La alcaldesa de Oruro, Rocío Pimentel, dijo este lunes que el Gobierno "nunca la perdonó" que en las elecciones del 4 de abril del 2010, le ganara las elecciones al candidato del MAS, Félix Rojas, pues a causa de esta situación existirí un afán de sacarla del cargo, mediante un proceso penal.
La alcaldesa electa del Movimiento Sin Miedo, Rocío Pimentel fue denunciada por el presidente del Concejo Municipal, Germán Delgado el 3 de mayo pasado, por la designación "directa" un Delegado Municipal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Pimentel fue citada ayer por el Ministerio Público a declarar por el presunto delito de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes.
"Siempre hubo afán político, nunca me perdonaron haberle ganado a su candidato ellos tenían la seguridad de ganar, pensaban que los orureños éramos ovejitas que esta plaza era del oficialismo pero los orureños hemos salido con dignidad", dijo Pimentel a la red Unitel.
La alcaldesa señaló que durante este año de funciones sufrió persecución, seguimiento a sus padres que son de la tercera edad y a sus mis hermanos."Hubo intentos de toda naturaleza y no lo lograron, porque esta ciudadana no roba , en Oruro se acabaron las coimas, prebendas y diezmos que afectó al negocio de muchos que se han aliado a la lógica de sacar a la alcaldesa", sostuvo.
Pimentel dijo que no existe transparencia en su proceso, al considerar que "cuando hay una instrucción política para afectar algún interés no hay ninguna acción jurídica que se respete. Señaló que es bueno que la población sepa de este atropello contra la alcaldía de Oruro. Señaló que si se emite imputación en su contra se deberían hacer lo mismo contra todos los alcaldes del país, que nombraron delegados de transparencia. "La justicia es diferente para unos y otros", dijo.
El jueves , el alcalde de La Paz Luis Revilla dijo que no será "nada raro" que en los próximos días haya "una instrumentalización de la justicia" en su contra, porque existe una corriente masista que en vez de buscar trabajar con las autoridades municipales, o, departamentales "busca generar conflictos, perjudicar a regiones y ciudades, llevando adelante estos procesos".
Durante la semana, la justicia determinó detención domiciliaria con derecho al trabajo y arraigo contra el gobernador de Beni Ernesto Suárez, por la compra de un generador de electricidad.
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