La abogada especializada en derecho internacional Karen Longaric afirmó que la denuncia que hicieron las autoridades de gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la injerencia de su secretario general es injustificada, ya que este tiene el respaldo de la Carta Democrática Interamericana.
“Esa declaración está amparada bajo las facultades que tiene el Secretario General que están establecidas en la Carta Democrática Interamericana, es más le otorga facultades cuando en un Estado Miembro existen indicios que se quebranta el orden constitucional, ante esto el Secretario debe realizar gestiones para reconducir y rectificar ese transgresión, no fueron declaracionesaventuradas ni una intervención injerencista”, explicó la experta.
En la intervención del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, el pasado 4 de octubre, ante el consejo permanente de la OEA, denunció en un tono bastante molesto la presunta injerencia de Almagro al señalar que el presidente Evo Morales debe respetar los resultados del referendo vinculante del 21 de febrero de 2016.
El jefe de Gabinete de la OEA, Gonzalo Koncke, advirtió a la delegación del Gobierno boliviano que el recurso judicial presentado por los asambleístas del MAS, para la reelección indefinida de Evo Morales, puede violentar la voluntad popular de la población que dio a conocer su postura en el referéndum del 21F.
ERRORES
Longaric manifestó que el Ministro de Justicia cometió algunos errores en su intervención, como desconocer las normas de la instancia internacional, ya que estas otorgan las facultades que debe realizar el Secretario General cuando en un Estado Miembro existen indicios del quebrantamiento constitucional.
En el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, se establece: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
OPOSICIÓN
Los opositores denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las intenciones del MAS, donde enumeró tres violaciones para ese efecto: La Ley de Aplicación Normativa de 2013 con la que no se contó el primer mandato de Morales (2005-2010); el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que buscó ampliar las repostulaciones a dos continuas y la admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del recurso legal para validar, lo que denominan, “la cuarta reelección continua de los actuales mandatarios”.
Ante esto, Longaric indicó que la denuncia fue precipitada, ya que se debió esperar los resultados del TCP y posterior a esto denunciar esta irregularidad, tomando en cuenta que cabe la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no acepte la denuncia porque no existen los elementos jurídicos facticos.
Señaló que aún se deben esperar resultados del TCP y en relación a ello, asumir otras acciones, en este caso la oposición deberá actuar cautelosamente.
“Si el TCP falla a favor de declarar inconstitucional los artículos de la ley de régimen electoral y dictar inaplicable el artículo 168 de la Constitución, ahí si existen elementos jurídicos suficientes como para determinar que hubo el quiebre del orden constitucional y se puede activar la Carta Democrática”, resaltó.
INCUMPLIMIENTO
El observador internacional y expresidente del Parlamento, Andino Wilbert Bendezú, cuestionó que el MAS acuda ante la OEA para sustentar sus intenciones de instaurar la reelección indefinida, cuando antes incumplió un acuerdo político que se hizo con el aval del organismo internacional.
En octubre de 2008 participó en una negociación de 72 horas con Carlos Romero, el vicepresidente Álvaro García Linera y miembros de la oposición, para alcanzar un acuerdo que permita la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), donde el MAS aceptó que Morales solo pudiera ser reelecto para el período 2010-2015, sin posibilidad a otra re-postulación. El acuerdo fue reconocido por el propio Morales y se difundió a nivel internacional.
Ese convenio se tradujo en la disposición transitoria primera de la CPE, donde se lee: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional en 2013 habilitó a Morales para su reelección en los comicios de 2014.
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