Para el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruíz, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), los débitos están dentro del orden legal establecido, ya que la Ley lo contempla. “Es la Ley, si entran mil, 80 debe ir a las alcaldías”, aseguraba la pasada semana mencionando la famosa Ley del 8 por ciento, que impuso en la Asamblea Departamental para garantizarse la financiación de proyectos propios incluso por encima de la planificación departamental.
Lo cierto es que si la Ley se aplicara, de los 31 millones se deberían haber ido 2,4 para las Alcaldías, pero la intermediación del débito a través del Ministerio de Economía se ha cobrado 23. Además, desde la Secretaría se advierte que se podrían estar realizando los débitos sobre el 100% de las regalías y no sobre el 55%.
Más grave, con el descenso de la exportación a la Argentina concedida por el Ministro Luis Alberto Sánchez tras el fracaso de la negociación de 2018, se espera que en los próximos meses caiga el ingreso por regalías en el departamento.
Tarija y el apoyo financiero
Desde el oficialismo se compromete inversión y apoyo para el departamento de Tarija, pero sin embargo no se materializan los proyectos, como el plan de empleo urgente, que se volvió a presentar dos años después; o licitaciones prometidas hace años: Planta de Tratamiento de San Luis, doble vía en el Chaco, Choeré Acheral, túnel del Aguaragüe, aeropuerto, que en realidad no avanzan.
Esta semana se conoció también que YPFB debe unos 800.000 dólares a Eurofinsa, que a su vez adeuda a docenas de empresas tarijeñas y mientras tanto, los alcaldes se cobran los débitos para avanzar en sus propios proyectos sin consultar a nadie más.
¿Dónde queda la Autonomía?
El Estatuto de Autonomía Departamental preveía la elaboración de una Ley orgánica que pautara la relación con los municipios, estableciera prioridades de inversión y en ese marco, se desarrollaran los proyectos concurrentes de acuerdo a una planificación.
Las urgencias heredadas tras la gestión de Lino Condori, donde la gran cantidad de recursos que llegaban se repartieron en proyectos de todo tipo – desde estadios a museos o rodeos – sin tener en cuenta otros aspectos, hizo que los municipios apuraran una Ley de asignación de recursos, más conocida como Ley del 8%, que no tiene mayor criterio ni obligación para los alcaldes, sino que les garantiza la llegada de esa cantidad de recursos para proyectos particulares y locales y además, les permite intervenir a través del débito automático concedido por el Ministerio de Economía. La sintonía política entre alcaldes del MAS y Ministerio se manifiesta en ese sentido.
La Ley del 8 por ciento inspiró después la propia Ley del 45%, cuyo tenor es el mismo, repartir los recursos de regalías por municipios sin atender a mayor criterio ni planificación que las urgencias de las autoridades.
“Difícilmente se podrá hacer proyecto departamental si las autoridades solo piensan en asaltar la caja y solucionarse sus problemas sin pensar en el bien común – señala una fuente de la Gobernación – El débito es por donde se mire una traición a la autonomía departamental. Los alcaldes priorizan el cemento para sus hipódromos o sus estadios de 20.000 personas y no piensan en la gente que necesita atención en el San Juan de Dios”.
Ingresos
De 31 millones que ingresaron por regalías de abril, los alcaldes de Entre Ríos y El Puente se han cobrado 23
El presupuesto de este año contemplaba unos 900 millones por este concepto, sin embargo es posible que no se alcance tras los cambios en el contrato con Argentina.
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