Desde que se consultó a la ciudadanía por primera vez sobre las autonomías en julio de 2006, el país invirtió en ése y en tres procesos de consulta ciudadana varios millones de bolivianos. El último referendo -celebrado el 20 de septiembre del año pasado- tuvo un costo de más de 51 millones de bolivianos y estuvo orientado a definir la aprobación o no de cartas orgánicas municipales y estatutos orgánicos departamentales en cinco regiones.
Con la cifra preliminar de 153 millones de bolivianos, anunciada para la consulta de reforma constitucional del 21 de febrero, el monto para este tipo de actividades superará los 400 millones.
Como resultado de estos procesos de referendo, las y los bolivianos adoptaron distintas decisiones a lo largo de estos años. En más de una ocasión, los escenarios de la polémica ganaron la palestra, pero ello no mermó las acciones decididas.
Se aprobó una nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, se revocó y ratificó a gobernadores -otrora prefectos-, se ratificó en el cargo al presidente Evo Morales, se optó por la aprobación/rechazo de estatutos autonómicos (departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro ), de cartas orgánicas (municipios de Cocapata, Huanuni y Tacopaya) y de dos autonomías indígenas (Charagua y Totora Marka).
El referendo de febrero es para consultar a la población si decide o no modificar el artículo 168 de la CPE, que señala que los dos primeros mandatarios del país, presidente y vicepresidente, pueden ser reelegidos sólo por una vez de manera consecutiva.
Según un recuento realizado por este medio, el detalle de las consultas y sus respectivos costos es el siguiente: 1. referendo autonómico y elección de constituyentes 2006, 49 millones de bolivianos; 2. referendo revocatorio de 2008, 69.878.435 bolivianos; 3. referendo sobre la CPE de 2009, 78.977.701 bolivianos; 4. referendo de estatutos y cartas orgánicas de 2015, 51.156.818 bolivianos, y el preliminar de la próxima consulta de febrero es de 153 millones de bolivianos (empadronamiento, impresión de boletas de sufragio, campaña de información, contratación de notarios electorales y capacitación de jurados).
Para el analista Carlos Börth, el hecho de que hasta el último referendo se haya gastado el monto de recursos referido, no es un motivo para alarmarse "más allá de lo recomendable”. A su vez, considera que cualquier dinero destinado a este tipo de procesos está enmarcado en la normalidad.
"Cuando uno piensa en los montos de dinero fríamente, uno concluye que ese dinero podría utilizarse mejor en otras cosas. Sin embargo, hay que introducir otra variable; las prácticas democráticas, la consulta a la población, profundizar la democracia, tienen costos y el país está pagando esos costos, está comenzando a cubrirlos”, refiere.
En criterio del diputado oficialista Manuel Canelas, secretario del Comité de Democracia y Sistema Electoral, para cumplir las normas, en la mayoría de los casos, "pueden ser necesarios” los presupuestos, es decir, el erogar recursos.
"En el caso de los referendos, (el presupuesto) lo tienen que establecer los órganos competentes. El Tribunal Supremo Electoral tendrá sus procedimientos y patrones para establecer sus necesidades presupuestarias, al igual que el Ministerio de Economía, y me parece una cuestión dentro de la lógica normal del cumplimiento de las normas”, afirma.
Börth explica que este tipo de procesos -con los costos que implican- deben servir a la sociedad para tener un "criterio selectivo” de lo que realmente merece ser consultado. "A estas alturas, plantear si se pudo prescindir (de alguno de los referendos) no pasa de ser una especulación, lo cierto es que se dieron así, se tuvieron que enfrentar esos costos y ya”, aclara.
Próximo referendo
La primera vez que se tocó el tema de la reelección fue luego de que Evo Morales salió victorioso del revocatorio de 2008. De esa manera su segundo periodo al mando de Bolivia se instauró con la nueva CPE, lo cual -a interpretación del mismo Morales y de sus colaboradores- lo convertía en su primer mandato.
Dicha situación le permitió postularse nuevamente -la CPE permite sólo una reelección de manera continua- y ganar las elecciones de octubre de 2014 para quedarse en el poder hasta 2019. Ahora, lo que se preguntará es si se modifica o no el artículo 168 de la Constitución para permitir una nueva reelección.
Referendo autonómico 2006
El referendo autonómico se desarrolló en paralelo a la elección de representantes para la Asamblea Constituyente, la cual se instalaría el 6 de agosto de ese año. Para tal efecto, fueron destinados 49 millones de bolivianos. La consulta ciudadana se efectuó el 2 de julio de 2006.
En aquella ocasión -en lo relacionado a las autonomías-, cuatro departamentos se inclinaron por el Sí (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), mientras que los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca optaron por el No.
El revocatorio de 2008
Este referendo -celebrado el 10 de agosto de 2008- se constituyó en el segundo desde que el Movimiento Al Socialismo tomó las riendas del país. Para esta cita democrática se erogaron 69.878.435 bolivianos. De este proceso salió victorioso el presidente Evo Morales, que obtuvo la ratificación en el cargo.
Al igual que el mandatario, los nueve prefectos -cargo que hoy se denomina Gobernador- de los departamentos se sometieron al examen popular; fueron ratificados los de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Potosí, no así los demás.
La Constitución Política de 2009
Para el referendo que aprobaría la Constitución Política del Estado se destinaron 78.977.701 bolivianos. El acto electoral se desarrolló el 29 de enero de 2009, luego de que por casi tres años la Asamblea Constituyente deliberara y redactara el nuevo texto constitucional. La norma máxima fue promulgada el 7 de febrero de 2009.
La Constitución boliviana tuvo al menos 18 reformas generales desde que fue concebida en 1826 hasta 2009. El próximo 21 de febrero se someterá a una nueva consulta de modificación.
Estatutos y cartas orgánicas 2015
El último proceso en el que se definió algo mediante referendo en el país fue el 20 de septiembre de 2015. Para el referendo de estatutos departamentales, cartas orgánicas municipales y de autonomías indígenas se destinaron 51.156.818 bolivianos.
Los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro votaron por sus estatutos, mientras que los municipios de Cocapata, Huanuni y Tacopaya decidieron sobre sus cartas orgánicas municipales; y Charagua y Totora Marka votaron para convertirse o no en autonomías indígenas.
Consulta sobre el artículo 168
El monto preliminar previsto para el referendo del 21 de febrero es de 153 millones de bolivianos. En esa fecha la ciudadanía decidirá si quiere que se modifique el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para así poder habilitar al presidente Evo Morales a una nueva repostulación de cara a las elecciones nacionales de 2019. Ello debido a que el actual artículo sólo permite una reelección consecutiva.
Desde la consulta de 2006, Bolivia ha invertido en estos cinco referendos alrededor de 400 millones de bolivianos.
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