Una juez de esta capital rechazó, este miércoles, el pedido de detención preventiva contra el empresario Samuel Doria Medina y otras tres antiguas y actuales autoridades de la Universidad San Francisco Xavier, por la supuesta firma irregular de un contrato con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), hace más de diez años, para la administración de Fancesa.
La juez Ximena Mendizábal aprobó, no obstante, el arraigo nacional contra Doria Medina y el ex rector Jaime Robles, mantuvo la detención domiciliaria a Jaime Barrón, y dispuso la libertad irrestricta del actual rector Wálter Arízaga.
El fallo hizo notar que en el caso de Jaime Barrón, éste ya cuenta con una medida cautelar de detención domiciliaria ordenada dentro de otro juicio penal, relacionado con el caso "24 de mayo".
Doria Medina y Robles deberán presentarse ante un juzgado cada veinte días, mientras que Barrón mantendrá la medida cautelar impuesta anteriormente en el proceso mencionado, según señala el fallo.
La Fiscalía de Chuquisaca había presentado una acusación por los delitos de daño económico al estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y conducta antieconómica, delitos tipificados en el Código Penal.
La defensa individual de los imputados rechazó esa solicitud bajo el argumento de que ninguno de ellos pretendía eludir el proceso y demostrar que todos cuentan con domicilio legal en el país, además de que tienen ocupaciones laborales en el territorio nacional.
MANTENER LA FE: Al término de la audiencia, el empresario Samuel Doria Medina participó de un pequeño mitin con sus seguidores, en el cual pidió a los bolivianos "mantener la fe en el país" y no caer en actitudes de revancha, al tiempo que vaticinó que el Gobierno del MAS no podrá mantenerse por tiempo indefinido en el poder.
Doria Medina dijo también que los chuquisaqueños "deben seguir confiando en Sucre", pues sostuvo que el proceso contra Soboce estaba argumentado por "gente que no es de Sucre".
El empresario hizo énfasis en que Fancesa mostró índices de crecimiento durante la década que tuvo como socia a Soboce, al desvirtuar las acusaciones de que la empresa chuquisaqueña hubiese sufrido algún daño a raíz de la administración compartida con la Universidad.
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