La jueza Narda Vega determinó ayer arresto domiciliario para el gobernador del Beni, Ernesto Suárez Sattori, investigado por supuestas irregularidades cometidas en la compra de un generador eléctrico durante su gestión como prefecto de este departamento.
En la misma audiencia de medidas cautelares, la administradora de justicia dispuso el arraigo del también ex prefecto beniano Carlos Navia, actual asambleísta por el Movimiento al Socialismo (MAS). Navia también debe cumplir arresto domiciliario con derecho al trabajo y tiene que pagar una fianza de 50 mil bolivianos.
El Ministerio Público consideró que ambas personas cometieron delitos al entregar recursos económicos destinados a la reparación de un generador de energía eléctrica para la población de San Borja entre 2005 y 2006.
El alcalde de San Borja de ese entonces, Ronald Tobías, también debió ser sometido a la audiencia cautelar pero no pudo ser notificado.
En el caso de Suárez, el fallo judicial establece que podrá salir de su domicilio sólo para cumplir su trabajo en la Gobernación.
Al Gobernador beniano se lo acusa por daño económico en la compra de motores de electricidad. La imputación fue presentada por el fiscal de Materia Orlado Riveros Baptista, quien solicitó a la justicia la detención domiciliaria, arraigo y una fianza económica de 70 mil bolivianos.
“La Jueza ha determinado la detención domiciliaria con derecho al trabajo, es un absurdo, creo que la intención que hay por detrás es continuar sacando a las autoridades electas, esto afecta profundamente la democracia”, manifestó Suárez tras la audiencia, según el despacho de radio Fides Trinidad.
Suárez mencionó además que seguirá trabajando porque fue el pueblo quien lo eligió.
“Vamos a seguir trabajando, tratan de amedrentarme como si fuera a huir del país, yo no voy a huir”, agregó la autoridad.
El Gobernador reiteró que en el caso Motores se lo quiere castigar sólo por “entregar recursos para que el municipio de San Borja componga un motor de luz y esa población tenga energía eléctrica”.
Además del derecho al trabajo, el fallo de la jueza incluye escolta policial y una fianza económica de 50 mil bolivianos. Medidas que se suman al arraigo dispuesto en otro caso que le sigue el Estado.
De ser acusado formalmente, Suárez deberá abandonar el cargo de gobernador de Beni, de manera temporal, hasta que finalice todo el proceso en su contra.
APOYO A SUÁREZ
De acuerdo con la información, cerca de un millar de seguidores del Gobernador se concentró en la Corte de Distrito de Justicia en Trinidad durante y después de la audiencia cautelar, que duró desde las 15.45 hasta las 18.00, para expresar su apoyo moral a la autoridad beniana.
El Gobernador, dirigiéndose a sus correligionarios, manifesó que si “lo encarcelan, no podrán hacerlo con sus principios”.
“Lo que nunca van a poder encarcelar son nuestros principios y nuestra libertad para poder pensar y decir lo que sentimos (…) Queridos amigos, muchas gracias y vamos a seguir; esto no para aquí, vamos a seguir luchando”, declaró.
La primera autoridad del Beni también enfrenta una acusación por su presunta responsabilidad en los delitos de daño económico al Estado y de uso de influencias en la construcción de un embarcadero fluvial.
Según el detenido, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, está detrás de este proceso con el objetivo de tomar la Gobernación.
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