19 junio 2011

Masistas dicen que en 5 años Evo no cambió nada

El autoritarismo, la represión, las violaciones a la Constitución Política del Estado, la falta de independencia de poderes, el modelo extractivista y la situación de pobreza y precariedad de la población, han caracterizado estos cinco años al Gobierno del presidente Evo Morales, según un manifiesto de un grupo de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), que afirman que en el país no cambió nada y piden recuperar el proceso que se inicio en 2006.

El documento firmado por el exconstituyente Raúl Prada; el exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz; el exembajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán; entre otros, afirma que hoy la gran mayoría del pueblo boliviano se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre.

“Pareciera que los que más mejoraron son los que siempre estuvieron bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. El gasolinazo del 26 de diciembre ha evidenciado que la gestión económica de este Gobierno se dirige a reproducir y restaurar las viejas estructuras que mantuvieron históricamente al país en la pobreza y la opresión, y no a la construcción de otras nuevas, justas y liberadoras, como es el mandato del pueblo boliviano”, se lee en el manifiesto.

El grupo afirma que la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1 de mayo de 2006, se redujo a la sola recuperación de los sectores secundarios del transporte y la refinación; mientras que YPFB no opera, salvo alguna posible excepción irrelevante, ningún campo hidrocarburífero en producción.

Tampoco, dicen se muestra la voluntad de imponer su estrategia y hacer prevalecer los intereses nacionales frente a las empresas contratistas, como correspondería en ejercicio del inalienable derecho propietario del Estado, honrando el discurso de “socios no patrones”.

En el documento también hacen referencia a las reservas internacionales, que alcanzan a los 10.700 millones de dólares, asegurando que el beneficio que el país, y particularmente sus sectores sociales mayoritarios, obtiene de ese dinero es escaso y dudoso, mientras es evidente y destacado el obtenido por el capital financiero transnacional.

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