07 junio 2010

Primeros despidos por cambio de razón social en prefecturas


El cambio de razón social y de personería jurídica de prefecturas a gobernaciones comenzó a generar incertidumbre entre los funcionarios de estas entidades, como las de La Paz, Beni y Cochabamba.

Empleados de la entidad paceña denunciaron que desde el viernes varios funcionarios recibieron memorandos en los que se les informa que se les otorga vacación y que al acabar ésta quedarán cesantes en sus cargos.

Uno de ellos, quien pidió guardar en reserva su nombre, indicó: “No sabemos si nos van a volver a contratar, pero en el documento señala que a la conclusión de la vacación dejamos de ser parte de la institución”.

Como éste, dijo, hay varios casos en las distintas unidades de la ahora Gobernación paceña. Otro funcionario comentó que se les informó que quedarían cesantes por la aplicación de la Ley de Transición para el Funcionamiento de Entidades Autónomas que se aprobó para instituir el cambio del régimen prefectural a uno autonómico a partir del 31 de mayo reciente.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, indicó a este medio que “no hay necesidad” de un despido masivo o de una recontratación del personal pues, conforme a la norma, los funcionarios de las ex prefecturas son transferidos a las gobernaciones conjuntamente sus pasivos y activos, entre los que se encuentran la infraestructura, el patrimonio y el personal.

“Cambia de razón social, cambia la personería jurídica, cambia el tipo de institución, pero la Ley de Transición ha previsto que todos los pasivos y activos de las prefecturas se transfieren a la gobernaciones de tal manera que, por mandato de la ley, en el caso de los funcionarios que trabajaban en las prefecturas ahora pasan a la gobernaciones”.

El artículo 13 de esa ley no es preciso en cuanto al personal; indica que “se transfiere a los gobiernos departamentales autónomos todos los derechos, obligaciones, convenios, créditos, donaciones, recursos financieros y no financieros, patrimonio, activos y pasivos de las ex prefecturas departamentales”.

En la Gobernación del Beni, el ejecutivo departamental, antes del 1 de junio, despidió a todos los empleados y los volvió a contratar.

En la Unidad de Comunicación de esa repartición informaron a La Prensa que esa decisión fue “un formalismo legal” para no tener problemas más adelante con el cambio de razón social ya que en la Ley Transitoria no existe ninguna instrucción al respecto.

“Es empezar de cero”, se precisó, y se aclaró que en las recontrataciones se respetaron todos los derechos laborales.

En Cochabamba la Gobernación, según un reporte de ANF, eliminó de la estructura administrativa a los subprefectos y corregidores sin que aún haya un estatuto autonómico y vulnerando los alcances de la Ley de Descentralización Administrativa, en plena vigencia.

Las ahora ex autoridades confirmaron que les entregaron sus cartas de agradecimiento con la promesa de reubicarlos en otras funciones jerárquicas en sus respectivas provincias.

Durante el cambio de razón social del Congreso Nacional a la Asamblea Legislativa, si bien sus autoridades anunciaron que no habría despidos, igualmente cesaron en funciones a varios empleados.

En la ex Prefectura de Potosí, el asambleísta Reynaldo Cors, del frente Uqariquna, indicó que al menos por ahora no hay retiros y que el gobernador Félix González, anunció estabilidad laboral. En Oruro, el presidente de la Asamblea Departamental, Froilán Fulguera (MAS), informó a este medio que, en una reunión que sostuvo con el gobernador Santos Tito, éste le manifestó que no habrá despidos.

Lo más difícil del reglamento

Este lunes, las asambleas departamentales comenzarán a trabajar en la elaboración de sus respectivos reglamentos internos, documentos que deben aprobar con prioridad para poder iniciar sus labores legislativas.

Excepto en Beni y Tarija, donde existen problemas por la forma de posesión de subgobernadores y ejecutivos seccionales, respectivamente, todas las gobernaciones se abocarán esta semana a procurar consensos en la aprobación de sus reglamentos de debates.

Los puntos de mayor debate, según el asambleísta potosino Reynaldo Cors (Uqariquna), serán los relativos al salario y la forma de trabajo de los legisladores suplentes.

El presidente de la Asamblea de La Paz, Rómulo Cusi (MAS), dijo que este lunes su bancada y las del Movimiento Sin Miedo (MSM), Unidad Nacional (UN) y Movimiento por la Soberanía (MPS) presentarán sus propuestas y en función de éstas se comenzará la redacción de un documento final.

Cusi y el asambleísta de UN Ángel Villacorta dijeron que se propondrá fijar un salario para los legisladores departamentales sobre la base de 6.300 bolivianos, monto que percibían los consejeros departamentales por cuatro sesiones de trabajo al mes.

En cuanto a los suplentes, el MAS tiene varias propuestas: que trabajen una semana al mes, un año intercalado entre titulares y suplentes, o tres años los primeros y dos los segundos. Villacorta dijo que se propondrá que las sesiones se realicen de lunes a viernes.

El asambleísta de Cochabamba Ever Clavijo (MAS) dijo que no se tiene definido un monto, pero se planteará que los legisladores no ganen más que el Gobernador ni menos que un funcionario de menor rango.

En Oruro, el presidente de la Asamblea Departamental, Froilán Fulguera (MAS), dijo que se buscará acordar un salario “equilibrado” y se planteará que el monto sea similar en las nueve gobernaciones. Para ello, propondrá una reunión con los presidentes de las nueve asambleas. En Chuquisaca, según el presidente de la Asamblea, Cristian Sanabria (MAS), aún no existen propuestas de montos para el salario. En Santa Cruz se fijó un sueldo de 13.500 bolivianos.

Para destacar

El 31 de mayo dejaron de existir la prefecturas y se dio paso a las gobernaciones autónomas departamentales.

Todos los activos y pasivos de las ex prefecturas pasan a las nuevas gobernaciones, esto incluye al personal.

El Gobierno afirma que son innecesarios el despido y la inmediata una recontratación de los funcionarios.

Empleados de las gobernaciones temen que haya una “masacre blanca” con el cambio de razón social.

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