La Policía beniana y la Fiscalía de Riberalta allanaron los domicilios de dos líderes de esa región, entre ellos de la exasambleísta departamental Lola Tabo, quien horas antes de ese hecho había denunciado haber sido presionada por el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, para que se autoincrimine en el caso soborno que incluye a varios asambleístas que aprobaron una ley departamental que favorece al gobernador Ernesto Suárez.
Por la aprobación de esta ley, ayer el Gobernador beniano recibió una nueva citación de la Fiscalía, para que se presente a declarar el próximo miércoles 8 y responda por la comisión de varios delitos.
Según representantes de la Gobernación beniana, es la octava denuncia que Suárez tiene en contra, por las que viene respondiendo en la Fiscalía. La autoridad rechazó las acusaciones y aseguró que todo es parte de una tramoya para alejarlo del cargo.
Para conocer su respuesta sobre las denuncias de Tabo, Los Tiempos buscó ayer a Quintana, pero la responsable de Comunicación de Ademaf dijo que el Director no haría ninguna declaración sobre el tema.
Tabo Camaconi, actual secretaria de Desarrollo Amazónico de la Gobernación, denunció que la tarde del martes, cerca de las 18:00, policías junto a un fiscal ingresaron a su casa con orden expedida dentro de la ampliación de investigaciones por el presunto caso de soborno contra varias personas, y que citaron a su esposo para que se presente el próximo 9 de junio a las 9:00 en la Fiscalía en Trinidad para prestar declaraciones informativas acompañado de su abogado.
La exasambleísta dijo que en el allanamiento se llevaron dos motocicletas y el CPU de la computadora de su hija. Además, tomaron fotografías de todo lo que hay dentro de su vivienda.
Tabo mencionó que le resulta extraño que citen a su esposo, que no cumple ninguna función pública ni está relacionado con la Asamblea Legislativa.
Ese mismo día, la Fiscalía también allanó el inmueble de otro asambleísta departamental en Riberalta, con la misma orden.
Tabo negó haber recibido dinero para favorecer a Suárez, ya que el 24 de febrero dejó de ser asambleísta, pues la Corte Electoral suspendió su credencial. “Pese a estas acciones contra mi familia, me ratifico en lo que denuncié sobre el señor Quintana, quien me citó con engaños, y en ese encuentro me advirtió que esta semana sería detenida, iría a la cárcel si no confesaba que recibí dinero”, reiteró Tabo.
La representante indígena dijo que pese a las pruebas del amedrentamiento, no iniciará acción legal, ya que no confía en la justicia después de ver todos los atropellos y persecución que están sufriendo quienes no están con el Gobierno.
La exasambleísta supuestamente está en una lista de seis asambleístas de los que se sospecha que recibieron dinero a cambio de su voto para aprobar la Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales Electas, en la que se establece que estas autoridades sólo pueden ser suspendidos o destituidos de sus funciones con sentencia ejecutoriada.
Otra citación
J La nueva citación que la Fiscalía de Distrito de Beni emitió en contra del gobernador Ernesto Suárez es por la aprobación de una ley departamental que lo favorece.
J Supuestamente esa norma fue aprobada gracias a que varios asambleístas fueron sobornados.
J El Gobernador Ernesto Suárez debe declarar el próximo miércoles.
Costas y Suárez no viajan
Los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez, y de Santa Cruz, Rubén Costas, tuvieron que suspender los viajes de trabajo que tenían programado realizar, por las medidas cautelares que les impusieron jueces dentro procesos judiciales a los que responden por separado y por varios delitos.
Suárez suspendió el viaje que debía realizar ayer a las provincias del norte beniano para entregar sillas de rueda a personas con discapacidad física, y Costas a Chile, a una reunión de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).
El Gobernador beniano, quien tiene arraigo y detención domiciliaria, en conferencia de prensa informó que el 25 de mayo presentó un memorial pidiendo a la juez Narda Vega, que le impuso esas medidas, especificar la jurisdicción en la que puede moverse para desarrollar su trabajo, toda vez que el arresto que cumple es con permiso para trabajar bajo custodia policial.
Dijo que a la fecha no recibió una respuesta de la juez, por lo que viene cancelando todos los viajes que tenía programados hacia las provincias. En el caso del Gobernador cruceño, quien tiene arraigo, sus abogados informaron que con la debida anticipación, el 23 de mayo, se solicitó la suspensión temporal para que pueda viajar hoy a Chile. No obstante, la audiencia para considerar la petición se fijó para el viernes.
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