El asambleísta departamental de Beni Óscar Nacif (MNR) confesó ayer haber sido sobornado con $us 70.000 por un funcionario de la Gobernación de Beni.
Nacif se presentó ante las autoridades para confesar el caso tipificado como cohecho pasivo, devolviendo la suma de $us 70.000 que le habría sido entregado para aprobar la Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales.
El asambleísta indicó que en abril pasado recibió la suma de $us 35.000 para aprobar dicha norma, el resto del dinero le fue entregado después de la promulgación que hizo el gobernador Ernesto Suárez.
La información fue dada a conocer en una conferencia de prensa que el asambleísta realizó con el comandante departamental de la Policía, coronel Víctor Maldonado, el fiscal de Distrito de Beni, Hugo Vargas, y la fiscal Silvana Rojas.
Tras la entrega del dinero, las investigaciones continuarán, señaló el comandante de Policía, y para ese efecto se llamarán a algunas personas involucradas para que presten su declaración, ya que existiría alguna relación del mismo tipo con otros asambleístas.
Ahora la investigación apunta a quién o quiénes serían los beneficiados con la aprobación de esta ley y quiénes son los que han otorgado los recursos económicos y qué autoridades están involucradas en estos sobornos, apuntó Maldonado.
Lo raro de esta denuncia es que el asambleísta Nacif tardó cuatro meses para denunciar el hecho, que según él, fue porque se dieron los casos de las aprehensiones y detenciones a supuestos implicados y a raíz de ello es que se arrepiente de recibir dicho monto de dinero que, en una primera instancia, dijo que lo encontró bien, pero después le remordió la conciencia y lo dio a conocer al Ministerio Público.
Consultado por la prensa si fue ‘Rony’ Paz fue el que le entregó el dinero, Nacif se mantuvo callado.
Por su parte, el fiscal de Distrito, Hugo Vargas Palenque, manifestó que lo que busca el Ministerio Público es llegar a la verdad histórica de los hechos y a las personas que están involucradas; de igual manera destacó lo que consideró valor civil del asambleísta al denunciar el hecho y conminó a las personas que hubieran sido objeto de iguales sobornos a denunciarlos, ya que tenían conocimiento de que serían más.
Al respecto el senador Fidel Surco (MAS) pidió a la Contraloría, al Ministerio de Lucha Contra la Corrupción y al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este soborno, aunque adelantó que el gobernador Ernesto Suárez es el directo involucrado.
"En estos casos debería asumir el rol importante el Ministerio Público, ya está este caso en el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Contraloría General del estado, de oficio, deberían iniciar un proceso porque se malgastan recursos del pueblo", señaló el asambleísta.
Ayer, la senadora del MAS Sonia Guardia, anticipó la petición de un informe al gobernador Ernesto Suárez, por las denuncias de soborno a asambleístas departamentales.
Rembolso no lo exime del cohecho
Ana María Cortez | Exministra de Justicia
Cuando las cosas son de frente no hay que tener desconfianza, pero que ahora aparezca, quienquiera que sea, a devolver dinero que supuestamente recibió hace varios meses, como soborno, nos plantea varias dudas, que el Ministerio público debe investigar.
En un soborno, jurídicamente hablando, hay dos actores, el que da (cohecho activo) y el que recibe (cohecho pasivo); los dos cometen delito y por eso digo que el rembolso del dinero no lo exime de la pena que se le vaya a dar. Ahora lo que el Ministerio Público tiene que hacer es averiguar por qué está haciendo esta devolución, con qué propósito y a quién beneficia.
Me parece una falta de tino que el fiscal hubiera destacado el valor civil del personaje, ya que de cualquier manera no puede ser objeto de ninguna congratulación.
Para saber
- El 3 de marzo, la Asamblea Legislativa Departamental, que contó con el cuórum correspondiente, sin la presencia de los asambleístas del MAS, se aprobó la Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales en detalle y en revisión, la misma que fue promulgada por el gobernador Ernesto Suárez Sattori.
- La fiscal Silvana Rojas investiga un primer caso de supuesto soborno denunciado por dos asambleístas, presuntamente, para frenar una reconsideración de la norma.
- En dicho caso hay cuatro personas con detención preventiva y una con arresto domiciliario. Entre las personas que tiene detención preventiva está Ronny Paz.
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