El Gobernador del Beni llegó hasta su despacho a las 8:20 horas de este martes sin custodia policial luego que la jueza Narda Vega determinó, el lunes, su arresto domiciliario con derecho al trabajo, además de otras medidas sustitutivas.
“No me han asignado los custodios, no hemos determinado cuáles son las horas de trabajo hablaremos con la señora jueza para ver qué posibilidades de que no se limite el movimiento normal que tengo, yo no soy Alcalde, el Gobernador tiene que atender todo el departamento y mi responsabilidad es llegar a las provincias y voy a llegar”, afirmó el Gobernador.
Ernesto Suárez es investigado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como Prefecto del Departamento en la erogación de recursos para la reparación de un generador eléctrico en la población de San Borja.
A esas medidas se suma el arraigo nacional, dictaminado en agosto del año pasado, contra la autoridad por presunta malversación de fondos en la organización del referéndum por el estatuto autonómico el año 2008.
APOYO El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó ayer que se solidariza con su similar beniano, Ernesto Suárez, por las medidas sustitutivas que le otorgaron y le asegura que le brinda su apoyo para seguir en la lucha.
“Me comuniqué con Ernesto (Suárez), y lo noté más fortalecido por el apoyo que ha tenido de su pueblo de forma extraordinaria, situación que me dejó más tranquilo al ver esos ánimos, porque ya son pocas las personas que quedan y que siguen firmes, dispuestos a dar la vida por su lucha”, señaló Costas, según difundió en su página web, el diario El Día de Santa Cruz.
Súarez Sattori y Costas, acusaron, en reiteradas oportunidades, al Gobierno de manipular a la Justicia, para “amedrentar” a sus opositores políticos.
RESPUESTA El ministro de Comunicación, Iván Canelas, aseguró el martes que la sanción al gobernador de Beni, Ernesto Suárez, y al asambleísta departamental del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Navia, por un presunto hecho de corrupción, es un asunto judicial, no del Gobierno nacional.
“La persecución política es siempre la excusa que utilizan las personas que fueron denunciadas por actos de supuesta corrupción, lo que no se dice es que en esa misma decisión de la justicia está involucrado el jefe de la bancada del MAS en la Asamblea Departamental, Carlos Navia, quien también tiene detención domiciliaria”, dijo. Agregó que sobre Navia también pesa la obligación de pagar una fianza de 50.000 bolivianos.
Canelas aseveró que el Gobierno “no sólo es respetuoso de las determinaciones de la justicia, sino también es drástico al exigir la investigación de todos los casos de corrupción sea quien sea, sea militante, autoridad o dignatario el involucrado".
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