22 abril 2015

EL GOBIERNO NIEGA PERSECUCIÓN A UN OFICIAL DEL EJÉRCITO

El ministro de Gobierno Hugo Moldiz negó, ayer, que haya una pesecusión política en contra del coronel de Ejército Germán Cardona López, que el lunes viajó a España para solicitar refugió

Cardona López reveló el lunes que las armas que presentó el Gobierno para sustentar sus acusaciones en el caso Rózsa fueron presuntamente retiradas de la Octava División de Ejército.

El militar dijo en Santa Cruz que entregó un informe clasificado de “ultra secreto” en el que implica a dos ministros de Estado, un Viceministro y una autoridad de primer nivel de la Asamblea Legislativa.

El oficial reveló, también, que esas armas eran pruebas de diferentes procesos judiciales por tráfico de armas y narcotráfico.

Este hecho que fue calificado como de “locura política” por el ministro de Gobierno, dijo que lo único que busca es volver a paralizar el proceso separatista que se gestó en Santa Cruz y que involucra a autoridades judiciales.

"Hay personas con una gran imaginación pero por detrás esconden una agenda política, todo lo que dice este señor es absolutamente falso. Tendría que aportar pruebas de que ha sido objeto de una persecución política".

Cuatro demandas. Moldiz afirmó que antes de salir del país, Cardona López presentó cuatro demandas en menos de dos días ante la justicia contra militares, exautoridades, incluido el propio ministro Moldiz, pero que no puede, ahora, sustentar porque se autoexilió bajo el argumento de que es un perseguido político.

“Él considera ser víctima de persecución política por haber dejado un informe 'ultra secreto' al Comando General del Ejército, donde indica que se retiró armamento de la Octava División por personas vinculadas al Gobierno, que se mostró en 2009. ¿Por qué no se quedó en el país para seguir aportando más evidencia?”. Se preguntó.

Hugo Moldiz calificó estas denuncias de "dardos" que se lanzan en demostración de que se trata de reaccionar de una manera desesperada ante el avance del juicio, que ya tiene cuatro sentenciados.

El caso Rózsa se investiga desde abril de 2009, después de que la Policía desarticuló un grupo irregular en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que era dirigido por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Eduardo Rózsa dirigía una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones separatistas destinadas a desestabilizar al Gobierno del presidente Evo Morales, que se inició con un atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en Santa Cruz.


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