Elío: Juicio de responsabilidades contra magistradas se aprobó porque generaron un vacío jurídico

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, aseguró el martes que el juicio de responsabilidades contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez y Ligia Velásquez, que aprobó el pleno de esa instancia legislativa en la víspera, responde a que generaron un vacío jurídico al emitir un auto constitucional para suspender la Ley del Notariado.

"Se dieron el lujo de poder suspender toda la Ley del Notariado, sabiendo que la anterior ley prácticamente ha sido abrogada por la nueva ley, lo que ocurre con eso es que se genera un vacío jurídico en la sociedad y se perjudica al Estado y la sociedad boliviana en su conjunto", explicó y negó una supuesta persecución política.

Sostuvo, en entrevista con la Red Patria Nueva, que las acciones de los notarios "quedaron prácticamente en el limbo" debido a esa "decisión política" del TCP de paralizar la Ley del Notariado.

"En tal sentido, lamentablemente hay un daño grande a la sociedad boliviana, al Estado por parte de esa comisión de admisión del Tribunal Constitucional. Además es inconcebible que el Tribunal dicte resoluciones contrarias a la Constitución", argumentó.

En ese marco, Elío indicó que el Legislativo obró como Ministerio Público y aprobó el proyecto de demanda para iniciar un juicio de responsabilidad a nivel de la Cámara de Senadores y suspender a las magistradas firmantes del auto que paraliza la Ley del Notariado.

Por su parte, la magistrada suspendida del Tribunal Constitucional (TCP), Soraida Chánez, en entrevista con la televisora PAT, consideró que la Ley del Notariado es "utilizada como una excusa", porque -a su juicio- no hay elementos para iniciar un juicio de responsabilidades en su contra.

"Se ha mal informado a la sociedad indicando que a la emisión del auto el Tribunal Constitucional hubiese emitido un fallo, el Tribunal Constitucional en ningún momento ha emitido ningún fallo, simplemente un auto de admisión", dijo.

En esa dirección, sostuvo que es un proceso "forzado y político" porque se pretende tomar el control del Tribunal Constitucional con "sabotaje interno para constitucionalizar algunas normas".

A su turno, Velásquez, en declaraciones a radio Panamericana, calificó de "ilegal" ese juicio porque se vulneró el derecho de defensa que le asiste a las personas sindicadas por un delito.

"Es un procedimiento irregular y vulneratorio de derechos, que se realizó con una celeridad inusitada", afirmó y aseveró que el juicio de responsabilidades era una decisión asumida previamente.