El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que desactivó el 67 por ciento de 32.059 minas antipersonales que se encuentran en la frontera con Bolivia, es decir, que aún existen 9.722 explosivos activos en la frontera y que las mismas serán desactivadas recién hasta 2020 por la ampliación del plazo que obtuvo en 2011. Esa fue la respuesta que emitió la Cancillería del vecino país al pedido del Gobierno boliviano que denunció el incumplimiento del Tratado de Ottawa.
Mediante un comunicado, la Cancillería chilena rechazó el pedido boliviano bajo el sustento de que tiene aún un plazo a su favor para desactivar las minas antipersonales.
“El Gobierno de Chile rechaza terminantemente las declaraciones del Ministro de Defensa de Bolivia, relativas a la Convención sobre la prohibición del empleo, producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersonal y su destrucción (también conocida como Convención de Ottawa)”, dice el comunicado oficial.
“A la fecha, Chile destruyó completamente sus existencias de minas antipersonal y ha retirado el 69,67 por ciento de las 32.059 minas antipersonal sembradas en la zona fronteriza con Bolivia, proceso que se inició en 2005”, agrega el comunicado que destaca a continuación que este trabajo se desarrolló en cooperación con las autoridades de ambos países, incluyendo reuniones entre sus ministros de Defensa entre 2005 y 2011.
El informe reveló además que Chile sembró un total de 181.814 minas antipersonal que fueran sembradas en su territorio y que de esa cantidad ha removido y destruido 123.263, equivalentes a un 67 por ciento del total, despejando 16,5 millones de metros cuadrados de terreno.
Asimismo, indica que en cumplimiento de sus obligaciones de asistencia bajo la Convención, Chile ha entrenado “desminadores” de varios países latinoamericanos, incluyendo efectivos bolivianos.
AMPLIACIÓN
Según los datos de la Cancillería de Chile, su gobierno pidió en abril de 2011 la extensión del plazo inicial de diez años para el desminado, invocación basada en el artículo cinco de la Convención de Ottawa.
Chile argumenta que el trabajo de desminado se realiza “bajo difíciles condiciones geográficas y climáticas que imponen un ritmo coherente con las medidas de seguridad que deben rodear el peligroso trabajo de los desminadores”.
En ese marco, la Décima Reunión de los Estados Partes extendió el plazo por diez años para finalizar el desminado hasta el 1 de marzo de 2020, fecha en que los 9.722 explosivos deben desaparecer.
COMPROMISO
Asimismo, se dio a conocer que, tras una decisión unánime de los Estados Parte, Chile asumirá en enero próximo la Presidencia de la Convención de Ottawa, hecho que constituye, según su Cancillería en un compromiso con el Derecho Internacional Humanitario y la política de desarme. Como resultado, la COP15 de la Convención se celebrará en Chile en noviembre de 2016.
Un informe que Chile entregó a principios de 2014 al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU),Ban Ki-Moon, señala que un total de 64.402 minas todavía estaban enterradas en sus fronteras a diciembre de 2013, lo que representaría que sólo fueron desactivados 25% del total.
Las minas fueron sembradas en los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), durante momentos de tensión con Argentina, Bolivia y Perú. El Gobierno boliviano reiteró su preocupación por la presencia de las minas que provocan inseguridad en la región andina fronteriza, donde los habitantes han perdido a sus animales o fueron víctimas.
OBJETIVO
Según la Comisión Nacional de Desminado de Chile, la existencia de zonas minadas es parte de la política de defensa de su territorio desde un punto de vista militar que “es internacionalmente aceptado que las minas antipersonal son armas defensivas, no ofensivas”.
“Su empleo táctico está destinado a obstaculizar el avance de una fuerza adversaria, ampliando los márgenes de tiempo para optimizar la respuesta. El sembrado de minas también se emplea para forzar el desplazamiento adversario por determinados espacios, clausurando otros. Estos usos suponen la colocación señalizada y demarcada de minas antipersonal”.
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