En menos de un mes, entre el 17 de agosto y 7 de septiembre, tres ex candidatos a presidente de Bolivia han sido afectados por decisiones judiciales y gubernamentales. En los últimos 30 días, René Joaquino fue alejado de la Alcaldía de Potosí, Samuel Doria Medina perdió las acciones que su compañía tenía en la cementera Fancesa y Jorge Quiroga Ramírez fue condenado a dos años y ocho meses de prisión, acusado de ‘difamar’ a un banco.
Con ello, tres posibles presidenciables, que no están en carrera política, apelan a la opinión pública, a la comunidad internacional e incluso a los discursos del presidente del Estado, Evo Morales, para frenar lo que consideran una persecución política destinada a eliminar a los posibles contendientes. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, negó que haya persecución política contra Quiroga y Doria Medina. Aseguró, en el caso del ex presidente Quiroga, que como cualquier banco, el Unión tiene derecho a defenderse si se siente injuriado. Sobre Doria Medina, recordó que una de las promesas electorales del MAS era recuperar las empresas bolivianas ‘maliciosamente’ privatizadas.
Sin embargo, los ex candidatos presidenciales sí ven persecución. Joaquino está acusado de contratos lesivos al Estado por comprar movilidades de medio uso para la Alcaldía de Potosí, porque no le alcanzaba para adquirir unidades cero kilómetro, asegura que ve un copamiento total del poder y una intención de anular a todo adversario político por parte del Gobierno. Pese a que la acusación viene desde la Contraloría General del Estado, recuerda que el titular de dicha institución es un ex diputado oficialista y que “los fiscales se han convertido en los operadores políticos de cualquier ciudadano que intente construir una plataforma política distinta a la del Gobierno”.
Para Doria Medina, las últimas acciones gubernamentales demuestran que está sin rumbo y da manotazos de ahogado para tratar de revertir su popularidad en descenso (el índice de aceptación del Gobierno de Morales es de alrededor del 50%, según las empresas Mori, Captura e Ipsos, cuando tuvo picos superiores al 80%).
Para Doria Medina, el Gobierno trata de copar espacios políticos a como dé lugar a través de la persecución judicial de los opositores, alejándose cada vez más del sistema democrático.
Quiroga, que en 2008 denunció que a través del Banco Unión se lavaba dinero de la corrupción gubernamental y los recursos que llegaban de Venezuela, algo que niega la casa bancaria, asegura que el fallo en su contra es una violación flagrante contra la libertad de expresión y que en lugar de investigar las denuncias de supuesta corrupción que hizo, en lugar de condenar a los involucrados en el caso YPFB-Catler, se lo condena a él.
Como ex presidente, Quiroga recurrió a la comunidad internacional. El jueves, el secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, pidió a Bolivia que se revise su condena. “Que una persona deba ir presa porque lesionó la moral de un banco no me parece razonablemente aceptable”, subrayó Insulza, que advirtió inicialmente que el caso podría llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Quiroga asegura que no está en ninguna carrera electoral y que se ocupa de trabajar y hacer consultorías. Considera que Evo Morales debe apegarse a su discurso del 6 de agosto en Santa Cruz, buscar la concertación y trabajar con todos, y no dejarse desviar por personas que quieren la confrontación, como el vicepresidente García Linera.
Sin embargo, Joaquino y Doria Medina no han abandonado la política. Pese a que Joaquino cree que será condenado aunque sea a un día de reclusión para apartarlo de la carrera presidencial, considera que la única manera de revertir la situación es explicándole a la opinión pública los peligros de caer en un régimen totalitario. Incluso habla de formar nuevos movimientos ‘sociales que rescaten a la sociedad’ del copamiento oficialista.
Doria Medina coincide con Joaquino y cree que la propia sociedad se está dando cuenta del cambio oficialista hacia el totalitarismo. “La población se da cuenta del ataque contra Joaquino, Tuto, a Juan del Granado, a través de Revilla, y a mí. La población se está dando cuenta de que el problema no somos los opositores, sino el Gobierno”, dijo Doria Medina.
Las instituciones
- Poder Ejecutivo. El Vicepresidente, ministros y viceministros argumentan que no existe ninguna persecución contra ninguna autoridad o ex mandatarios. Argumentan que se trata de procesos legales seguidos por fiscales independientes que investigan supuestos hechos de corrupción o excesos cometidos por autoridades y ex funcionarios. En el caso de Doria Medina es política de Estado.
- Poder Legislativo. Dominado por el oficialismo, que tiene dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, ha aprobado leyes que permiten a la justicia perseguir delitos de supuesta corrupción de forma retroactiva (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz) y suspender a autoridades elegidas por voto directo ante cualquier acusación formal en su contra (Ley Marco de Autonomías).
- Poder Judicial. Luego de que el Poder Legislativo diera al Presidente del Estado la potestad de nombrar jueces de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura, la independencia política de estos tres tribunales ha sido puesta en duda. Luego de este proceso, se dio un vaciamiento de las cortes superiores de distritos con múltiples renuncias y suspensiones de jueces.
- Ministerio Público. La Asamblea Legislativa ratificó en su interinato al Fiscal General de la República, pese a que ya era interino tras la renuncia del titular de este cargo en 2006. Mario Uribe nombró a nuevos fiscales de distrito en todos los departamentos, de los cuales cinco tenían nexos, militancia, eran recomendados o habían fallado a favor del Gobierno en casos de fuerte interés político.
- Contraloría. Desde la suspensión de Oswaldo Gutiérrez del cargo, la Contraloría fue asumida por Gabriel Herbas, diputado del Movimiento Al Socialismo en la anterior legislatura. Junto con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, esta institución es la principal acusadora de las autoridades. Aseguran que cumplen un rol técnico, pero su independencia es puesta en duda por los opositores.
Revilla y Fernández, en la mira
Primero fue Jaime Barrón, en Sucre, luego René Joaquino, en Potosí, pero ahora los que parecen estar en la mira del Gobierno son los alcaldes capitalinos Luis Revilla, de La Paz, y Percy Fernández, de Santa Cruz.
El MAS, que en abril consiguió tres de las nueve alcaldías de ciudades grandes del país, hoy ocupa cuatro plazas (Cochabamba, Cobija, El Alto, y sumó Sucre). Pero en la última semana, el alcalde paceño, aliado del MAS hasta hace seis meses, ahora enfrenta acusaciones y el vicepresidente, Álvaro García Linera, se ha animado a tildarlo de delincuente.
Revilla fue acusado por el contralor Gabriel Herbas de haber fraguado un documento en 2008 para rendir cuentas de gastos de 2006. A esto se suma la advertencia de García Linera, que considera que en la comuna paceña hay un grupo de delincuentes que se dedica a hacer fechorías. Asegura que la construcción de los Puentes Trillizos, obra estrella de otro presidenciable, Juan del Granado, es un pantano que huele mal.
Por su parte, Revilla acusa a García Linera de liderar una persecución política en su contra, destinada a adueñarse de la Alcaldía de La Paz y de haber infiltrado Inteligencia militar en la comuna para desestabilizarlo.
En el caso del burgomaestre cruceño, la denuncia vino del concejal masista Hugo Siles, operador político del ex alcalde Roberto Fernández. Presentó una denuncia por supuesta conducta antieconómica en la refacción del canal Isuto.
Percy, fiel a su estilo, respondió que Siles había llegado al Concejo ‘en cuatro patas’ y desafió a sus adversarios políticos a una nueva elección.
Sin embargo, el MAS tiene difícil apoderarse de las alcaldías de La Paz y Santa Cruz de la Sierra por más que logre suspender a los alcaldes. En la sede de Gobierno, empata a cinco concejales con el MSM y el que dirime la votación es un representante de UN.
En la capital oriental, Santa Cruz para Todos, de Percy Fernández, domina el órgano deliberante con siete concejales, por lo que, al igual que en Potosí, donde asumió un concejal leal a Joaquino, no dejará a un masista en el sillón edil.
En las comunas
- El primer alcalde en renunciar fue el de Quillacollo. No pudo ni siquiera asumir su cargo por una denuncia de supuesta corrupción. Ahora domina el MAS.
- En Punata, la agrupación Martín Achu ganó las elecciones con amplio margen, pero presiones del Ministerio de Transparencia obligaron a renunciar al alcalde.
- En Santa Cruz, el municipio de Warnes ya cayó en manos masistas. Nyls Carmona, acusado de corrupción, sufrió un ataque cardiaco que lo obligó a pedir licencia de tres meses y asumió el masista Mario Cronenbold.
- La FAM es controlada ahora por el MAS, que la tomó por la fuerza, pese a que podía haber seguido los procedimientos, ya que controla dos tercios de los municipios del país.
Sus argumentos
René Joaquino
Acusación. Joaquino está siendo investigado por comprar vehículos usados para la Alcaldía de Potosí. Él asegura que lo hizo porque el dinero no alcanzaba para comprar nuevos.
Estrategia. Considera que debe dedicarse a explicar a la sociedad los signos de por qué el Gobierno tiende al totalitarismo. Considera que hay que volver a hablar frente a frente con la población común.
Propuesta. Cree que hay que formar nuevos movimientos sociales, diferentes a los alineados con el Gobierno.
Necesidad. El propósito de esta estrategia es hacer ver a la población que se necesita una representación política más plural, para de esa forma controlar mejor al Gobierno y permitir el surgimiento de nuevos líderes.
Samuel Doria Medina
Decisión. Tras una escasez de cemento, el Gobierno decidió pasar a manos de la Gobernación de Chuquisaca el 33% de las acciones de Fancesa que estaban en poder de Samuel Doria Medina.
Acusación. García Linera dice que Doria Medina y Jorge Quiroga firmaron en 1992 el decreto que permitía la privatización de las empresas estatales.
Respuesta. Doria Medina asegura que entre la compra de Fancesa y su trabajo como ministro hay siete años de diferencia. Además, asegura que compró una fábrica de cemento y la convirtió en una corporación rentable de cuatro empresas.
Encuestas. Considera que la baja de popularidad del Gobierno no es una oscilación más, sino que responde a un problema estructural que refleja los problemas, pugnas y corrupción interna.
Jorge Tuto Quiroga
Condena. Un juzgado de La Paz lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por injuriar al Banco Unión. Su defensa dice que la injuria no es aplicable a las personas jurídicas.
Contraproducente. Quiroga considera que la persecución judicial a opositores, alcaldes, gobernadores y el copamiento de la justicia y del Ministerio Público sólo beneficia a los que huyeron de la justicia boliviana.
Figuración. Asegura que este año sólo habló para defenderse de ataques y procesos en su contra. “Si quisiera protagonismo también podría saltar de un puente, pero no es de mi interés aparecer en los medios por saltar de puentes o ganarme sentencias”, dijo.
Recomendación. Sugiere a Morales que recupere el espíritu del discurso del 6 de agosto.
Ningún oficialismo quiere a la oposición
Fernando Mayorga / Sociólogo
Es difícil afirmar que exista una conjura contra los tres ex candidatos presidenciales, pero el hecho de que los procesos y decisiones se produzcan de manera casi coetánea, ya puede ser entendido como un hecho que tiene efectos. Sin embargo, una cosa es el despliegue del MAS luego de las elecciones contra alcaldes, como los de Punata, Quillacollo, Sucre y Potosí, que corrieron la misma suerte, y otra es la lógica contra Quiroga y Doria Medina.
Algunos llaman a esto judicialización de la política, pero también podría entenderse con la lógica de actos jurídicos que, vistos aisladamente, pueden ser pensados como una acción del Estado en su lucha contra la corrupción. Pero, por los efectos políticos, también pueden verse como la aplicación de una estrategia.
Se puede pensar también que el gesto político de estas acciones es menoscabar y disminuir cada vez más a la débil oposición. Empero, el término ‘oposición’ es muy grande para agrupar a Joaquino, Doria Medina y Quiroga. Estamos en un escenario en el que a una fortaleza electoral y un predominio político del MAS, se le suma una carencia programática de la oposición.
También hay que hacer una aclaración conceptual: en Bolivia no hay concordancia entre totalitarismo y la realidad. Lo que hay es el intento de consolidar una hegemonía política. En ese contexto, a ningún oficialismo le gusta que haya oposición. La oposición existe en democracia para ser una alternativa de poder en la siguiente elección, para la alternancia. Una oposición se gesta sobre la base de la crítica al oficialismo y planteándose como constructiva.
La oposición es débil en términos orgánicos y programático. Al no tener alternativas para disputarle al MAS el poder y plantear otros modelos autonómicos, en lo plurinacional y en la participación del Estado en la economía, ha pasado a una postura testimonial de denuncia. Creo que no hace falta que la oposición se queje de la postura hegemónica del MAS, son ostensibles y hay que aclarar que la sola denuncia no constituye un acto político en sí.
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