Las víctimas de violencia política durante los gobiernos dictatoriales y los llamados constitucionales que violaron sistemáticamente los derechos humanos exigen que el Estado los reconozca y escuche su demanda. Una demanda cuya atención se hace esperar.

La presente nota fue editada por Cambio por razones de espacio. El autor refleja en ella su opinión y la demanda de los presos políticos que piden ampliar la Ley de Resarcimiento.

José Hurtado Gonzales

UNEXPEB

Decimos los alcances limitados de la Ley 2640, promulgada el 11 de marzo de 2004, más su reglamento aprobado por DS 28015 (22-02-05), cuya aplicación comprende desde el 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982. Esta norma concede un resarcimiento justo de parte del Estado boliviano para todas las víctimas de la violencia política desatada por todos los gobiernos inconstitucionales. Y ¿qué de los gobiernos constitucionales que también masacraron? He aquí algunos ejemplos: El 10 de marzo de 1940 se realizan elecciones nacionales, de las que es ganador el candidato de la concordancia general Enrique Peñaranda, que asume la presidencia el 15 de abril de ese año. En la Navidad de 1942, los trabajadores mineros se encontraban movilizados exigiendo mejoras salariales y pago de aguinaldo.

El conflicto se agravó en las minas del grupo Patiño (Catavi y Siglo XX). La mañana del 21, una columna de obreros de Siglo XX marchó hacia las oficinas de la administración de Catavi. Intentando detener la huelga, un coronel de apellido Cuenca conminó a los trabajadores a volver a sus labores. Fue entonces cuando las tropas del Ejército apostadas en cerros aledaños comenzaron a disparar contra los manifestantes causando un número indeterminado de muertos y heridos. El Gobierno reconoció 21 víctimas, entre ellas María Barzola. Según testigos del hecho, unos 40 cadáveres fueron llevados en camiones con destino desconocido. Este Gobierno antiobrero fue derrocado el 20 de diciembre del año 1943.

El 10 de marzo de 1947, Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia asumieron la Presidencia de la República como resultado de las elecciones realizadas en enero. Este Gobierno actuó en favor de los grandes consorcios mineros, amparados por las autoridades del Ministerio de Trabajo en contra de la clase trabajadora y en especial del sector minero. Prueba de ello es el despido masivo de trabajadores en Catavi. Ante la protesta social, las autoridades desplazaron tropas del Ejército en las inmediaciones de este distrito.

Tras la renuncia de Hertzog, Mamerto Urriolagoitia amenazó y advirtió de que gobernaría con mano dura. No faltaron las persecuciones y confinamientos a sus opositores. En noviembre de ese año se realizó un ampliado nacional de dirigentes sindicales mineros, frente a lo que Urriolagoitia ordenó que la Policía desbaratase o hiciera fracasar la reunión y detuviese a sus integrantes. Mario Tórrez, Guillermo Lora, Nelson Capelino, César Toranzos y muchos otros dirigentes fueron tomados presos y exiliados luego a Chile. Efectivos del Ejército restablecieron el orden con un saldo trágico de 144 muertos y 23 heridos de las filas mineras.

La marcha del 1 de mayo de 1950 fue una demostración de unidad de los trabajadores de La Paz, que preparaban la huelga general para el 18 de mayo si el Gobierno no accedía a sus peticiones. La huelga fue precedida por una marcha de protesta, la cual fue objeto de violentos ataques de parte de los carabineros, lo que hizo que se levantaran barricadas en los barrios populares. El Ejército también arremetió contra los trabajadores que se atrincheraron en los barrios populares y particularmente en Villa Victoria. En esta masacre, el Gobierno segó la vida de fabriles, constructores, harineros, choferes, artesanos y maestros.

El 16 de mayo de 1951, el presidente Urriolagoitia pasó el mando al Ejército tras afirmar que, en Chile, el MNR había pactado con los comunistas y que al país le esperaban días negros. Así protagonizó el autogolpe que la prensa denominó el ‘Mamertazo’...

El 5 de noviembre de 1964 asume el gobierno el general René Barrientos, con apoyo de Falange Socialista y sectores de la población. Muy pronto, aconsejado por algunos arribistas de que podía gobernar ‘muchos años’, comenzó a preparar elecciones para ser elegido presidente constitucional; surgen entonces fugaces agrupaciones políticas como el Movimiento Popular Cristiano, dirigido por el mayor Hugo Bozo Alcócer, y el PSD, que postuló como vicepresidente de Barrientos a su representante Luis Adolfo Siles Salinas. Ambos se convertirían luego en gobernantes constitucionales, a partir del 6 de agosto de 1966.

Este Gobierno, que se decía restaurador de la Revolución Nacional, fue el autor de la Masacre de San Juan, ocurrida en 1967. Tropas del Ejército irrumpieron en los campamentos de Siglo XX y Catavi, produciéndose las mayores bajas en el campamento denominado La Salvadora. Resultado de esta arremetida se contaron más de 27 muertos y 70 heridos, tanto hombres como mujeres. Inmediatamente, el general Alfredo Ovando Candia, como Antonio Arguedas, ministro de Gobierno, queriendo salvar sus responsabilidades, públicamente declaran que la orden provino de la presidencia, es decir, del general Barrientos.

Se dice en el Ministerio de Justicia que el gobierno de Barrientos era constitucional y que por eso no calificó a muchísima gente con el resarcimiento a que tienen derecho por ser víctimas de la violencia política. Decimos nosotros que siendo aquel Gobierno constitucional, la represión, persecución, el confinamiento, los atropellos, los destierros, tanto a dirigentes políticos como sindicales, fueron más sañudos y brutales, todo por seguir al pie de la letra los dictados del FMI y la ClA.

Entonces preguntamos a todas las autoridades del Gobierno: ¿Por ser democrático un régimen tiene licencia o impunidad para violar los derechos humanos? Es ridículo e injusto no tomar en cuenta a la gran cantidad de personas que fueron víctimas de algunos gobiernos constitucionales.

Está vigente la Ley 2640 para el resarcimiento a las víctimas por la violencia política desatada por los gobiernos dictatoriales. El Gobierno, la Asamblea Plurinacional y en especial la Ministra de Justicia, haciendo honor a su cargo, en equidad plena y trato igualitario para todos, deberían ampliar los alcances de la mencionada Ley 2640. Tienen la palabra nuestros representantes: la Unión de Ex Presos Políticos de Bolivia (Unexpeb), Unaripo, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).