Política: Vicepresidente y Canciller expresan sus diferencias en el Órgano Ejecu-tivo. El titular de la Cáma-ra Baja tiene otra función.
Álvaro García Linera, David Choquehuanca y Héctor Arce lideran actualmente las tres tendencias internas más fuertes en pugna por el liderato del MAS. Un escalón por encima se encuentra Evo Morales, al que corresponde la toma de decisiones en última instancia, aunque no por ello escapa o es inmune a la lucha política interna.
García Linera es el hombre que tiene bajo su responsabilidad el manejo de la economía nacional. En un reciente acercamiento con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia definió la línea gubernamental hacia el sector privado: “Los necesitamos”.
El Conamaq y el Comité Cívico Potosinista exigieron la convocatoria a un referendo revocatorio del mandato de García Linera, a quien acusaron de ser el artífice de la elevación de los precios de la gasolina y el diésel. El Vicepresidente guardó silencio, pero en sus siguientes apariciones públicas aseguró que no se incrementará el valor de los carburantes en el mercado interno.
Choquehuanca, que impuso su opinión para abrogar el “gasolinazo”, contaba con el apoyo del aparato orgánico masista, pero organizaciones sociales y la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) paralizaron sus actividades políticas y ahora se dedican a administrar los espacios de poder que les corresponde en el aparato estatal.
Una de las ministras recientemente designadas se alinea detrás de Choquehuanca, aunque su labor tiene que ver con el manejo de la economía nacional.
Según un dirigente masista que pidió reserva en torno a su identidad, los dirigentes de los movimientos sociales optaron por no convocar a ampliados y menos a congresos para evitar ser destituidos y perder poder.
Héctor Arce formó parte del grupo de Manuel Morales Dávila, pero tanto por su proximidad a Evo Morales como por los espacios de responsabilidad que adquirió, creó su propia sensibilidad interna. Junto con un Viceministro son los responsables de coordinar actividades con el Órgano Judicial y bajo su responsabilidad ha quedado la designación de los vocales electorales.
El ex senador Antonio Peredo Leigue es otro de los líderes masistas, pero su espacio de poder se ha restringido. No se le dio la posibilidad de ser reelegido y, prácticamente desde el llano, defiende a su hijastro Carlos Núñez del Prado por el caso del “video-coima”.
García Linera y Choquehuanca van por líneas políticas e ideológicas distintas y se enfrentan en el seno del gabinete, en tanto que Arce desarrolla su labor en los ámbitos legislativo y judicial.
Todavía no ha surgido un competidor del Presidente de la Cámara Baja en la Asamblea Plurinacional.
Evo Morales tiene la última palabra para resolver todos los disensos internos, pero cuando se produjeron las protestas por el alza del costo de la vida, perdió autoridad y su imagen se desgastó, y no se ha recuperado por completo.
Las relaciones con EEUU
El esfuerzo del canciller David Choquehuanca por regularizar las relaciones con Estados Unidos no es bien visto por algunos masistas, que abrazan la línea marxista, revelaron tanto un dirigente masista como un diplomático del país del norte.
El 1 de junio del año pasado, después de entrevistarse con el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, Choquehuanca sostuvo que “estamos trabajando, no son sólo buenas intenciones, hay avances concretos con Estados Unidos. Yo me animaría a decir que hemos avanzado más del 99, 9 por ciento para la firma de este nuevo acuerdo marco de respeto mutuo”.
Esas expresiones de optimismo causaron una fuerte reacción interna en el MAS. A partir de ese momento, Choquehuanca comenzó a perder espacio en el partido de Gobierno, aunque recuperó influencia cuando se produjo la pugna por la abrogación del incremento de precios de la gasolina y el diésel.
El informante masista reveló que se comenta que el Canciller está empeñado en regularizar relaciones diplomáticas con Washington para ser designado embajador en el país del norte, pero previamente quiere llevar lo más lejos que sea posible las negociaciones con Chile por el tema marítimo.
Los cocaleros son la base
Los afiliados a las seis federaciones del trópico cochabambino mantienen su estructura política orgánica intacta. Evo Morales sigue siendo el presidente del Consejo Ejecutivo y las actividades sindicales son regulares.
Los cocaleros del Chapare tienen representación en el Órgano Ejecutivo a través del ministro de la Presidencia, Óscar Coca, y en la Asamblea Legislativa con senadores y diputados. El último espacio de poder que conquistaron es la Procuraduría General del Estado.
Evo Morales asegura que ejerce simbólicamente la Presidencia de las seis federaciones y que las decisiones son tomadas por dirigentes ejecutivos que residen en el sector y que acatan las instrucciones de sus bases.
Este sector se caracteriza por la disciplina, pero después de la promulgación del Decreto Supremo 748, que dio lugar al alza de los precios de la gasolina y el diésel, los campesinos de base se mostraron dispuestos a lanzar un bloqueo de caminos en esa región, por la que atraviesa la carretera principal del país.
Después de ese amago de rebeldía ante el Gobierno, los cocaleros del Chapare no volvieron a pronunciarse, pero quedó constancia de su rechazo a la medida.
“Video-coima” angustia a Ministro
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, sufrió un ataque de angustia al conocer que se difundió el video en el que se ve cómo Ignacio Villa Vargas, “testigo clave” del caso Rózsa, recibía 31.500 dólares para que abandonara el país después de delatar las actividades del grupo irregular desbaratado la madrugada del 16 de abril de 2009.
El Ministro fue la única autoridad de ese despacho que se mostró en público para exigir una profunda investigación del caso a fin de que las autoridades llamadas por ley determinen si esa grabación es o no un montaje y quiénes son sus protagonistas.
El caso se mantiene actualmente en proceso, aunque los dos sindicados de sobornar a Villa Vargas todavía no han prestado sus declaraciones informativas ante la comisión de fiscales conformada para el efecto.
El caso salpicó, incluso, a la Defensoría del Pueblo, pues Carlos Núñez del Prado, uno de los presuntos participantes en la entrega del dinero, desempeñó funciones en ese organismo entre julio de 2010 y el 14 de enero de 2011.
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