El director del INRA, Jorge Gómez, informó ayer que el exjugador de fútbol Eduardo Jiguchi, amigo del presidente Evo Morales, pagó 10 mil bolivianos por 50 hectáreas de tierras fiscales que se adjudicó en Pailón, Santa Cruz. Sobre los otros exjugadores, Leo Fernández y Berthy Suárez, dijo que no calificaron en el proceso administrativo.
Jiguchi “hizo el pago respectivo de los 10 mil bolivianos dentro de los plazos previstos, pero todavía no se ha titulado” la tierra que se adjudicó porque el proceso aún no concluyó, aseguró Gómez.
Sobre Fernández y Suárez dijo que “ellos al final del procedimiento no hicieron el pago a tiempo y si uno no paga a tiempo, nosotros tenemos la obligación de aplicar la normativa y se deja sin efecto el proceso de adjudicación y (esas tierras) siguen manteniéndose para el Estado”, explicó.
Esta aclaración del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) surge después de que el senador Arturo Murillo denunciara un presunto intento de adjudicación irregular a favor de los tres exjugadores mencionados, todos ellos cercanos al presidente Evo Morales.
Fernández dijo ayer a la red Unitel que él no se adjudicó tierras fiscales y que podría seguir un proceso por calumnias a Murillo. En tanto que Jiguchi reconoció la adjudicación, también entrevistado por Unitel, pero dijo que quería que le devolvieran su dinero porque el lugar no tenía camino, hay que abrir senda, y tampoco tendría otros servicios básicos.
Sin embargo, Gómez ratificó que el proceso, que se inició en 2014, estuvo en el marco de la Ley 1715, que permite la adjudicación de tierras “a favor de personas individuales o colectivas”. En el marco de esa norma es que Jiguchi y otras personas fueron beneficiadas.
Sobre la legislación, Murillo citó una disposición transitoria de la Ley 3545, relacionada a la Ley 1715, que establece que solamente pueblos y comunidades indígenas puede recibir, en dotación, tierras fiscales.
Al respecto, Gómez explicó que en este caso se hizo el procedimiento “por la modalidad de adjudicación y no de dotación”.
“Según la Ley 1715 (pueden adjudicarse tierras) como dotación a favor de comunidades indígenas, campesinas, interculturales- o como adjudicación -a favor de personas individuales o colectivas- y es esta última figura la que se aplica en este caso”, explica un comunicado emitido ayer por la dirección del INRA.
Fuentes especializadas señalaron que lo que ocurre en este caso es una contradicción normativa, ya que mientras la Ley 1715 permite la adjudicación de tierras a individuos, la 3545 sólo prevé dotación a pueblos indígenas y comunidades campesinas.
INRA DICE QUE PROCESO FUE PÚBLICO
El INRA señala que para la adjudicación se publicó un edicto en un periódico el 5 de enero de 2015 y en radios comunitarias para que cualquier persona presente su solicitud de adjudicación de tierras fiscales en aplicación a lo previsto en el artículo 138 del Decreto Supremo 29215.
Al final del proceso de adjudicación abierta y pública, algunos de los interesados no calificaron para adjudicarse los predios por diferentes motivos, entre ellos el no pago del monto establecido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para acceder a las tierras.
Fuentes del INRA aseguran que esa entidad desconoce el monto ofrecido por el exfutbolista Eduardo Jiguchi por esas 50 hectáreas y que esa información debe darla a conocer la ABT. Entonces, “el INRA no ofrece a título personal ni institucional de tierras ya que ésta es una adjudicación abiertamente pública”, resalta una nota del INRA citada por ANF.
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