los candidatos”, agregó.
La Ley de Régimen Electoral en su Artículo 82 habla de las prohibiciones que rigen para las elecciones judiciales y tratan específicamente de no hacer campaña ni a favor ni en contra de ningún candidato.
Fiscales contra las campañas en elecciones judiciales
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, instruyó a todos los fiscales del país que apliquen sanciones a quienes cometen delitos a tiempo de hacer campaña por el voto nulo en los próximos comicios judiciales del mes de octubre.
“Se ha emitido un instructivo de carácter general por el que se está ordenando a los señores fiscales de Distrito y de Materia que inmediatamente se verifique alguna acción que se adecue al tipo penal de la Ley Electoral deben proceder de oficio”, dijo Uribe.
El fiscal general recordó que el Ministerio Público es titular de la acción penal pública y son la instancia competente para instar cualquier proceso penal contra algún ciudadano que adecue su conducta al tipo penal que está descrito y es hasta privación de libertad.
La oposición reaccionó con desazón ante el anuncio de la Fiscalía General del Estado, según informó el senador Bernard Gutiérrez, los senadores de Convergencia Nacional buscarán una reunión con Uribe para pedirle independencia en sus acciones y que no someta sus decisiones al Gobierno.
“Lo que pasa es que el sistema de administración de justicia del cual forma parte el Ministerio Público tiene que estar al servicio de la ley, no al servicio del partido de Gobierno y éste es el tema que debe generar una profunda reflexión, hay que construir institucionalidad, ya basta de utilizar las instituciones del Estado al servicio de un partido”, dijo.
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