Juez del estado de Florida da 'luz verde' para enjuiciar a Goni en EEUU

La justicia de EEUU se negó a desechar una demanda por presuntas violaciones a los derechos humanos contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzain, acusados de una serie de matanzas extrajudiciales realizadas por militares en 2003 para contrarrestar protestas callejeras. El fallo fue dado por el juez federal James Cohn.

Para tomar su decisión, Cohn consideró que los demandantes pueden seguir adelante con sus reclamos, amparados por la ley de protección a las víctimas de la tortura. Nueve son los demandantes que son familiares de personas muertas por esos hechos de violencia, según publica el portal digital del diario Nuevo Herald.

Tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzain buscaron que la demanda fuera desechada alegando, entre otras cosas, que no existe ningún vínculo del caso con Estados Unidos. Los dos, sin embargo, viven actualmente en este país.

La decisión del juez de la ciudad de Fort Lauderdale, vecina a Miami, implica que las víctimas podrían buscar una compensación económica por parte de los exfuncionarios de su país.

La `guerra del gas’ sucedió en 2003

El caso, que corresponde a dos demandas separadas de 2007 y 2008 que fueron consolidadas, se refiere a una supuesta serie de masacres contra civiles bolivianos durante un período de protestas en ese país en 2003.

Los demandantes son nueve bolivianos que representan a ocho civiles que murieron en ese período, presuntamente tras haber sido asesinados por soldados que estaban bajo el mando de Sánchez de Lozada y su por entonces ministro de Defensa.

Sánchez de Lozada, que fue elegido para un segundo mandato en junio del 2002, enfrentó generalizadas protestas contra su objetivo de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de Chile.

Las protestas comenzaron a comienzos del 2003, pero en lugar de buscar una solución pacífica, los acusados emplazaron en las calles a las fuerzas militares, lo que provocó decenas de muertos y centenares de heridos, de acuerdo con la demanda.

La muerte de 63 manifestantes y más de 400 heridos precipitaron la renuncia de Sánchez de Lozada y su salida precipitada hacia Estados Unidos.

Los gobiernos sucesivos han pedido su extradición para que sea juzgado por esas muertes.