Desde el pasado fin de semana, la plaza Murillo amaneció cercada por policías de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP). En las calzadas fueron apostados vehículos antidisturbios. Desde ayer el centro político apareció, además, enmallado y con rejas instaladas en sus cuatro ingresos principales.
Al promediar las 11.30 horas, las personas con discapacidad iniciaron una movilización pacífica por el centro paceño, exigiendo la concesión del bono de 500 bolivianos mensuales. Desde la plaza San Francisco, donde pernoctaron en carpas, después de su llegada a La Paz en el transcurso del día martes, bajaron por la avenida Mariscal Santa Cruz, ascendieron la calle Yanacocha, pasaron la calle Comercio y Ballivián, hasta la Indaburo, esquina Junín .
Sin embargo, al intentar ingresar al centro político del país encontraron el lugar fuertemente resguardado por los agentes antimotines que lo protegen. Luego de aproximadamente unas horas de protesta donde las personas con discapacidad gritaban a voz en cuello, ¡Renta o Muerte!, y realizaban intentos de crucifixión en las rejas, comenzó a ponerse el ambiente tenso.
De repente, la Policía que resguardaba el lugar, en la calles Indaburo y Junín, roció con gas lacrimógeno, en tres oportunidades, a las personas con discapacidad que se apostaron en esa esquina.
TESTIMONIOS
“Los policías nos han llegado a gasificar, muchos compañeros han caído, hemos tenido que auxiliarlos y no hemos podido, nos parece muy injusto que los policías nos hagan esto”, declaró a EL DIARIO Rosa Mita, que participaba de la movilización.
Juan Lima, en silla de ruedas, contó, asimismo, que el rociado del gas fue muy fuerte y se produjo en varias oportunidades. “Nosotros no tenemos cómo valernos por nosotros mismos, hacemos lo que podemos para movernos y hemos sido gasificados, los niños y mujeres que no conocen de esta sustancia estuvieron muy afectados”, concluyó relatando su experiencia personal.
Por su parte, Wilson, un joven que llegó desde Cochabamba cargando la cruz de madera relató: “Nuestra única intención es hacer conocer nuestra demanda, no pensamos nunca que la Policía nos hubiera recibido de esta forma, yo perdí por algunos momentos el conocimiento y me desplomé, pero gracias a Dios me ayudaron”.
AYUDA
Varias Instituciones médicas, al conocer que las personas con discapacidad fueron gasificadas, prestaron atención inmediata a los afectados por los gases, para evitar mayores daños. Algunos fueron remitidos al Hospital de Clínicas y al Instituto de Oftalmología; los menores han sido trasladados al Hospital del Niño, debido a que el gas afectó la respiración y los ojos de los marchistas movilizados. El municipio y el colegio Médico prestaron también atención a los discapacitados asentados en la plaza San Francisco.
MOVILIZACIONES
Luego de una evaluación de lo que pasó la mañana de ayer, el representante de la Confederación de personas con discapacidad de Bolivia, David Cayo, anunció que en la jornada de hoy se alistan otras movilizaciones.
“Nos vamos a organizar y vamos a recorrer las calles para hacer una demostración de apoyo a nuestra demanda”, anunció Cayo.
Señaló que la decisión de poner rejas a la ¨plaza Murillo “merece hacerse conocer mediante un manifestó internacional a las organización mundial de las personas con discapacidad. ¿Cómo nos pueden poner barreras? Eso es inaudito para nosotros”, dijo.
El dirigente informó que los miembros de la caravana decidieron continuar con su lucha hasta conseguir el bono de 500 bolivianos mensuales que exigen al Gobierno, a pesar de que las autoridades reiteraron que no atenderán este pedido por su costo global elevado.
RESGUARDO PLAZA MURILLO
En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró y aseguró que las rejas que fueron colocadas alrededor de la plaza Murillo, centro del poder político del país, fueron para evitar “agresiones” entre las personas con discapacidad que luchan por su reivindicación y los policías que tienen la función de precautelar la seguridad de la población.
“Estas rejas protegen a las personas con discapacidad y a los policías, para que no haya contacto físico que derive en agresiones”, dijo en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno.
La autoridad cuestionó que la dirigencia de las personas con discapacidad haya planteado “muerte o reivindicación”, lo que significa –dijo– cerrar todas las posibilidades de una solución concertada, lo que es “errático”.
DETIENEN A PERIODISTA
Durante la situación de emergencia de ayer, el periodista Jesús Alanoca, que dijo pertenecer a un diario de Santa Cruz, fue detenido por efectivos de la UTOP, cuando ejercía su función como periodista en el desarrollo de la gasificación de la Policía a miembros de la caravana.
El comunicador estaba transmitiendo en vivo, a través de la aplicación Periscope lo que pasaba en la plaza Murillo, cuando fue abordado por tres efectivos, que con empujones intentaron amedrentarlo, para luego exigirle que eliminara las imágenes que había registrado en sus equipos de grabación.
INFILTRADOS
Por la tarde, el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, denunció la presencia de infiltrados entre las personas con discapacidad que intentaron ingresar a la plaza Murillo. Negó la utilización de gases lacrimógenos contra esas personas.
“Queremos desmentir esas versiones antojadizas en sentido de que se haya agredido a los discapacitados, en ningún momento, ningún ciudadano con capacidades distintas, ha sido agredido por algún funcionario de la Policía. Lo que ha sucedido frente a la agresión de estos sujetos encapuchados es que los policías han lanzado un pequeño rocío de agentes químicos, no a los discapacitados, sino a estos tres sujetos claramente señalados en el video”, explicó en conferencia de prensa.
El Viceministro de Régimen Interior adelantó que la Fiscalía investigará a esas personas encapuchados que intentaron agredir a los policías con instrumentos de fierro y que no tienen nada que ver con la protesta de las personas con discapacidad.
PROPONEN FONDO ECONÓMICO COMÚN PARA SUBVENCIONAR BONO
El director del Instituto Nacional de Oftalmología, INO, Joel Moya, sugirió a las autoridades la creación de fondo económico común con recursos de todos los entes sociales de la sociedad, con la finalidad de favorecer la rehabilitación de las personas con discapacidad.
A criterio del doctor Moya, la propuesta debería ser plasmada en una ley, con el objetivo de que todos los actores de la sociedad puedan aportar para lograr una fuente de distribución igualitaria. Se debería imponer impuesto a todas las instituciones generadoras de riesgo que se traducen en discapacidad.
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