El Movimiento Al Socialismo (MAS) mete las manos al fuego por el vicepresidente Álvaro García. El oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional no aceptará un juicio de responsabilidades contra el dignatario si es que el Ministerio Público decide remitir el proceso que presentó la oposición en contra de la segunda autoridad del país por supuesto uso indebido de influencias.
La posición oficialista contradice el mensaje de la Iglesia, que exige esclarecer todos los casos de corrupción, mientras que el bloque opositor ve complicidad en el partido en función de Gobierno y la Fiscalía analiza la denuncia que supuestamente involucra a una cuñada de García Linera en un contrato entre la firma Air Catering y Boliviana de Aviación (BoA).
El presidente del Senado, Eugenio Rojas, adelantó que el MAS blindará a García y no permitirá un posible juicio en su contra. “El vicepresidente no es responsable (del contrato). Esta acción no cumple los procedimientos para un juicio de responsabilidades”, detalló.
La jefa de bancada del MAS en Diputados, Flora Aguilar, acotó que la bancada masista “no aceptará” un procedimiento jurídico contra García Linera en el pleno camaral. “No hay argumentos para tratar un juicio de responsabilidades con el vicepresidente (...) No existen argumentos válidos”, remarcó.
Se instaló el proceso
Unidad Nacional (UN) presentó en Cochabamba a la Fiscalía una denuncia formal contra el vicepresidente por el supuesto uso indebido de influencias en la firma de un contrato de servicios de refrigerio entre BoA y la empresa Air Catering, de la que es accionaria su cuñada, Silvana del Castillo Tejada. El Ministerio Público analiza el proceso, explicó el fiscal general, Ramiro Guerrero.
En caso de aceptar la denuncia, la Fiscalía puede remitir el proceso a la Asamblea Legislativa, que deberá aprobar o rechazar el inicio de un juicio de responsabilidades.
“No creo que lleguemos a esa instancia, no veo argumentos constitucionales para iniciar un juicio de responsabilidades”, afirmó el senador Julio Salazar, jefe de bancada del MAS.
Estas percepciones son atribuidas como actos de complicidad en el bloque opositor. El diputado Alex Orozco, CN, señaló que “adelantar criterios en un posible juicio y decir que no hay culpables desvela un grado de complicidad”.
El vocero de UN, Arturo Murillo, espera que la Fiscalía actúe con responsabilidad. “Ojalá no haya parcialidad y que se cumpla con la justicia”, dijo.
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo (MAS), consideró que la oposición “arma un show político” para dañar la imagen de García
Presidenta de aduana desmiente corrupción
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, acusó ayer al diputado Ever Moya, del MAS, de ser propietario de una empresa evasora de impuestos, Pacific Still Ltda, y de pretender traficar influencias, al reclamar un camión decomisado en un operativo anticontrabando.
La versión surgió un día después de que Moya denunciara la protección de las autoridades del Ejecutivo en más de 80 presuntos actos de corrupción enviados a la Aduana, entre los que figuran el caso de los 33 camiones con contrabando que implican al ministro Quintana y el tráfico de influencias que goza la empresa Toyosa para importar autos.
Ardaya negó que Moya hubiera presentado 80 denuncias de corrupción y afirmó que solo fueron cursadas cinco, pero sin respaldo legal. /ABI
ANÁLISIS
Es difícil que se apruebe el juicio
William Bascopé - Abogado
Una posible instauración de un juicio de responsabilidades tiene que ver con pruebas contundentes para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe con dos tercios y permita la licencia para hacer un juicio contra el vicepresidente Álvaro García Linera. Si fuese así el caso, el proceso sería dilucidado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, para hacer ese requerimiento la Fiscalía General del Estado debe iniciar las investigaciones. Más allá de la denuncia de un supuesto tráfico de influencias en el contrato, habrá que ver si existen otras pruebas más, ya que existen contradicciones respecto a las declaraciones del vicepresidente, puesto que primero dijo que el contrato se dio por licitación y luego se notificó que fue por invitación directa. Tal vez solo por esa contradicción el vicepresidente habría ingresado a un posible indicio.
El juicio de responsabilidades en esencia es un juicio político, puesto que la Asamblea autoriza si hay indicios suficientes para autorizarlo. En ese sentido, es muy escasamente probable que se lleve un juicio de responsabilidades contra el vicepresidente por los dos tercios con los que cuenta el MAS en el Legislativo. En otra coyuntura puede ser reactivado el juicio
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