La revisión de documentación de precandidatos al Tribunal Agroambiental detectó que al menos 12 funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) presentaron como requisito un mismo certificado emitido por la entidad y los implicados cambiaron solo el lugar de emisión, denunció ayer la diputada Mayda Paz.
“Al iniciarse la tarde tomamos la decisión de retirarnos de la subcomisión porque vimos que aparecían certificados del INRA en todos los sobres y todos tenían las mismas características, y pareciera que solo han cambiado el nombre y el lugar de donde vienen, lo demás es lo mismo”, dijo molesta la legisladora.
Al final, el presidente de la subcomisión, Lucio Marca (MAS), decidió que los expedientes de todos los observados sean investigados para saber si hubo falsificación de documentos; las diputadas Mayda Paz y Norma Piérola consideran que los documentos presentados no son auténticos.
Ayer, la Comisión Mixta de Constitución inició la revisión de los documentos de 82 candidatos al Tribunal Agroambiental y el trabajo se dividió en dos subcomisiones, que atendieron 41 expedientes cada uno; en la primera mesa se presentaron 13 inhabilitados y un número similar en la segunda, lo que hace un total de 26 de 82 sobres revisados.
Paz dijo que el MAS incluso habilitó a candidatos que tienen pliegos de cargo de la Contraloría y bajo el argumento de que no hay sentencia ejecutoriada se decidió su aprobación. Algunos aspirantes, recordó, presentaron avales de organizaciones campesinas perfilando a su titular, pero que este no reunía los años de experiencia necesarios, “pero igual fueron habilitados, y eso nos parece una exageración”, refirió.
La diputada Marcela Revollo explicó que en su subcomisión se registraron irregularidades y dejó en manos de la población la elección de estas personas. “En algunos casos no les alcanzará ni siquiera los dos tercios del MAS para habilitar a sus candidatos”, refirió.
Sin especificar nombres, dijo que aquellos que son afines al oficialismo pasaron las pruebas sin dificultades; mientras que en otros casos se decidió la inhabilitación por algún documento que no presentaron.
El diputado Felipe Moreno (PPB-CN), que trabaja en la comisión de Justicia Plural, lamentó que en esta primera fase sólo se vea el cumplimiento de requisitos y no se investigue la veracidad de las declaraciones juradas porque, indicó, que los interesados pueden presentarlas, pero no se sabe si las mismas son evidentes.
Adelantó que ellos preparan la impugnación de al menos 50 candidatos que fueron habilitados porque señaló que muchos tienen antecedentes de ser parte del Gobierno y se postulan sin problemas; es el caso del hermano del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y su exesposa, Víctor Hugo Chávez y Virginia Crespo, que tienen el aval del oficialismo.
Pero la presencia de funcionarios del actual Gobierno es innumerable, porque al margen de los funcionarios del INRA se presentaron asesores de gobiernos municipales y directores jurídicos de entidades descentralizadas como la ABC, que tiene a Katia Lema Fernández como aspirante.
Los masistas no ven problemas y la titular de la Comisión de Justicia Plural, Sandra Soriano, afirmó que en esta etapa se verifica el cumplimiento de ciertos requisitos y no si los mismos son evidentes, y dijo que a partir del lunes se recibirán todas las impugnaciones.
Pero el diputado Franz Choque señaló que las impugnaciones son de ida y vuelta, y aquellas personas que consideren que fueron inhabilitadas de manera injusta pueden presentar su impugnación.
Canelas apoya la candidatura de asesores
Los familiares, asesores o exasesores de autoridades de Gobierno tienen todo el derecho de postularse a las elecciones judiciales del próximo 16 de octubre, dijo ayer el ministro de Comunicaciones, Iván Canelas.
"¿El hecho de que yo sea ministro de Comunicación anula la posibilidad que tenga mi hermano o mi hermana de cumplir una función pública mediante el voto?, ¿por qué razón el hecho de que yo cumpla una función de Gobierno va a anular las aspiraciones de mis familiares?, ¿cuál es la razón?", cuestionó el ministro, ante las observaciones a las postulaciones de asesores y familiares de autoridades de Gobierno.
Una vez iniciada la etapa de revisión de documentos de los candidatos a los cuatro estamentos del Órgano Judicial, se conoció que Víctor Hugo Chávez, hermano del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y Eusebio Gironda, exasesor del presidente Evo Morales, se postularon al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente.
Canelas enfatizó que tanto Chávez como Gironda tienen "el derecho a candidatear", siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en la convocatoria.
Moros y cristianos son habilitados
El asesor presidencial, Eusebio Gironda, por un lado, el abogado del empresario Branko Marinkovic, Erick Seifert, por otro, pasaron la primera fase de calificación de aspirantes al Órgano Judicial; ambos son candidatos al Tribunal Supremo de Justicia.
Para el segundo caso, no hubo mayores problemas y el abogado Seifert fue habilitado porque cumplía los 22 requisitos que exige el principal cuerpo judicial del país.
El problema surgió en la segunda mesa que estaba a cargo de revisar el expediente de Gironda; para este caso, el MAS presentó al jefe de bancada, Edwin Tupa, que ‘apareció’ justo cuando se iba a leer el nombre de Gironda.
Tupa impartía instrucciones a los diputados que revisaban ese expediente y tuvo un enfrentamiento verbal con Felipe Moreno, porque este insistía en revisar todos los documentos del asesor. Se informó de que Gironda se retiró hace más de tres meses y ahora desempeña una cátedra en la UMSA de La Paz.
“Si vas a revisar así todos los documentos, entonces que sea con todos”, espetó Tupa a Moreno, y este respondió: “Solo reviso el cumplimiento de requisitos”. Para calmar los ánimos se acercó la presidenta de la comisión y dijo que ellos habían habilitado en su mesa al abogado de Branko Marinkovic, Erick Seifert, “sin muchos problemas”.
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