07 marzo 2011

La FAM propone cuatro ejes de financiamiento

Según Diego Urioste, técnico del Servicio de Información y Análisis de la Gestión Municipal (SIAM) de la FAM: “El pacto fiscal es un proceso mediante el cual se redistribuyen los recursos estatales para asegurar una mejor y más equitativa distribución enfocándose en la prestación de servicios públicos de calidad para la totalidad de la población boliviana”.

Tras la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) se dio un nuevo impulso a la formulación y puesta en marcha de este pacto fiscal.

Plan. La Federación elaboró una propuesta con cuatro ejes para concertar con el Gobierno la redistribución económica.
En primer lugar se propone el financiamiento equitativo de los impuestos pagados con Notas de Crédito Fiscal entre los niveles de Gobierno.

Por otra parte, el pago de la Renta Dignidad debe reordenar sus fuentes de financiamiento y al menos rebajar el porcentaje asignado a los niveles subnacionales para su pago. Actualmente, parte de los recursos ediles se destinan a cancelar este beneficio.
En tercer lugar, cualquier financiamiento extra que precise ingresos de las competencias subnacionales, deben originarse de fondos administrados por el Tesoro General de la Nación, pues el nivel central del Gobierno administra el 60 por ciento de los recursos generados por los tributos y las regalías del Estado. Esto no debe afectar las obligaciones estatales.
Por último, es necesario reglamentar la utilización del Impuesto Directo a los Hidrocarburos como variable financiera necesaria para la compensación de desequilibrios y optimización de la inversión pública.

Plazos. Según la disposición dcimoséptima de la Ley Marco de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación a la asignación y el ejercicio de las competencias locales.

Según esta norma, la propuesta estatal debe estar lista en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados del Censo de Población y Vivienda.

Está previsto que durante el segundo semestre de esta gestión se realice el censo en Bolivia. Es decir, la propuesta gubernamental debería estar lista el 2012.

El plan deberá ser presentado al Consejo Nacional de Autonomías y luego será concertado.

Pacto tras el censo del 2012

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, participó en el diálogo “Lineamientos estratégicos para la construcción de un Pacto Fiscal”, realizado la semana pasada en la ciudad de Santa Cruz. La autoridad estatal planteó la necesidad de establecer un Pacto Fiscal después del Censo de Población y Vivienda, aunque, serán necesarias otras normativas como la Ley de Clasificación de Impuestos, cuya aprobación está prevista para mediados de este año.

La experiencia española

n Dos expertos españoles dieron a conocer sus experiencias de pacto fiscal durante el diálogo “Lineamientos estratégicos para la construcción de un Pacto Fiscal”, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz.

El encuentro sirvió para generar algunas pautas sobre la estrategia municipalista de implementación del pacto fiscal en Bolivia, en el marco de la construcción del nuevo Estado Plurinacional Autonómico.

Los disertantes: Joaquim Solé, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona; y Fernando Gurrea, director General de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de España, relataron la experiencia de su país sobre la distribución de recursos y definición de competencias de los gobiernos autónomos.

Gurrea explicó que su país encaró el proceso autonómico hace 30 años y las competencias fueron evolucionando en el transcurso del tiempo, haciendo más corresponsables a las administraciones en la gestión de los tributos. Explicó que se destinan los recursos a “corregir” desigualdades entre los territorios, apoyar a los más desfavorecidos y equipararlos en relación a otros.

Por su parte, el profesor Solé, manifestó que un Estado no debe depender de los impuestos que provienen de las extracciones de hidrocarburos, al contrario, debe diversificar sus ingresos en otros rubros; turismo, desarrollo productivo y otros.

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