Poco y nada sirvió el haber allanado el camino para aprobar una nueva reelección del presidente Evo Morales, pues ahora las magistradas Ligia Velásquez y Soraide Chanez, están siendo procesadas.
Chanez se excusó durante la votación en la que se consideró la legalidad de la reelección presidencial, mientras que Velásquez votó a favor. Ahora ambas enfrentarán un juicio de responsabilidades impulsado por la mayoría oficialista en el Legislativo.
Las autoridades judiciales cuestionadas son procesadas bajo los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, debido a la emisión de un Auto Constitucional que obligó la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.
Aunque para las aludidas y para la oposición, la determinación del oficialismo responde a otros fines políticos.
Polémica. Para el candidato a la vicepresidencia por Unidad Demócrata (UD), Ernesto Suárez, la acción del Gobierno radica en la importancia que tienen de manera temporal sus funcionarios.
"El Gobierno se ha dado cuenta que esas ya no le sirven y por eso las hacen a un lado, no es la primera vez que pasa. Se está politizando a la justicia", dijo.
El diputado opositor Alex Orozco dice que se está cometiendo una nueva "aberración".
"Es la segunda aberración más grande desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la justicia, la primera fue elegir autoridades judiciales del tribunal con consigna política, militancia política del Movimiento Al Socialismo", dijo.
Sin embargo, para la actual diputada de oposición y vocera del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jessica Echeverría, el enjuiciamiento de las magistradas tiene la intención de eliminarlas del camino para viabilizar la reelección indefinida de Morales.
"Ellos quieren el regreso de Ruddy Flores, quien ha sido tan cuestionado por su parcialidad con el partido de Gobierno. Este Gobierno utiliza el parlamento para manejar la justicia", manifestó Echeverría.
Posiciones. Como respuesta a las acusaciones y declaraciones por parte de la oposición, el vicepresidente Álvaro García Linera negó que tal acción tenga afanes políticos.
Calificó como una "aberración" la decisión de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chanez, de dejar en suspenso la Ley del Notariado Plurinacional. "Esto ha tenido que suceder, ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada desde cualquier ámbito de la justicia. El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la Ley, pero paralizó la Ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza", dijo desde Cochabamba.
Afectadas. Ante esta situación, las afectadas afirman estar enfrentando un juicio político. "Es un proceso político, porque estamos siendo juzgados por una instancia política (…) Se ha quebrantado la institucionalidad y la seguridad jurídica y el estado democrático constitucional de derecho en el cual se basa la Constitución", sostuvo Velásquez.
A su turno, Zoraida Chanez aseguró que presentarán la apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, porque consideran que sus derechos y la independencia de poderes fueron vulnerados.
"Vamos a apelar, esta misma tarde vamos a presentar (la apelación) o a más tardar mañana miércoles. Al suspendernos esto demuestra que se está atentando contra el Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho".
Justicia. Sin embargo, no solo la oposición y las afectadas en este caso se han manifestado en contra de la acción del órgano legislativo, pues también lo hizo el mismo TCP y el Colegio de Abogados.
El presidente del TCP, Efrén Choque, señaló que la decisión de la Cámara de Diputados de iniciar un juicio de responsabilidades contra las magistradas vulnera el Estado de derecho constitucional. "Creo que lo único que han hecho las magistradas es cumplir sus tareas jurisdiccionales. Se ha vulnerado el Estado de derecho constitucional, del Tribunal Constitucional en este caso, porque hacia adelante sentimos que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica", manifestó Choque.
Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados, considera que es un atentado a la independencia de la justicia. "Se está vulnerando el debido proceso de la presunción de inocencia, no se está respetando la institución judicial", puntualizó el jurista.
"Es un proceso político, porque estamos siendo juzgados por una instancia política. Se ha quebrantado la institucionalidad, la seguridad jurídica y el estado democrático constitucional de derecho en el cual se basa la Constitución".
Ligia Velásquez
Magistrada Afectada
"Esto ha tenido que suceder, ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada en el ámbito de la justicia.
El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la Ley, pero paralizó la Ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza".
Álvaro García
Vicepresidente
Reacciones
Sustitutos
Las magistradas suspendidas ya tienen sustitutos.
Juan Oswaldo Valencia Alvarado y Zenón Hugo Bacarreza Morales, son los magistrados que asumirán la titularidad.
Protección
Magistradas afectadas están protegidas por normas internacionales. "¿En qué país se ha visto que los magistrados del Tribunal Constitucional sean procesados por emitir autos y resoluciones?, esto está expresamente determinado en normas internacionales que indican que no se puede procesar por criterios que se puedan emitir en las sentencias”, explicó.
Errores
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo que fue un error elegir mediante voto popular a los magistrados del Órgano Judicial, porque no se han logrado los cambios que esperaba la población boliviana en el sistema judicial.
Vacío jurídico
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, aseguró que el juicio de responsabilidades contra las magistradas suspendidas del TCP, que aprobó el pleno de esa instancia legislativa, es porque generaron un vacío jurídico al emitir un auto constitucional para suspender la Ley del Notariado.
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