Transparencia accede sólo a 13 de 40 informes públicos el 2014

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en Tarija fue invitado a participar en 21 audiencias públicas parciales, específicas y finales de rendición de cuentas durante la gestión 2014, que constituyen sólo a 13 empresas, instituciones y entidades.

De acuerdo al representante en Tarija de este Ministerio, Horacio Balcázar, las instituciones y entidades que realizaron estos informes cumpliendo con la normativa fueron: la Caja de Salud de Caminos, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud, Caja de Salud Cordes, además del Gobierno Municipal Autónomo de Padcaya y el Gobierno Municipal de Tarija.
Complementan la lista, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), Banco Central de Bolivia (BCB), Seguro Social Universitario (SSU), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo.
Sin embargo, aclaró que algunas de esas entidades u organizaciones enviaron directamente sus informes al Ministerio de Transparencia en la sede de gobierno.
Explicó que la Ley 341 de Participación y Control Social, manda que los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas del Estado Plurinacional, realicen rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, ante la sociedad en general y ante los actores que ejercen control social.
La rendición pública de cuentas se debería realizar al menos dos veces al año, de manera semestral, en forma clara y comprensible presentada en acto público ampliamente convocado para el efecto, con participación de la población interesada y la sociedad civil organizada, sin embargo no se regularon sanciones por el incumplimiento, añadió.
En Tarija, la Gobernación, 11 municipios provinciales y ejecutivos seccionales, además de 5 representaciones ministeriales, cerca de 20 empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas que administran recursos fiscales y naturales del Estado, como la Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, Justicia, entre otras, están en el marco de esa normativa.
Para el ex ejecutivo seccional de Cercado, Alfonso Lema, la ley de control social determina la creación de instrumentos normativos departamentales y municipales, que en Tarija aún no se constituyeron.
Recordó que en años pasados sugirió al directorio de la Asamblea Legislativa Departamental la necesidad de trabajar en una reglamentación de vigilancia social y participación ciudadana que permita que el control no esté sujeto a la buena o mala voluntad de las autoridades, empero lamentó que esto no fue tomado en cuenta.
Asegura que una ley podría normar plazos y procedimientos, dentro del principio de transparencia de gestión.
Entre tanto, el dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Juan Reynaga, asegura que la entidad vecinal es parte activa del control social de organizaciones públicas e instituciones gubernamentales, como establecen las normativas, participando de las rendiciones públicas de cuentas.
Dijo que en aplicación de la Ley 341, la Gobernación y el Municipio de Tarija, entre otras entidades públicas, efectúan informes a solicitud de organizaciones sociales, independientemente de los informes anuales.

Ley de Participación y Control Social sin reglamento

En el marco de la Ley 341 aprobada en febrero de 2013, los Órganos del Estado, además de empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, mixtas y privadas que presten servicios públicos o administren recursos fiscales, deberán en 90 días reglamentar la forma de procesar y dar cumplimiento a los informes de carácter vinculante emitidos por los actores de la Participación y Control Social, disposición que en Tarija no se cumple.