Chile avanzó un 70% en el desminado de la frontera con Bolivia, es decir que de 56 áreas en las que ese país sembró esos explosivos en la década de los 70, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), 39 fueron liberadas, quedando pendientes 17, según un informe oficial del Gobierno chileno a su par boliviano. Adicionalmente se precisó que en esas zonas fueron desactivadas 24.030 minas antipersonales y antitanque de un total de 32.059 que habían sido plantadas, lo que representa la destrucción de 74,96% del total de minas “sembradas” en la frontera.
Chile debe cumplir con el 100% del desminado de su límite fronterizo, lo que incluye además de Bolivia a Perú y Argentina, hasta 2020.
A fin de que este proceso siga evolucionando y concluya en el plazo establecido por la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, también conocida como Convención de Ottawa, el Ejecutivo boliviano ofreció a su par chileno apoyo logístico, ayuda para el tránsito de sus equipos por territorio boliviano e información.
Los datos sobre el avance en el proceso de desminado fueron proporcionados por el Ministerio de Defensa chileno y la Cancillería de ese país en una reunión bilateral con la delegación boliviana que asistió a la Decimoquinta Reunión de los Estados Parte de dicha Convención, efectuada en Santiago de Chile, entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre.
“Estamos en una posición expectante”, afirmó el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, en una entrevista con Animal Político, respecto al progreso de estas tareas y con relación a si Chile cumplirá el plazo establecido. “Quedamos tranquilos después de haber asistido a esta conferencia porque los datos demuestran que hay un avance, quedan un poco más de tres años hasta 2020”.
Y si bien no se pudo constatar la progresión en el desminado porque las visitas in situ fueron previas al encuentro (que comenzó el 28 de noviembre y la delegación boliviana arribó a Santiago de Chile justo para esa fecha porque así lo especificaba la invitación), Ferreira dijo que el Ejecutivo analizará la posibilidad de solicitar una nueva inspección.
“La constatación se la ha hecho en ese recorrido y lamentablemente no se pudo estar, pero no creo que haya inconvenientes (para volver a realizar una visita). En este tema hay una fluida información y creo que se podría solicitar. Lo vamos a consultar, si fuera necesario; eso requiere tiempo y planificación”.
En el encuentro bilateral con autoridades chilenas, la delegación boliviana también planteó que la comisión de observadores de la propia Convención de Ottawa verifique el desminado, lo que, según Ferreira, fue admitido por Chile. Pero además se pidió que Bolivia pueda ser parte de esa fiscalización, no solo para certificar ese trabajo sino para contar con información que luego sea transmitida a los habitantes de esas regiones fronterizas, a fin de que conozcan dónde todavía hay riesgo.
Previo al encuentro en Santiago, el Gobierno boliviano había expresado desconfianza respecto a la posibilidad de que Chile pida una nueva ampliación, tal como había acontecido en 2011. “Nuestro temor era que se vaya a querer todavía, sobre el plazo incumplido, plantear una nueva prórroga, y tenía nuestra delegación instructivas muy precisas de oponerse a esa situación e incluso de retirarse de la reunión si fuera necesario, pero no, no ha sido así, Chile ha informado sobre el proceso de desminado efectivo del 70% en la frontera con Bolivia y hay un remanente del 30% que se ha comprometido a honrar hasta 2020”, dijo Ferreira.
El avance es notorio, pues hasta diciembre de 2014, según el exministro de Defensa Rubén Saavedra, el desminado en la frontera en el límite común alcanzaba al 25%.
Incumplido el primer plazo, que vencía en marzo de 2012, Ferreira aseguró que existe un rezago de ocho años en el desminado. “No es sencillo, admitimos, de ninguna forma es sencillo, pero nuestro temor, y esa era la preocupación y la línea que tenía nuestra delegación, era que se pretenda un nuevo plazo; entonces, confiamos en que lo que se ha manifestado en este encuentro en Santiago se cumpla”.
En 2011, cuando La Moneda solicitó una prórroga del plazo para el desminado, el avance de esta tarea con Argentina, Perú y Bolivia abarcaba al 25%, pero, según datos entregados por autoridades chilenas, entre ellos el canciller Heraldo Muñoz, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el director de la Comisión Nacional de Desminado de Chile (CNAD), coronel Rodrigo Ventura, hoy el progreso es de más de 70%. Es decir, de las 181.814 minas que ese país declaró poseer al momento de la firma de la Convención de Ottawa, en 1997, fueron destruidas 146.460.
Muñoz precisó, en la apertura de la Convención, que se liberaron 16 millones de metros cuadrados de su territorio. “Este grado de avance nos permite asegurar que el país estará libre de minas antipersonales en 2020, cinco años antes de la meta acordada por los Estados Miembros de la Convención de Ottawa. Lograr la meta de un mundo libre de minas para 2025 no es tarea fácil”.
En su momento, recordó Ferreira, el Gobierno chileno argumentó una serie de factores para pedir la ampliación, entre ellos dificultades operativas, logísticas, de presupuesto, falta de información referencial o el desplazamiento de las minas. Y recordó que a pesar de esos razonamientos, el Ejecutivo boliviano se opuso a esa ampliación, “pero como es un convenio internacional en el que los países asumen posiciones por votación, finalmente lo planteó Chile y se le aprobó, con la oposición y la reserva que hizo Bolivia; hemos cuestionado permanentemente”.
Precisamente, en junio de este año, cuando Chile se aprestaba a presentar su libro Vocación de Paz, el presidente Evo Morales instó al Gobierno de La Moneda a completar el desminado en la frontera. “Para presentar libro de vocación de paz, #Chile tiene que desminar frontera con #Bolivia y cambiar inversión militar por inversión social”, escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.
Ferreira enfatizó en que es evidente la lentitud con la que avanzó Chile, de lo contrario no hubiera solicitado una prórroga en 2011. “Ahora, si eso es un tema de voluntad o no es especular, no podríamos decirlo, objetivamente ha habido un plazo que no se ha cumplido”.
De acuerdo con el informe oficial del Ejecutivo chileno, son tres regiones en la frontera con Bolivia en las que se sembraron minas: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en las que hay un total de nueve comunas. Las zonas donde hay una mayor cantidad de artefactos son Putre, en Arica, y Parinacota y Ollagüe, en Antofagasta. En este último, la destrucción de los explosivos concluyó, por lo que ya tiene certificación. Igual ocurre con Pozo Almonte y Sierra Gorda, donde se destruyó el 100% de las minas. Según esa misma información, no hubo intervención ni en General Lagos ni en Colchane. (Ver el detalle en la infografía).
Y con la finalidad de que ese proceso avance, Ferreira dijo que el Gobierno boliviano tiene interés en coadyuvar con las tareas que lleva adelante Chile. “Hay zonas que están más cerca de Bolivia, a veces es más fácil entrar por territorio boliviano y estamos dispuestos a cooperar, eso es algo que se les manifestó, ver cómo se puede apoyar en el tema logístico, de información, tránsito, para mejorar su trabajo”.
Según el sitio web de la Comisión Nacional de Desminado de Chile, la mayor parte de los explosivos fue sembrada durante la década de los 70 “y obedece a las sucesivas crisis vecinales. Las minas antipersonales, así como las minas antitanques sembradas junto a éstas, obedecían a una estrategia defensiva”. No obstante, en la misma página se menciona que su compromiso de destrucción de esos aparatos, tras la suscripción del Convenio de Ottawa en 1997, refleja el importante avance en las relaciones de este país con sus vecinos.
El ministro Ferreira indicó que el minado fue parte de la geopolítica de la dictadura chilena, que asumió que había un bloque conformado por Perú, Bolivia e incluso Argentina que pretendía atacarlo. “Esa mentalidad de la dictadura fue la que generó la idea de sembrar esas minas para evitar un supuesto ataque, cosa que nunca ha existido porque no ha habido ni hay intenciones de nuestros países, cien por ciento que no, alguna agresión contra nadie”.
En el informe anual ante Naciones Unidas respecto al avance del desminado, ese país explica que “las zonas minadas están ubicadas en áreas fronterizas mayoritariamente de difícil acceso, despobladas, alejadas de centros poblados, siendo lugares por los cuales no existe tránsito regular de civiles”.
Además, dicho informe chileno aclara que no posee minas antipersonales en stock. “Se dio término al Plan de Destrucción de Minas en Stock en agosto de 2003, situación informada el 30 de abril de 2004, en el 3er Informe que Chile presentó a la ONU”. Y complementa que en su momento se destruyeron 300.039 explosivos.
La Convención de Ottawa fue adoptada el 18 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Dicho tratado internacional de desarme prohíbe el uso y fabricación de minas antipersonales y antitanque por el riesgo que representan para la población. Ese acuerdo fue suscrito por 162 países.En la Convención realizada en Santiago, Bolivia dejó en claro su espíritu pacifista establecido en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado y destacó que no es un Estado productor ni almacena este tipo de artefactos ni los sembró.
Según las conclusiones de la Convención, ya son 158 países los que han desminado sus fronteras, pero hay otros 32 en proceso, entre ellos Ecuador, que pidió una prórroga, y Perú. “Hay en este momento una universalización de la Convención porque incluso los que no son países han ido como observadores, como Estados Unidos o China, que han participado”, resaltó Ferreira.
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