La prohibición total de hacer campaña que la ley impone a los candidatos a máximos magistrados en Bolivia, que afectará a la prensa, a internet e incluso al uso de teléfonos, ha generado una polémica que arreció hoy entre la oposición, las asociaciones de periodistas y el presidente Evo Morales.
El Congreso, dominado por el oficialismo, anunció que en las próximas horas debatirá el reglamento de esa ley, mientras que Morales ratificó la prohibición de hacer campaña para esos comicios, que se celebrarán por primera vez en Bolivia en octubre próximo, en fecha aun no determinada.
"No habrá campañas. Si harían campaña otra vez, ya sería el inicio de la corrupción (...) El origen de la corrupción son las campañas electorales", ha dicho el mandatario, quien cree que de esta forma se brinda a los candidatos a magistrados una igualdad de oportunidades.
La ley establece que ninguna persona ni institución podrá realizar "campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular", y que no acatarlo tendrá consecuencias penales.
La ley prohíbe a los aspirantes a los máximos órganos judiciales (Supremo y Constitucional, entre otros) manifestar opiniones en foros públicos o en medios de comunicación, así como conceder entrevistas, y advierte que serán "inhabilitados" los medios que emitan lo que el Gobierno considere propagada.
El Movimiento Sin Miedo, partido de izquierda que lidera el exalcalde de La Paz Juan del Granado, aliado de Morales hasta hace un año, pidió hoy que se modifiquen los artículos de la norma que "violan el acceso a la información" y otros sobre el procedimiento para elegir a los magistrados de los supremos tribunales.
Del Granado declaró hoy a radio Erbol que si bien aprueba que no haya una campaña de tipo partidista, critica que la norma imponga "candidatos mudos" y "medios de comunicación silenciados", con el riesgo de que tener "un electorado desinformado que no sepa qué cosa está votando o quiénes son los candidatos".
Para los comicios de octubre habrá papeletas con una lista de aspirantes que serán previamente calificados por la amplia mayoría oficialista de la Asamblea.
La diputada Marcela Revollo, esposa de Del Granado, dijo con ironía que las palabras de Morales ligando las campañas con la corrupción parecen ser una autocrítica, porque "él se ha dedicado seis años a hacer campañas políticas y no gestión".
La oposición también denuncia que el oficialismo pretende que el reglamento de la ley otorgue primacía en la calificación a los abogados indígenas, mientras que cierra el paso a los que hayan defendido, aún legítimamente, a acusados de narcotráfico, separatismo o terrorismo.
La Asociación Nacional de la Prensa, que agrupa a los dueños y directores de los diarios bolivianos, afirmó hoy que "toda censura a la libertad de expresión es un golpe a la democracia".
El secretario ejecutivo de dicha asociación, Juan Javier Zeballos, declaró a Efe que la polémica ley "vulnera la libertad de expresión", pese a que su fin sea dar igualdad de oportunidades a los candidatos a magistrados.
Añadió que la asociación ha pedido al Congreso que cambie los artículos de la norma que censuran y amenazan a los medios, a Internet y a los mensajes por teléfono, preocupación que también han manifestado organismos y entidades internacionales.
Un dirigente de la Asociación de Periodista de La Paz, Antonio Vargas, dijo que la ley se excede en su propósito inicial porque, "lejos de equilibrar la situación de los candidatos, lo que hace es introducir al votante en un cuarto oscuro, absolutamente carente de toda información".
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