07 septiembre 2010

Quillacollo: más pugnas en Alcaldía

Una nueva notificación contra el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Lorenzo Flores, por resoluciones contrarias a las leyes y una denuncia contra el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Samuel Pereira, por homicidio en un accidente de tránsito, circularon ayer en esa instancia develando que las rivalidades políticas continúan minando la administración de ese municipio.

Entre tanto, se anuncia para hoy un nuevo cabildo convocado por el Comité Cívico a organizaciones sociales y al pueblo de Quillacollo en respaldo a la nueva alcaldesa, Mirtha Condori (embarazada de 7 meses), luego del sorpresivo reemplazo de Carla Lorena Pinto, que la anterior semana concluyó un interinato de tres meses, tras el cual esperaba ser ratificada.

Pinto integra una de las fisuras del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezadas por el presidente de la Brigada Parlamentaria de ese partido en Cochabamba y por el mismo jefe departamental, Feliciano Begamonte.

Horas antes de ser reemplazada por otra militante del MAS, la anterior semana Pinto respaldó una querella contra el presidente del Concejo por el supuesto mal uso de bienes, a través de la cual recibió una imputación formal, paso previo a la denuncia formal que podría alejarlo de ese cargo.

En tanto, Flores promovió el reemplazo de Pinto con el apoyo de otra fracción masista que encabeza la senadora Carmen Peredo, quien renunció semanas antes a la directiva de la Brigada Parlamentaria al denunciar prácticas inadecuadas de parte del presidente de esa instancia.

Ayer salió a la luz la denuncia sobre los antecedentes penales del diputado, quien declaró que las mismas deberán tener un responsable y que merecerá que él tome recaudos legales porque las leyes protegen sus derechos más fundamentales.

Pereira no negó ni confirmó haber estado en el penal de San Sebastián e insistió en que esperará la publicación en los medios para asumir las acciones que correspondan.

Al respecto, el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo confirmó que los concejales recibieron una copia del libro de registro penitenciario del penal de San Sebastián en el cual se evidencia que el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba permaneció encarcelado durante 40 días por homicidio en accidente de tránsito.

Afirmó que según dicho registro, Pereira estuvo preso en dicho recinto penitenciario del 24 de octubre al 6 de diciembre de 1990 acusado por homicidio en accidente de tránsito en una causa iniciada por Sabina Huaquipa y otros y con quien habría llegado a una transacción. Flores también informó que ayer varios concejales y la Secretaría del Concejo fueron notificados para ir a declarar como testigos en otro proceso iniciado de oficio por el fiscal Jaime Arancibia contra el presidente del Concejo por resoluciones contrarias a la ley en un caso del que nadie tiene todavía idea de qué se trata.

“Acá hay una persecución política descarada que pone en riesgo y fragiliza el proceso de cambio a través de las actitudes de grupos infiltrados que más que hacer política, parecen de verdaderos dictadores”, dijo Flores.

Pedirán proceso

El presidente del Concejo Municipal de Quillacollo dijo que la acción contra Pereira podría haber prescrito, pero eso prueba que, por sus antecedentes, “este personaje” no tiene autoridad moral para presidir a la Brigada Parlamentaria.


“La acción podría estar prescrita, pero en todo caso la interpelación mayor es de orden moral y ético”, dijo Flores y anticipó que la denuncia recibida en el Concejo será enviada al Ministerio Público, a la Brigada Parlamentaria y al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.


Dijo que también enviará la carpeta sobre las denuncias de la expropiación supuestamente ilegal de los predios del sitio arqueológico Sierra Mokho que fueron ya remitidas por la senadora masista Carmen Peredo a la representación departamental de Transparencia en Cochabamba y que no prosperaron en esa oficina.


Reveló que en ese caso, los documentos entregados a la representación del Ministerio de Transparencia fueron enviados a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía de Quillacollo, cuyo ex director comenzó a realizar las pesquisas en Derechos Reales y “curiosamente renunció hace dos semanas”.

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