Por Redacción Política
En una extensa entrevista para el podcast Entre Caníbales, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, abordó sin filtros las críticas, desafíos y decisiones más controversiales que ha enfrentado durante su gestión. A sus 36 años, Del Castillo se ha consolidado como una figura central del gobierno de Luis Arce, enfrentando desde movilizaciones sociales hasta el combate al narcotráfico internacional.
La protesta y sus límites
Del Castillo fue contundente al rechazar la idea de que el gobierno esté criminalizando la protesta social. "No hemos encarcelado a nadie por hacer uso legítimo del derecho a la protesta", afirmó. En referencia a los bloqueos en Parotani, sostuvo que "no se trató de manifestaciones pacíficas", sino de acciones violentas que atentaron contra los derechos de otros ciudadanos, como el acceso a salud y alimentación.
Citó pronunciamientos de organismos internacionales que limitan el derecho a la protesta cuando este se ejerce con armas de fuego o fines ilícitos. “Si alguien utiliza una dinamita para cercenarle una extremidad a un policía, eso no es protesta”, sentenció.
Narcotráfico: más allá de la guerra fallida
Sobre la lucha contra el narcotráfico, el ministro criticó abiertamente el modelo internacional impuesto desde los años 70, calificándolo de "fracaso". Bolivia, aseguró, ha optado por una política soberana de nacionalización del combate antidrogas, y actualmente promueve su regionalización mediante la creación de la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos (ALA).
Del Castillo destacó que 2024 ha sido el año con mayores incautaciones de drogas en la historia boliviana, superando con creces gestiones anteriores. No obstante, lamentó que muchos de los financistas internacionales de estas redes aún operan con impunidad fuera del país.
Caso Marset: un Estado infiltrado
Uno de los temas más delicados abordados fue el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Del Castillo relató cómo este ingresó a Bolivia con identidad falsa durante el gobierno de Evo Morales y logró establecer una red criminal antes de fugarse. “No puedo meter las manos al fuego por nadie”, confesó sobre la posible complicidad de funcionarios y policías.
Denunció además la debilidad estructural del sistema judicial, que liberó a personas claves en la organización criminal incluso tras haber sido detenidas con pruebas sólidas. El Ministerio de Gobierno, en sus palabras, tuvo que “pelear contra fiscales y jueces” para ser reconocido como víctima en el proceso judicial.
Crisis de imagen y reforma policial
Con apenas un 16% de confianza según Latinobarómetro, la Policía Boliviana sigue siendo una de las instituciones más cuestionadas del país. Del Castillo admitió la gravedad del problema, pero destacó acciones correctivas: “Hemos demostrado que no hay impunidad. Si un policía golpea, viola o roba, va preso y es dado de baja”.
Promovió reformas físicas, operativas y disciplinarias, y una evaluación integral del cuerpo policial. Sin embargo, reconoció que los cambios de percepción requieren más tiempo y continuidad.
Economía: una crisis asediada
Sobre la actual crisis económica, el ministro no evitó las cifras negativas. Reconoció el malestar ciudadano, pero aseguró que la situación responde a bloqueos internos y sabotajes políticos. “No es que estemos quebrados. Lo que nos falta son dólares. Bolivia sigue viva y en pie pese al boicot legislativo”, afirmó.
Apuntó directamente a Evo Morales como responsable de un “intento sistemático por boicotear al gobierno”, y advirtió que el expresidente busca forzar su habilitación electoral generando caos institucional.
Juventud y poder
Eduardo del Castillo concluyó reafirmando su compromiso como joven político: “Nos dijeron que los jóvenes no estábamos listos para gobernar. Hemos demostrado lo contrario. No necesitamos tener 70 años para asumir responsabilidades”.
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