23 julio 2009

El Gobierno busca desinflar las protestas contra asentamientos

El Gobierno ofrece tierras fiscales a los zafreros de Pando y Beni para desinflar el conflicto que amenaza como consecuencia del asentamiento de al menos 2.000 familias en cuatro municipios pandinos a partir de agosto próximo.

Dos analistas políticos consideran que, si se consolida la migración de 4.000 personas (dos adultos por familia) al departamento pandino, el Movimiento Al Socialismo (MAS) podrá ganar las cuatro senadurías que le corresponden a esa región y así tendrá mayoría en la Cámara de Senadores.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se reunió el martes con los trabajadores de la zafra en Riberalta (Beni) para plantearles la dotación de terrenos saneados en la misma dimensión que se pretende dar a los inmigrantes que irán a ese departamento y que se calculan en 75 hectáreas por familia.

La información fue comunicada por Agustín Zepeda, uno de los dirigentes zafreros. El miércoles 15 de julio, ese sector social, junto con organizaciones sociales y cívicas de Pando, determinó realizar un paro cívico en contra el programa de asentamientos humanos promovido por el Gobierno.

Suponen que el traslado de campesinos de La Paz y Cochabamba tiene un fin electoral para incidir en la votación de las elecciones generales de diciembre y favorecer al Movimiento Al Socialismo.

Esos sectores, además, reclamaron que, antes de que se distribuyan tierras a campesinos de otros departamentos, se las entregue a los habitantes de Pando y Beni que no cuentan con predios propios.

La propuesta hizo eco en el Ministro de la Presidencia, quien se trasladó a la región amazónica para conversar con los sectores sociales. El martes se reunió con los zafreros y ayer, según conoció este matutino, entabló otro encuentro, con la Federación Departamental de Campesinos de Pando, para evitar que apoyen las medidas de presión anunciadas.

La dirigente campesina Doris Domínguez contó que los agricultores de ese departamento, en un ampliado, expresaron su rechazo a los asentamientos porque no se consultó a los “dueños” de esas tierras antes de ejecutar el plan y pidieron la dotación de tierras fiscales para comunidades y familias pandinas que no tengan predios productivos y suficientes.

“El Gobierno tiene que atender primero a la gente que vive en Pando, después, si sobra (terrenos), claro, puede traer a otros campesinos”. El ministro Quintana les pudo haber propuesto dotarles de terrenos porque en ese departamento hay 759.000 hectáreas disponibles.

El diálogo con los campesinos no terminó y los zafreros optaron por analizar, en otra reunión del gremio, la propuesta de Quintana.

El Comité Cívico de Pando tiene previsto definir el lunes la fecha del paro cívico. Esta medida podría efectuarse en Cobija y en la provincia Vaca Díez de Beni, donde residen unas 20.000 familias de zafreros que cada diciembre se trasladan a Pando para recolectar castaña.

Ellos temen que con la llegada de las 2.000 familias la oferta laboral disminuya por una sobreoferta de mano de obra. Esta institución también tiene en planes organizar una consulta popular para que los pandinos expresen si están de acuerdo o no con la llegada de inmigrantes para tener tierras en esa región.

El dirigente cívico Herbert Salvatierra anunció ayer que el Órgano Ejecutivo no logrará aplacar las movilizaciones porque “esto de ofertar tierras puede ser parte de la campaña; tiene que plasmarse en hechos, primero tierra para los pandinos, por lo tanto, tendrán que suspender los asentamientos”.

El Gobierno tiene previsto trasladar desde agosto hasta diciembre al menos a 2.000 familias de Cochabamba y La Paz al departamento de Pando.

Este plan fue interpretado por las autoridades pandinas como una estrategia electoral para inclinar la balanza en favor del Movimiento Al Socialismo en ese departamento, considerado opositor al Gobierno. Al traslado de 2.000 familias podrían sumarse otras 6.000 de campesinos de Potosí que comenzaron a registrarse en listas de sus organizaciones.

Control legislativo

El analista político y ex vocal del Órgano Electoral plurinacional Jorge Lazarte comentó que el traslado de las primeras 2.000 familias campesinas a Pando tiene fines netamente políticos y electorales, en otras palabras, el lograr que el oficialismo tenga presencia y control en las cámaras de Diputados y Senadores en la nueva Asamblea Legislativa que se instalará después de las elecciones generales de diciembre próximo.

Según Lazarte, “no hay que ser demasiado avispado” para darse cuenta de que los objetivos del oficialismo son políticos más que sociales y demográficos, porque de otro modo no promoverían esos asentamientos en un momento en que el país ya vive un proceso electoral y que puede verse afectado.

“Está claro que lo están haciendo en Pando porque es el departamento que tiene menos población, tiene un Padrón Electoral pequeño en comparación con otros (31.711 votantes), pero tiene el mismo número de senadores que otros departamentos con mayor población”.

Actualmente, el MAS tiene mayoría en la Cámara Baja pero no en el Senado. En las elecciones de 2005 no logró ningún representante en Pando. De los tres senadores de esa región, dos, Róger Pinto y Paulo Bravo, pertenecen a Podemos y el otro, José Villavicencio, a Unidad Nacional (UN). En Diputados, el departamento pandino tiene cinco escaños, ninguno ocupado por el oficialismo.

En criterio de Lazarte, el Gobierno no tiene problemas en la Cámara Baja, pero le incomoda no controlar el Senado porque necesita mayoría en toda la Asamblea Legislativa para aprobar las leyes para implementar todo el texto constitucional y “poner en marcha todo su proyecto de poder”.

El número de escaños parlamentarios está definido por la Ley Electoral Transitoria. Ésta señala que la Asamblea Legislativa estará compuesta por 36 senadores, cuatro por cada departamento, y por 130 diputados.

En criterio de la politóloga Ximena Costa, los 4.000 nuevos votantes en Pando y la eventual migración de 12.000 campesinos de Potosí modificarán radicalmente el Padrón Electoral, pero no implica el aumento en el número de escaños parlamentarios que ya están definidos para las regiones en la Ley Electoral.

Esta norma sólo puede ser modificada por el pleno del Congreso Nacional.

Seguridad de Quintana golpea a un periodista

Un miembro del cuerpo de seguridad del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, agredió el martes al periodista de la radio San Miguel de la Red Erbol Juan Carlos Soto cuando éste cumplía su trabajo e intentaba hablar con la autoridad del Gobierno, quien había llegado ese mismo día a Riberalta para reunirse con los zafreros de la zona.

Soto, en el noticiero Bolivia en contacto, que se difunde por esa cadena radial, denunció que fue agredido verbal y físicamente. Según dijo, el miembro de seguridad le golpeó en el cuerpo y en el rostro en presencia de otros periodistas.

Relató que le impidió que entrevistara a Quintana, actitud que asumió con otros trabajadores de la prensa; incluso, agregó, intentó tapar con su mano el lente de la cámara del Canal 9 de Riberalta.

De acuerdo con un reporte del portal de Erbol, cuando el Ministro fue anoticiado del incidente, reclamó al agresor, quien negó lo sucedido a pesar de existir testigos del hecho.

Quintana llegó el martes a Riberalta para entrevistarse con trabajadores zafreros del Beni que rechazan el asentamiento de campesinos de La Paz y Cochabamba en Pando que promueve el Gobierno y que comenzará en agosto.

El periodista agredido indicó que esa reunión se desarrollaba en principio a puerta cerrada, pero algunos lugareños que participaban en el encuentro obligaron al cuerpo de seguridad a abrir las puertas para que entraran los medios de comunicación.

Esto al parecer disgustó al equipo de seguridad, cuyos miembros, visiblemente molestos, tomaron fotografías de todos los que lograron entrar en el recinto donde se desarrollaba la reunión como una acción de amenaza o amedrentamiento.

El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, condenó esta nueva agresión a un periodista y lamentó que con demasiada frecuencia esta entidad tenga que pronunciarse en contra de los excesos que cometen ya sea los dispositivos de seguridad del Estado o las autoridades de Gobierno.

El representante dijo que “la ANP condena cualquier acto de agresión o amedrentamiento a la labor de los periodistas, hemos hecho reiterados llamados a que el Gobierno restablezca una relación de respeto y normalidad hacia el trabajo de los medios de comunicación, que ofrezca garantías plenas a la labor de los periodistas”.

El secretario general del Sindicato de la Prensa de Riberalta, Gregorio Wari, manifestó que esa organización sindical está a la espera de recibir la denuncia formal de Soto para emitir un pronunciamiento y asumir alguna acción.

El viernes de la semana pasada, los periodistas que esperaban en la Sala de Prensa del Palacio Quemado una conferencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también fueron afectados en su labor cuando fueron encerrados en ese ambiente y se les impidió así hablar con el Jefe de Estado venezolano mientras éste era entrevistado en el pasillo sólo por medios estatales y por la cadena Telesur.

A este incidente se suman muchos otros en los que trabajadores de la prensa fueron agredidos e impedidos de realizar con normalidad su trabajo.

Culpan a Evo de una muerte

El senador pandino de Podemos Róger Pinto responsabilizó ayer al presidente Evo Morales de la muerte del conscripto Alfredo Cáceres, quien el domingo murió ahogado en el río Orthon.

Este hecho, subrayó, es resultado de las malas condiciones en que viven los 500 conscriptos llevados hace un mes a la localidad pandina de Puerto Rico, supuestamente con fines electorales.

“Las condiciones en las que viven, sin servicios básicos ni (buena) alimentación, empiezan a cobrar su precio en vidas humanas, y vuelvo a repetirlo, el responsable es el Gobierno”.

En criterio del legislador, los bolivianos tienen que comenzar a reflexionar sobre la manera “grosera” y “abusiva” en el oficialismo quiere tomar el poder utilizando a soldados de la patria.

Instó a los padres a tomar cartas en el asunto y ver la situación en la que viven sus hijos. Según denunció, se cuentan ya tres soldados desaparecidos por deserción y otros 60 pudieron haber intentado hacer lo mismo.

La Prensa trató de conseguir la versión del ministro de Defensa, Walker San Miguel, pero no fue posible.

Antecedentes

El Gobierno promueve el asentamiento de al menos 2.000 familias en Pando.

Sectores opositores aseguran que esto tiene fines puramente electorales.

Cívicos y zafreros de Pando y Beni anunciaron medidas contra los asentamientos.


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